El sector camionero recurrió en los últimos tiempos a medidas de fuerza como las movilizaciones, consideradas necesarias por el segmento para reivindicar la actividad que desarrolla y solicitar al gobierno acciones para mitigar el impacto del encarecimiento de precio de los combustibles.

Pero quiénes son realmente los camioneros, a qué se dedican o cuál es la función que realizan y cuántas personas dependen de esta actividad fue la consulta que se hizo La Nación-Nación Media, para lo cual conversó con una de las figuras más representativas de este rubro, Darío Toñánez, presidente de la Asociación Locos de la Cantera de Tobatí, quien hace 17 años trabaja en el segmento.

Señaló que dicha asociación fue constituida formalmente recién hace 4 años, pero que ya funcionaba como grupo de camioneros desde hace unos 12 años, cuyo nombre quedó establecido desde que unos jovencitos del rubro crearon un grupo de Whatsapp que los unió aún más.

“El nombre se quedó, porque así empezamos solo por un grupo de Whatsapp, empezamos a trabajar en grupo, luego fuimos encarando acciones sociales de ayuda a la comunidad de Tobatí. En especial durante la pandemia vimos la posibilidad de disponer de mascarillas y oxígeno primero para nuestros asociados, perdimos a dos de los nuestros por el COVID y así luego también ya asistimos a toda la ciudadanía”, expresó Toñánez.

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A la Asociación Locos de la Cantera de Tobatí pertenecen al menos 102 camioneros, una cifra que representa muchas familias del lugar dedicadas a transportar la materia prima para las fábricas u olerías que producen ladrillos, pero en toda la comunidad serían más de 500 hogares con otros gremios trabajadores del rubro, indicó.

Es así que cuando se menciona a los camioneros, se habla de trabajadores que abarcan tanto a los ladrilleros así como a los conductores de camiones tumba que extraen la arcilla desde las canteras de Tobatí, ya en zonas campestres donde el único feriado que conocen es cuando llueve, pues el lugar queda imposibilitado al tránsito por el lodo.

Pero el segmento camionero no compete solo a los pobladores de dicha comunidad, pues otras ciudades como Itá, Itauguá, Capiatá, Yaguarón, Paraguarí y parte de Central también se dedican a explotar la materia prima para su posterior producción de ladrillos en sus respectivas zonas, o la carga y traslado de arena lavada, piedra triturada y afines, por lo que a nivel general este sector abarca a más de 1.000 trabajadores.

Para poner en contexto la lucha del sector, el referente gremialista hizo un recuento de los principales acontecimientos que se dieron en el marco de las manifestaciones por la suba continua de precio de los combustibles, que comenzaron el 14 de marzo cuando la organización logró aglutinar a distintas asociaciones como los camioneros tumberos de Itá, otras dos de Tobatí, los tumberos de Central, los ladrilleros de Itauguá y Capiatá, la Asociación de Grúas del Paraguay, Asociación de Transportes Escolares del Paraguay, las plataformas de transporte, mototaxis y deliverys, así como otros ciudadanos autoconvocados.

Tras las primeras movilizaciones, para el 23 de marzo lograron el subsidio para tales sectores, si bien no estaban del todo de acuerdo, puesto que la petición desde el inicio fue la reducción en el precio del combustible, pero el Parlamento así lo decidió, beneficio temporal del cual hicieron uso 22 días y que luego se cortó.

Fue así que, como grupo, empezaron nuevamente las conversaciones de ida y venida con Petróleos Paraguayos (Petropar) durante todo abril y mayo, así como con los parlamentarios buscando la liberación de la declaración jurada que la estatal tenía que exigirles a sus proveedores, lo cual le imposibilitaba poder comprar libremente de otras mejores ofertas. Esto demuestra que el sector no solo priorizaba sus intereses particulares, dijo, pues también se ocupó de la lucha para que la empresa estatal accediera a otros proveedores en beneficio de todos.

Dicha liberación de la declaración jurada se logró el 10 julio, cuando el entonces titular de Petropar, Denis Lichi, informó que ya estaban con otras ofertas de más proveedores de combustibles con un 20 a 25% más barato, lo cual fue un gran entusiasmo porque si el crudo se mantenía por debajo de los US$ 100 el barril, se tendría que observar a nivel local ya una considerable baja de G. 1.300 a G. 1.500 por litro allá por la quincena de agosto, cuyo monto se persigue hasta ahora debido a que solo así volverá a ser digno el trabajo de los camioneros, según señaló Toñánez.

