El presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Diego Torales, lamentó la inacción de las autoridades competentes con relación a un caso grave de deforestación que se está dando en la Reserva Carayaó, distrito del departamento de Caaguazú.

Lo terrible del caso es que se está arrastrando desde hace unos 6 meses ya, pues la nueva modalidad radica en que un grupo de personas se asienta en la zona, la deforestan y además invaden la propiedad de la reserva, que en este caso en particular afecta directamente a la familia Smith.

Torales mencionó que la Reserva Carayaó es el pulmón de esa zona, pues se trata de un lugar boscoso muy grande de más de 1.000 hectáreas y que eso hoy no esté protegido luego de haber realizado reiteradas denuncias tanto a la Policía Nacional como a la Fiscalía es un abandono total porque no hay una respuesta y lo siguiente por hacer es solicitar una mesa de trabajo en el Ministerio Público, dijo.

Lea también: ARP Concepción lamenta la inacción judicial ante 900 denuncias de abigeato

“La modalidad es la siguiente, a través de la ley Riera-Zavala, los delincuentes ya no se quedan adentro, sino que arman las picadas en los caminos, entran, deforestan los árboles nativos en la zona de Carayaó para venderlos y generan un daño terrible, tanto a la naturaleza como a los propietarios”, sentenció el referente de la ARP a la 650 AM.

A esto se suma, que con la vigencia de la Ley de Deforestación Cero están obligados a mantener las zonas boscosas, a más de la necesidad de emitir las licencias ambientales que representa una alta inversión, por lo que dicha situación genera un triple perjuicio, expresó.

Es así que la familia afectada ya no sabe qué hacer, pues ya se denunció a todos los establecimientos y no hay respuesta, pero la deforestación lo realizan a plena luz del día, por lo que están desesperados y la ARP como gremio de representante en defensa del sector eleva la voz de protesta por tratarse de una situación bastante grave.

Los invasores alegan que son terrenos “tierra de nadie”, e incluso fueron hasta el Indert alegando que la propiedad es fiscal a modo de asentarse a toda costa en la reserva. Según Torales, se trata de grupos de personas que ingresan con sus vehículos y armas, por lo que indefectiblemente deja de ser una situación tranquila puesto que hace 6 meses están y siguen haciendo lo mismo todos los días, quejó.

Puede interesarle: Combustibles y maquinarias lideran las importaciones en este 2022