Al menos 300 camiones cigüeñeros e importadores de vehículos usados se encuentran movilizados en el km 14 de la ruta PY02 y anunciaron que estarían cerrando media calzada como medida de protesta ante el monopolio de una empresa de origen pakistaní que, según los denunciantes, opera de manera ilegal, incluso evadiendo al Fisco.
La empresa denunciada se denomina Matsuda Motors, cuyo propietario sería un pakistaní que ya operaba en Iquique, Chile, en el rubro de importación y exportación de vehículos, y los trabajadores locales se sienten amenazados con las operaciones de dicha empresa que actualmente acapara prácticamente de todas las compras.
“La preocupación es porque esta empresa vino a monopolizar nuestro trabajo, está agarrando todo, dejando a aproximadamente 300 familias sin el pan de cada día, porque solo un pequeño grupo está pudiendo trabajar a quienes este señor Farin Matsuda les da trabajo, prácticamente solo está trabajando y el resto quedamos en la intemperie”, expresó Ángel Romero, uno de los manifestantes.
Básicamente, en lo que respecta al trabajo de los cigüeñeros, que es el de viajar con sus camiones hasta Chile para traer vehículos usados a pedido de empresas y playas de autos, el precio del flete es de unos US$ 4.500 por carga, mientras que el pakistaní Matsuda está realizando el mismo trabajo a US$ 3.500, por lo que los manifestantes no pueden competir con estos precios.
Fuera del sistema legal
Así mismo, según ampliaron en la denuncia, el empresario de origen pakistaní estaría operando de manera ilegal, debido a que para hacerlo de forma correcta se debe trabajar con el sistema financiero local a modo de realizar las transferencias a las distribuidoras de Iquique, sin embargo, este transporta los valores en los propios camiones, por lo que esto se traduce en millonarias evasiones de impuestos al Fisco.
Respecto a la competencia de las instituciones del Estado, los cigüeñeros alegaron igualmente que para traer los vehículos usados al país los importadores operan con despachantes de Aduanas y funcionarios de la propia institución en la subvaloración de los rodados; es decir, un vehículo que se valúa en G. 50 millones hacen figurar en el despacho unos G. 10 millones generando gran ventaja contra los trabajadores locales.
Por ello, exigen a que las instituciones como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) cumplan con sus funciones e intervengan a dicha empresa que, según los denunciantes, evade impuestos multimillonarios.