La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) procedió a la suspensión temporal por tres días de las actividades de dos locales comerciales del rubro “comerciales-distribuidoras”, ubicadas en la ciudad de Mariano Roque Alonso y Carapeguá. Las mismas no contaban con comprobantes de ventas y compras.
Desde la administración tributaria mencionaron que las suspensiones fueron solicitadas en base al resultado de los procedimientos de compra simulada, llevados a cabo por funcionarios del Departamento Jeroviaha, debido a que se comprobó que los establecimientos afectados por la medida no expedían comprobantes.
Mencionaron que las investigaciones tuvieron origen en la denuncia de terceros, donde a través de medios habilitados, denunciaron la no entrega de comprobantes de venta y la presunta posesión de mercaderías sin el debido respaldo documental.
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Indicaron que a la par de las medidas aplicadas actualmente, llevarán adelante una fiscalización puntual a los contribuyentes notificando las órdenes de fiscalización, a fin de determinar la existencia o no de impuestos dejados de ingresar, teniendo así que, de detectarse inconsistencias, aplicar a los contribuyentes una multa por defraudación que podría llegar a los 300% del monto evadido.
Así también, desde Tributación informaron que otorgarán un reconocimiento a aquellos locales que cumplen con la obligación de expedir comprobantes de venta durante las intervenciones las cuales seguirán ejecutándose en todo el territorio nacional.
Por otro lado, desde la institución añadieron que quienes deseen realizar denuncias sobre hechos similares, pueden hacerlo directamente a través de la página de la SET en la sección de denuncias. Señalaron que el acompañamiento de la ciudadanía a través de las denuncias podría ayudar a seguir mitigando el impacto de la evasión en las recaudaciones fiscales.
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Productores de Caaguazú observaron control anticontrabando en Aduana de CDE
Ciudad del este. Agencia Regional.
Un grupo de aproximadamente 30 productores hortícolas se instalaron en la zona aduanera de Ciudad del Este, desde las 2:00 de hoy sábado, con la finalidad de controlar el trabajo de los funcionarios aduaneros en el combate al contrabando de procedencia brasileña. Estuvieron hasta las 10:00 y luego se retiraron.
Silvio Riveros Núñez, dirigente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de Caaguazú, sostuvo que “el contrabando sigue vigente” y es el primer problema que tienen para la venta de sus producciones. Sostuvo que “la zona fronteriza de Ciudad del Este, es una de esas bocas de ingreso ilegal”.
Indicó que por eso llegaron hoy a la zona primaria de control para observar de cerca el trabajo de fiscalización y ver de qué manera se está haciendo el control para impedir el ingreso de los productos de contrabando. Informó que se decomisaron más de mil kilos esta mañana, entre tomates, papas, cebollas y otros.
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Por su parte, el administrador de Aduana de Ciudad del Este, Alcides Brizuela, dijo a La Nación/Nación Media que no es la primera vez que los productores se acercan a ver el control aduanero en la zona primaria y que miles de kilos son decomisados en el paso por el Puente de la Amistad. Rechazó que ese lugar sea el foco principal de contrabando, como reclaman los productores.
Los funcionarios aduaneros a cargo del turno de control de hoy son el subadministrador Diego Zorrilla y Víctor Ortiz, subjefe de resguardo. Dijo que “el trabajo de hoy fue el mismo que habitualmente se hace en la zona primaria, no fue un operativo distinto” y que los productores acompañaron el control.
El lunes próximo se prevé una reunión en la Aduana de Ciudad del Este entre representantes de productores y los administradores del ente estatal, según confirmaron. Comerciantes del Mercado de Abasto asistirían a la misma.
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Mario Abdo y su entorno siguen evadiendo a la Justicia
Unidad de Investigación Nación Media
El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.
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Giuzzio, el último beneficiado
El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.
Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.
El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.
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Lo que dice la carpeta fiscal
Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
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La única condenada… hasta ahora
Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
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Otro amigo de narcos
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.
En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
Abdo, Arregui, Fernández, Giuzzio y Espínola
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.
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CGR podría auditar fideicomiso y colocación de dinero de IPS en bonos, a pedido de CBI
El contralor Camilo Benítez fue convocado por la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado para responder que la institución no realizó control alguno sobre la fiscalización al fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), ni sobre la compra de bonos de un banco de plaza, que dicha comisión está investigando.
No obstante, al término de la reunión explicó que si la CBI realiza algún pedido especial, la CGR podría iniciar una auditoría sobre estos casos, la cual podría durar entre 45 a 60 días, siempre y cuando la institución facilite las informaciones requeridas.
