Las constructoras y vialeras vienen enfrentando los últimos años más complicados debido a las deudas acumuladas por parte del Gobierno, que no pudo saldarlas todas, y ahora deben también lidiar con la escasez de proyectos que puedan seguir sosteniendo al sector.

Al respecto, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, manifestó que por un lado se puede destacar que la fuerte apuesta destinada al rubro de la construcción desde hace unos 10 años o más fortaleció bastante al sector, a más de generar beneficios socioeconómicos al país por la cadena de valor en la generación de mano de obra.

No obstante, el contexto actual es más que preocupante, pues el panorama pareciera retroceder a raíz de que el gran desarrollo experimentado paró, volcándose a un escenario de escasez de proyectos y dejando en zozobra a un segmento que crea fuentes de trabajo, pues hasta el 2021 empleaba a 300.000 personas, pero con la crisis se perdieron aproximadamente 40.000 empleos.

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“Toda la inversión que se hizo en la última década fortaleció muchísimo al sector y por otro lado el beneficio que se generó al país. Hoy en día estamos en una situación preocupante porque eso paró”, expresó Sarubbi a la 650 AM.

Esto se estaría dando debido a la mala gestión presupuestaria que no acompaña la demanda del segmento, a más de la deuda impaga por parte de Gobierno, específicamente proveniente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para con las empresas constructoras vialeras, por lo que no se dan las licitaciones, dijo.

“Hoy es el día que todavía no cumplen con los pagos de las deudas. La solución no es tan sencilla, y estamos con escasa agenda de proyectos”, agregó el representante del sector.

Hay que mencionar que desde el año 2021 la banca local financia los contratos de obras públicas bajo un mecanismo de cesión de deuda, en el cual los contratistas transfieren el derecho a cobrar por certificados de obra a los bancos, a los que la cartera de Obras debe depositar.

En ese sentido, al cierre del 2022 el sector habría llegado a un saldo de US$ 300 millones, pues el Estado solo pagó para ese entonces unos US$ 150 millones, pero las obras siguieron ejecutándose pese a la enorme deuda.

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