La imposición del peaje de US$ 1,47 por tonelada para las embarcaciones establecido por el Ministerio de Transporte de Argentina a partir del 1 de enero pasado constituye un conflicto histórico con el vecino país, según explicó el candidato a senador por el movimiento Honor Colorado, José Ocampos. El analista refirió que las altas partes contratantes del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, como la presidencia de la República y la Cancillería deben accionar para que la resolución quede derogada.
“El problema viene desde la época de la colonia, ya que, desde 1660, las embarcaciones que salían de la gobernación del Paraguay tenían la obligación de pagar un derecho de paso y todas las mercaderías eran obligadas a descender en los puertos precisos de Santa Fe, y ser conducidas por tierra a Buenos Aires, para luego nuevamente ser reembarcadas”, manifestó Ocampos a La Nación/Nación Media.
Recordó que como esta disposición afecta a los productos que tienen salida de Mato Grosso do Sul (Brasil) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) tendría que existir una postura común en la región en cuanto a la ilegalidad del cobro. Así también, aseguró que la gestión tendrá que ser realizada por el Gobierno nacional para que se obtenga un discurso entre las partes y cuanto antes sea solucionado, puesto que sería una violación al Tratado de Libre Navegación de Ríos Internacionales de 1967, vigente hasta la fecha y al de creación del Mercado Común del Sur (Mercosur).
“Están violando un tratado internacional y el Mercosur. Su crisis económica quieren trasladar a todos estos países para que nos hagamos cargo. Es violatorio, atentatorio y justamente expresa todas las dudas que tenemos sobre la conveniencia o no del Mercosur”, acotó. Consideró que la situación está “bajo un ropaje aduanero” e intenta imponer de forma unilateral el tributo, porque son muchas las embarcaciones que salen con bandera paraguaya transportando granos.
“Desde hace varios años ellos están queriendo nuevamente cobrar el derecho de paso porque dicen que nuestros capitanes no tienen la destreza de navegar por los ríos”, argumentó y expresó que son tratos inamistosos que las autoridades paraguayas no deben dejar pasar. Hay que señalar que desde el lunes 1 de enero entró en vigencia la Resolución 1023/2022 que prevé el cobro de la tarifa en uno de los tramos de la hidrovía Paraná-Paraguay, administrados por el vecino país.