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El representante del gremio lamentó que dicho valor llegó incluso a los US$ 80 el barril del crudo, sin embargo en Paraguay no se dio ninguna rebaja, catalogando a las palabras de Lichi y del gobierno en sí como “mentiras”, pues este mismo decía que por instrucciones del presidente de la República, la estatal no debía generar ganancias en el contexto de crisis, de modo a proporcionar el menor precio posible a la ciudadanía. Pero una vez interpelado, tras las presiones de los camioneros, se vio a la luz que Petropar estaba generando utilidades gigantescas de G. 240.000 millones. “Una mentira más”, dijo.

Así también, recordó que en esa fecha cuando se aprobó la liberación de las declaraciones juradas para proveedores de Petropar, aceptaron probar el uso de las tarjetas Oikoite; un sistema que iba beneficiar solo al sector de camioneros con el diésel tipo III y a las plataformas con la nafta 93, de modo a alivianar la situación de los trabajadores.

Esto, porque el acuerdo consistió en un descuento de G. 700 por litro, siendo que los operadores tercerizados estuvieron de acuerdo a ceder de sus ganancias G. 300 y Petropar el restante G. 400, para lo cual tuvieron que registrar todos los camiones, lo cual tardó unos 20 días para estar listo a finales de julio.

Pero qué pasó, en ese lapso la estatal baja unos G. 500 para toda la ciudadanía, quedando las tarjetas así con un G. 200 en el descuento, siendo que lo acordado con Lichi fue que los G. 700 sería aplicado sin importar el precio de plaza del combustible, hecho que no se cumplió. Fue a partir de ese momento que ya no conversaron más con el extitular de la estatal por las mentiras y la acción mañosa que develaban sus actos, siempre tergiversando o sin cumplir lo que prometía. “Sus promesas eran para alivianar nuestras manifestaciones, pero lo que decía nunca cumplió”, sentenció.

Ya en el mes de setiembre fue que volvieron a salir a las calles, con todos los camiones de los distintos gremios en los puntos estratégicos a nivel país, movilizando igualmente a las plataformas y mototaxis por la capital y el microcentro, cuando tuvieron que enfrentar represiones de la Policía Nacional en Cordillera, hecho que terminó con 16 imputados, relató Toñánez.

Así mismo, amplió que a pesar del tire y afloje de las negociaciones con el gobierno, el trabajo sindical era una de las constantes en la postura definida, por lo que no pararon de golpear puertas y visitar parlamentarios de todas las bancadas, más allá de que el propio ministro del Interior planteó un proyecto de ley para reutilizar las utilidades de Petropar que iban como aportes intergubernamentales, el cual no tuvo avance. Sostuvo en este punto que este mecanismo es la alternativa más viable para equilibrar los precios.

El representante camionero alegó que tras la serie de manifestaciones del sector, también se pudo descubrir que Petropar sigue comprando a través de intermediarios que no se sabe quiénes son, más allá de haberse liberado la obligatoriedad de las declaraciones juradas, esquema en el que cada distribuidor en promedio gana G. 300 por litro de combustible que le vende a Petropar, que en los montos totales se traduce a millones.

Por todos los antecedentes, es que creen que puede haber intereses de por medio con empresas de maletín o grandes importadores cercanos incluso a la cúpula presidencial, con una reflejada realidad que beneficia a un grupo de empresarios, según Toñánez. “Estamos convencidos que si no fueran por nuestras manifestaciones, el combustible o al menos el diésel tipo III hubiese estado a G.10.500, porque acá se comparan con el precio que usa Uruguay que está en ese término”, sentenció.

Rescató igualmente que primó el raciocinio del sector, que en principio tenía la idea de manifestarse en plena inauguración de los Juegos Suramericanos ASU 2022 para expresar el malestar respecto a las mentiras de este gobierno ante la prensa internacional, pero entendieron que no era la decisión correcta, al tiempo de remarcar que a diferencia de lo que Lichi les tildaba, las manifestaciones en ningún caso fueron políticas.

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