Las industrias aceiteras de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) no están en condiciones de afrontar otro factor que incida negativamente en su competitividad tras un 2022 catalogado como el peor año para la agroindustria nacional. Por ello, consideran que la decisión tomada por el Ministerio de Transporte de Argentina de cobrar un peaje en el tramo del Puerto de Santa Fe y la confluencia del río Paraná, de la hidrovía Paraguay-Paraná, implicaría sobrecostos importantes para un porcentaje muy alto de las exportaciones e importaciones.

“No solo para nuestro sector, llevando a la consecuente pérdida de competitividad de nuestros productos y al aumento de los precios internos para los productos importados, generando un doble efecto negativo para la economía nacional y todas las empresas formales del país”, refirió Sandra Noguera, gerente general del gremio, en comunicación con La Nación/Nación Media.

Así también, resaltó que la tarifa va a afectar en mayor medida a las cargas de importación y exportación paraguayas que a las de la región. “No obstante, esperamos que los demás países signatarios del Tratado asuman una posición activa en las negociaciones y levanten la voz reclamando el respeto del Tratado, como lo está haciendo Paraguay”, comentó.

Noguera sostuvo que muchas empresas están preparándose y tomando las providencias necesarias para evitar un impacto muy fuerte. “En caso de que finalmente las empresas tengan que realizar el pago por presión del vecino país para evitar interdicciones de los convoyes, están analizado hacerlo, pero con protesta, a la espera de las medidas cautelares que judicialmente puedan llegar a obtener para evitar el cobro del peaje”, añadió y estimó que como la medida entró en vigencia el pasado 1 de enero, de implementarse, empezarán a sentir sus efectos durante los próximos meses.

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Explicó que esta es una medida unilateral y arbitraria, porque se requiere el previo acuerdo de los países signatarios, y no hubo ni hay ningún servicio efectivamente prestado que deba ser retribuido. “Desde la Cappro esperamos que el Gobierno haga prevalecer el Tratado, realice los reclamos necesarios a nivel diplomático y, si es necesario, que active los mecanismos jurídicos que deben dar garantías al Paraguay para mantener una libre navegación”, manifestó.

Aseguró que representa una abierta violación a varios artículos del Acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra” sobre Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná y se debe actuar ya sea activando el mecanismo de solución de controversias previsto en el quinto Protocolo Adicional al Tratado de la Hidrovía o el contemplado en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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Manifestó que esta decisión va en contra del espíritu mismo del documento, que fue concebido para facilitar la navegación y el transporte comercial fluvial mediante un marco normativo común que favorezca el desarrollo, modernización y eficiencia de dichas operaciones, y que facilite y permita el acceso en condiciones competitivas a los mercados de ultramar.

“Confiamos en que nuestras autoridades harán lo necesario para proteger los intereses del país y de los diferentes sectores que componen la economía nacional”, afirmó. Las industrias de la Cappro representan el 58% de las exportaciones del complejo en términos de volumen, y por ello seguirán participando activamente en todas las mesas de trabajo para sostener su posición en las negociaciones a nivel diplomático. A la par coordinarán acciones con otros sectores afectados para mitigar la situación y lograr que esta medida arbitraria sea revertida, aseguró.