Tras la entrada en vigencia del cobro de la tarifa de 1,47 dólares por tonelada para el tramo de la Vía Navegable Troncal (VTN) de la hidrovía Paraná-Paraguay, diversos expertos en el tema se encuentran analizando la situación, teniendo en cuenta que esto implicaría sobrecostos importantes para la economía paraguaya. En ese sentido, el especialista en Derecho Fluvial Eduardo Ammatuna se refirió a varios aspectos conceptuales que forman parte de la coyuntura.
En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que la finalidad principal del Acuerdo de la Hidrovía es hacer eficiente la navegación para permitir a sus miembros el acceso competitivo a los mercados de ultramar y por ello todos los países miembros deberían aceptar la aplicación del peaje para su implementación, los cuales son Brasil, Bolivia y Uruguay, además de Argentina y Paraguay.
“El Acuerdo de la Hidrovía es consistente con su objetivo principal, para lograr que los productos de la región sean competitivos, solo permite que se cobren por los servicios que efectivamente aprovechan los buques. Si no se cumple este requisito respecto a algún costo, todos los países tienen que estar de acuerdo con su aplicación”, comentó.
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Así también, se refirió acerca de dos artículos que regulan específicamente las cuestiones relacionadas al cobro de tributos y costos a los buques que operan en la vía navegable. “El artículo 5 requiere el acuerdo de los países miembros para establecer tributos o costos por la simple navegación de los buques, y el artículo 9 permite a los países signatarios cobrar a los buques tarifas retributivas por servicios efectivamente prestados a los mismos”, dijo. Agregó que este último artículo no requiere consentimiento de los demás países miembros.
Alternativas
Comentó que la documentación es clara. “Si el peaje pretendido no tiene contraprestación directa que represente un beneficio para los buques, en pos de la eficiencia operativa, no corresponde su aplicación unilateral“, sostuvo. Además, expresó que se cuenta con un protocolo que establece la forma de resolver este tipo de situaciones, que desde la perspectiva del Gobierno se prevén varias instancias sucesivas, desde negociaciones directas hasta el arbitraje internacional.
“Por su parte, de cara a los armadores nacionales, habría que consultar a algún profesional argentino si se dan las condiciones para obtener algún amparo u otra medida legal que suspenda la aplicación del peaje”, puntualizó.