La pérdida de 70% de la cosecha de soja derivó en una crisis de la cadena productiva y servicios y, efectivamente, tuvo efectos sobre la economía. Como consecuencia, se estima una merma de un millón de toneladas, aproximadamente, en la presente campaña sojera, teniendo en cuenta las condiciones de bajas temperaturas al inicio de la zafra, sumadas al estrés hídrico del mes de diciembre.

Es lo que indicaron desde la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) durante la evaluación del año 2022 realizada el pasado lunes. En la ocasión informaron que la expectativa de 10,3 millones de toneladas, bajaría a 9,3 millones. En tanto, esperan que la condición mejore para garantizar un volumen de cosecha capaz de reactivar todo el campo, luego de los resultados nefastos registrados en la campaña anterior, según mencionaron.

Asimismo, el aspecto climático jugó un rol preponderante en la campaña anterior debido que la sequía redujo notoriamente la capacidad productiva de soja en el país. En cuanto al avance de la agricultura en el Chaco, se prevé que la soja ocupe un área de 70 mil hectáreas, 20 mil más que la campaña pasada, “aunque mucho dependerá de la expansión del algodón que tiene una ventana escasa de siembra”, apuntaron.

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“Mirando el futuro, se prevé la siembra de más de 3,5 millones de hectáreas de soja con tecnología razonable, clima oscilante, pero diferente a la campaña anterior que hace presagiar una mejor cosecha de soja en el 2023 con todo lo que significa para la cadena de valor”, expresó durante la presentación a los medios de prensa el titular de la Capeco, César Jure, agregando que hay buenas perspectivas para el crecimiento económico inclusivo y posibilidad de mantener políticas fiscales y monetarias bajo control.

Refirió que el sector espera que a pesar de la contienda electoral se pueda mantener el rumbo de la gestión económica fiscal del Estado, con previsibilidad para los agentes económicos, una mejora en la institucionalidad de los poderes del Estado y en la seguridad jurídica, factores necesarios para el desarrollo que incluya a todos dando oportunidad de trabajo y elección de la actividad que desee sin discriminación.

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Por su parte, la asesora de comercio exterior, Sonia Tomassone, y Hugo Pastore, director ejecutivo, comentaron que siguen preocupando las nuevas medidas europeas con relación al uso de defensivos agrícolas, el cambio de uso de la tierra y otros temas ambientales, que más que una acción a favor del ambiente constituyen barreras arancelarias que elevan innecesariamente los costos de producción y podrían restringir las importaciones provenientes especialmente del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Sostuvieron que la situación logística, tanto fluvial como terrestre mejoró con relación al año pasado, especialmente por una mejora en el caudal de los ríos, pero el flujo de exportaciones vía terrestre aún cuenta con inconvenientes por la intensificación de los controles en frontera por parte del Ministerio de Agricultura del Brasil. Y, en el afán de facilitar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos, así como evitar medidas paraarancelarias que restringen el acceso a los mercados, seguirán participando activamente de varias mesas de trabajo público privadas, sentenciaron.

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