La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que “establece permisos para trabajadoras en estado de gestación” y la iniciativa fue remitida para su promulgación o veto al Poder Ejecutivo. Los legisladores a favor de esta iniciativa manifestaron la importancia de ofrecer mejores condiciones para la protección a la maternidad, sobre todo en periodos de gestación.

“Ratificamos nuestro compromiso con la protección y la defensa de la vida desde su concepción y de las madres gestantes. Aprobamos el proyecto de ley que plantea mejorar las condiciones laborales y el soporte que reciben las mujeres gestantes en el Paraguay”, expresó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, a través de su cuenta de X.

Durante la sesión ordinaria, el legislador expuso la necesidad de fortalecer los derechos laborales de las madres y la necesidad de que el Estado haga su mayor esfuerzo para que los embarazos sean transitados dentro de las mejores condiciones sanitarias posibles y que no existan limitantes para que las mujeres puedan acudir a sus controles sin que su trabajo sea un impedimento.

“El Estado paraguayo debe hacer su mayor esfuerzo para que nuestras madres tengan las mejores condiciones posibles para traer a esta nueva vida al mundo”, expuso Latorre. A la par, felicitó a su colega la diputada Carmen Giménez, quien explicó que lo que se busca a través de esta normativa es que las mujeres no se vean afectadas por descuentos o sanciones por acudir a sus controles prenatales.

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De acuerdo a esta iniciativa que ya fue aprobada por ambas Cámaras, las mujeres en periodo de gestación tienen derecho a ausentarse de su lugar de trabajo, ya sea el sector público o privado para consultas de control o estudios hasta por cuatro horas, con la posibilidad de que este tiempo se extienda de acuerdo al criterio del médico tratante y debiendo expedirse en una constancia o certificado.

Esas ausencias serán computadas como horas trabajadas a los efectos de que no sufran de descuentos en sus salarios. Además, en caso de incumplimientos por parte de la patronal, se podrán establecer multas que serán destinadas al programa materno infantil del Ministerio de Salud.

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“La Secretaría de la Función Pública en el sector público y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el privado, deberán diseñar y aplicar estrategias de control para el efectivo cumplimiento de la presente ley”, sostiene la legislación en uno de sus artículos.

La Cámara de Diputa­dos tenía previsto estu­diar el proyecto para dero­gar la Resolución n.° 1336, mediante la cual se creó la Comisión Bicameral de Investigación; no obstante, esto no pudo ser analizado por los legisladores debido a que la sesión quedó sin el cuórum necesario para abordar esta iniciativa impulsada por diputados de la oposición.

Este proyecto fue presen­tado por Johanna Ortega y Raúl Benítez, quienes en la presentación de argumentos a favor de la aprobación de la iniciativa manifestaron que la comisión no cumple con las finalidades determina­das en la Constitución y es un instrumento de persecu­ción a opositores y disiden­tes del Gobierno.

Asimismo, aseveran que “las diligencias realizadas por la comisión atentan con­tra derechos reconocidos y garantizados por la Cons­titución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inme­diata la apertura de una investigación del Ministe­rio Público”.

El proyecto no solo apunta a eliminar la comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha.

El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Raúl Latorre, dijo ayer que comparte la postura del presidente San­tiago Peña de defender las inversiones bancarias rea­lizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Los cuestionamientos, el escrutinio fortalecen la democracia y quienes ejer­cemos los roles de poder en los espacios públicos, los que fuimos electos por la ciuda­danía, debemos ser cuestio­nados. Y yo asumo esa con­dición”, indicó Latorre.

Manifestó que en primer lugar se debe aclarar que el presidente Peña no es accio­nista de la entidad finan­ciera en cuestión y que se encuentra en el foco de aten­ción a raíz de las transac­ciones realizadas con el IPS.

Peña es atacado por los diri­gentes de la oposición y por el Grupo Zuccolillo, propie­tario del diario Abc. A raíz de los cuestionamientos, la entidad financiera aclaró que el jefe de Estado no es accionista del banco. Ante estos ataques y en declara­ción a la prensa, el presi­dente de la República res­pondió al cronista de Abc de que el citado medio de comunicación está min­tiendo y que el Grupo Zuc­colillo siempre se benefició del dinero de los jubilados del IPS.

Al analizar la reacción del jefe de Estado, el presidente de Diputados dijo que los medios de comunicación también pueden ser cues­tionados.

“Las declaraciones que hacen los ciudadanos y las declaraciones que hacen los medios también deben ser cuestionados, y eso es parte del proceso de la democracia. Las con­frontaciones enriquecen el proceso democrático”, indicó Latorre. Agregó que considera que el pre­sidente Santiago Peña solo busca poner el debate sobre la mesa.

Sin realizar ninguna con­sulta a los medios loca­les, basados solamente en la opinión sesgada de algunos comunicadores encuestados, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rebajó a Paraguay a la categoría “En restricción”, señaló Diana Domínguez, representante de nuestro país ante el organismo. La vocera de la Presidencia de la República, Paula Carro, y el periodista Alberto Peralta también coinci­dieron en el pleno ejerci­cio de la libertad de prensa y de expresión en el país, durante el programa “12/8″, emitido por el canal GEN de Nación Media.

La Cámara de Diputados tenía previsto en estudiar el proyecto para derogar la resolución N° 1.336, mediante la cual se creó la Comisión Bicameral de Investigación, no obstante, esto no pudo ser analizado por los legisladores debido a que la sesión quedó sin el quorum necesario para abordar esta iniciativa impulsada por diputados de la oposición.

Este proyecto fue presentado por Johanna Ortega y Raúl Benítez, quienes en la presentación de argumentos a favor de la aprobación de la iniciativa manifestaron que la Comisión no cumple con las finalidades determinadas en la Constitución y es un instrumento de persecución a opositores y disidentes del Gobierno.

Asimismo, aseveran que “las diligencias realizadas por la comisión atentan contra derechos reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inmediata la apertura de una investigación del Ministerio Público”. El proyecto no solo apunta a eliminar la Comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha.

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Durante las reuniones de la Comisión de Investigación, se realizaron exposiciones respecto a cómo operan algunas organizaciones sin fines de lucro, que sin rendir cuentas, mueven cifras millonarias sin dar a conocer el origen de ese dinero o los donantes. Igualmente, en la última sesión se expuso la manera en que el dinero del narcotráfico se infiltró en el sistema financiero y personas sin capacidad económica accedieron a grandes créditos.

El orden del día contaba con 19 puntos en total, pero solo pudieron tratarse nueve, dado que los legisladores se retiraron y otros proyectos, como la ampliación presupuestaria para el Ministerio del Ambiente, la expropiación de inmuebles, la creación de un registro de personas desaparecidas, entre otros, tampoco pudieron ser tratados.

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