El incremento de un 4,7% del Presupuesto General de la Nación (PGN) de la Administración Central, aprobado en el Congreso Nacional para este 2023, frente a lo enviado y planteado por el Poder Ejecutivo, que en términos monetarios serían unos US$ 371 millones más, fue analizado por el Observatorio del Gasto Público de Desarrollo en Democracia (Dende), que señala que de no ser equitativos los aumentos con los ingresos no serán ejecutables.
El informe estuvo a cargo del economista Manuel Alarcón e indica que los mayores incrementos se observan en los ítems bienes de consumo e insumos, bienes de cambio, así como en inversiones. En tanto que las partidas rígidas como salarios y transferencias, que serían aproximadamente US$ 76 millones, se instalaron, como todos los años, para quedarse, dijo.
“Deben analizarse entre los ingresos o capacidad reales de financiamiento, pues de lo contrario, de no contar con los ingresos que puedan equipararse con los aumentos, en la práctica no se ejecutarían”, advirtió.
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Gastos desmedidos
Los números analizados guardan relación con los gastos previstos para el presente ejercicio fiscal, conforme a la Ley 7050, que aprueba el PGN 2023, sancionado por el Congreso Nacional y promulgado por el Poder Ejecutivo.
Tanto desde Dende como el Observatorio del Gasto Público había remarcado, ya venían alertando sobre el acelerado ritmo de crecimiento del gasto estatal, al tiempo de transmitir la preocupación sobre el destino de los recursos públicos, además de los incrementos que se aprueban en el Parlamento por encima de la capacidad real de financiamiento del fisco.
Es así que el PGN 2023 refleja una vez más las viejas prácticas de aumentar gastos sin medir la capacidad real del fisco, pues recordemos que el proyecto elevado por el Ejecutivo planteaba US$ 7.557 millones, que con los incrementos aprobados en el Parlamento finalmente quedaron en US$ 7.929 millones.