La CBI está indagando el operativo de fideicomiso del IPS a un banco de plaza que involucró unos G. 828.000 millones para un total de cuatro obras puntuales, entre las que no se observan edificios para hospitales públicos, ni tampoco se devolvió el dinero.
“Nosotros nunca hemos realizado ninguna actividad de control sobre dicho fideicomiso. Lo que sí hacíamos referencia, por más que no nos habían consultado, son las verificaciones de los depósitos de ahorros, que sí hicimos auditoría y del cual forma parte del informe del año 2019-2020. Además, nos consultaron si se hicieron fiscalizaciones sobre los bonos que ahora tomó conocimiento público, y la respuesta es que no”, explicó.
Agregó que las conclusiones a las que llegaron durante el debate en la CBI es que si la Contraloría podría hacer estas verificaciones tanto en el caso del fideicomiso, como también sobre la colocación del dinero del IPS en bonos en un banco de plaza, y que ahora mismo está siendo parte de las noticias de la prensa.
“La respuesta a esto fue que sí, sobre todo si hay un pedido especial de la comisión, nosotros podríamos analizar. La sugerencia de una auditoría por un periodo de 10 años, fue de mi parte. De tal modo se pueda verificar los criterios que han tenido en la Previsional para hacer estos depósitos, sería interesante hacerlo de los últimos 10 años, para entender cuál es el standar o criterio que toma el IPS para que opte por una entidad u otra, o bien opte por una inversión de mayor o menor riesgo”, mencionó.
Benítez indicó que la Contraloría podría hacer una fiscalización especial para evaluar todos los extremos. Acotó que la CGR también realiza estas fiscalizaciones de oficio en un 90 %, ya que forma parte de una estrategia institucional, que le llamamos PGA (Plan General de Auditoría). No obstante, explicó que el PGA que ya está vigente, no contempla esta actividad de control.
“Podríamos hacerlas de oficio, pero no está dentro del PGA como prioridad institucional la verificación de esto. Nosotros salimos el año pasado con una auditoría muy emblemática del IPS; creemos que no es prudente auditar todos los años la misma entidad. Ahora si hay un pedido institucional oficial del Congreso, claramente vamos a hacer el trabajo que nos solicitan”, comentó.
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Brasil: X debe pagar USD 1,8 millones de multa
Un juez de la corte suprema de Brasil negó ayer viernes un levantamiento inmediato de la suspensión a la red social X en el país y condicionó la reactivación de la plataforma al pago de una multa por 1,8 millones de dólares. En la decisión, el magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, señaló que “para que X Brasil vuelva inmediatamente a sus actividades” en el país debe pagar una multa de 10 millones de reales (1,8 millones de dólares).
Según el juez, la plataforma propiedad del magnate Elon Musk será penada por incumplir durante dos días sus órdenes de suspender el uso de un servidor que le permitió eludir temporalmente la semana pasada el bloqueo. Moraes también condicionó el regreso de X a que su representante legal en Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova, pague una multa por 300.000 reales (unos 55.000 dólares).
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El antiguo Twitter está suspendido en el país más poblado de América Latina desde el 31 de agosto por orden de Moraes, que lo acusó de incumplir órdenes judiciales que le exigían retirar cuentas acusadas de desinformar y nombrar un representante legal en Brasil.
Pero el miércoles pasado la red social volvió a estar ampliamente accesible en Brasil gracias a una maniobra técnica que le permitió eludir el bloqueo, antes de dejar de funcionar de nuevo al día siguiente, tras acatar una orden de la justicia. Desde entonces, la empresa comenzó a cumplir los pedidos de la justicia brasileña para volver a funcionar, como nombrar una representante legal en Brasil.
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El jueves, afirmando ya haber cumplido con todas las exigencias judiciales, pidió su restablecimiento en Brasil, donde hasta su suspensión tenía 22 millones de usuarios. En un tuit publicado en su cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales, X dijo estar “dedicado a proteger la libertad de expresión dentro de los límites de la ley” y que respeta “la soberanía de los países” donde opera.
Alexandre de Moraes y Elon Musk sostienen una pulseada en torno a los límites de la libertad de expresión. Tras la suspensión de X, Musk tildó al juez de “dictador malvado”. Moraes, por su parte, acusa a la plataforma de permitir la propagación de información que atenta contra la democracia.
Fuente: AFP.