La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reveló que las organizaciones no gubernamentales registraron extraordinario movimiento financiero en pleno año electoral (2023). Siderales cifras se concentran principalmente en grandes corporaciones de ONG cuyos directivos, gerentes y leales se privilegiaron con jugosos honorarios como “representantes de la sociedad civil”.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Los informes que con­tinúan llegando a la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros Deli­tos Conexos (CBI) sobre el manejo financiero de las ONG resultan asombrosos con relación a los resultados abstractos que tienen, esto principalmente en la gestión de las grandes corporaciones, vinculadas a políticos de la oposición y que operan en nombre de la sociedad civil.

Si bien los datos llegan reta­ceados, a cuentagotas los números del movimiento de dinero y ni hablar de los superhonorarios de los direc­tivos de ONG políticas, son bochornosos para la misión que vendieron histórica­mente a la ciudadanía que es velar los intereses colecti­vos. El objetivo social quedó a segundo o quizás en último plano, dinero que reciben estas grandes corporacio­nes van directamente al bol­sillo de sus dirigentes, todo en nombre de la representa­tividad que dicen tener de la sociedad civil.

La lucha contra la corrupción, el nepotismo, la discreciona­lidad, el tráfico de influen­cias solo incorporan en el discurso contra los adver­sarios, en la práctica aplican la gran repartija entre fami­liares y amigos, vale remar­car, de la plata que reciben en marco de convenios que tienen como beneficiario al Estado paraguayo. Esto con una extraña y extrema resis­tencia de esconder cómo se usaron o se usan los fondos ejecutados mediante pro­yectos con nombres grandi­locuentes.

Las grandes ONG que funcio­nan en nuestro país casi ya no han guardado las formas del manejo empresarial y el tinte político hasta si se quiere pro­selitista de sus actividades.

No hay que olvidar que la industria de ONG se hizo visible con las últimas elec­ciones generales cuando la candidata a vicepresi­denta por la Concertación Nacional, Soledad Núñez, tenía operadores que que­rían hacer de observadores en los locales de votación a través de la oenegé que creó; Alma Cívica. A par­tir de esto comenzó a salir a la luz una red de ONG de la excandidata y su esposo, el también excandidato perdidoso por la Concer­tación, Bruno Defelippe.

La CBI permitió el acceso a algunos datos, toda­vía muy escasos con rela­ción al volumen de dinero que ejecutan las grandes ONG, vale reiterar, aque­llas principalmente de carácter político. Una de las cifras divulgadas ayer y en el marco de las reu­niones de la comisión que impactó fuerte es que, en el 2023, año electoral, el movimiento financiero de las ONG fue de G. 12,6 billones, unos USD 1.700 millones al cambio de la moneda norteamericana de ese momento.

Entendidos señalan que la cifra revelada en la sesión de la CBI equivale al presu­puesto anual del Ministerio de Obras Públicas, más al de Salud Pública. Sin embargo, no se ha visto la protesta, indignación de un solo ciu­dadano que no forme parte de la logia de facturadores contra la iniciativa de trans­parencia de fondos de ONG aprobadas y en proceso de investigación por el Con­greso Nacional.

¿A quién afecta entonces la transparencia? ¿Cómo es posible que con los mul­timillonarios fondos eje­cutados en nombre de la ciudadanía, la gente no se haya inmutado siquiera con los controles que se prevén? ¿Dónde están los beneficiarios que no se han dado por enterado de los pronósticos apocalípticos que difunden sus “repre­sentantes” con jugosos honorarios?

Autoridades del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) estableció una mesa de trabajo con representantes de la nucleación autodenominada Multisectorial, movilizada desde hace varios días frente a la institución. Al culminar la reunión, no lograron cerrar ningún acuerdo, por lo que se estableció un cuarto intermedio de 24 horas para continuar con el diálogo.

El ministro Juan Carlos Baruja ofreció una conferencia de prensa para explicar los puntos tratados, indicó que el grupo insiste en exigir el 33 % de los beneficios, es decir, que ellos se encarguen de determinar quiénes serán los beneficiados, sin que probablemente cumplan con todas las condiciones que se exija para recibir los beneficios.

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Indicó que es un punto que lo estarán analizando muy bien; pero a priori considera que es inaceptable esa posición. Explicó que la institución no puede subrogar o entregar una cuestión que depende del ministerio y del Gobierno, a terceros.

“Es la institución y el Gobierno los que tienen que tomar la decisión de quiénes son las familias beneficiarias. Ellos pueden presentar su lista y sus proyectos, como lo vienen haciendo. Pero de ahí a que decidan qué familia va recibir y qué familia no, creo que es inaceptable”, cuestionó.

Respecto al listado de las empresas constructoras solicitada por el cuerpo legislativo, el 6 de junio ya se respondió y en ella podrán corroborar que son falsas las acusaciones que están en su contra.

Señaló incluso que la Multisectorial está sugiriendo para 5 proyectos, una de las empresas que más licitaciones tiene con el MUVH. “Pero en realidad tenemos más de 100 empresas que están trabajando en estos proyectos, pero cómo funciona, existe un servicio de asistencia técnica en donde ellos organizan a las comunidades, presentan sus proyectos y evaluamos nosotros conforme a lo que hablamos y si reúne las condiciones de reducción de la pobreza adjudicamos”, indicó.

El ministro remarcó que siguen abiertos a dialogar con todas las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, que sigan acercando sus pedidos y que si había alguna actitud contra ellos, no harían eso.

“Es más, habrán notado que el origen de este problema es cuando yo les observé la calidad de la vivienda de uno de sus proyectos, y les dije que mientras sigan construyendo con esa mala calidad, nosotros ya no le vamos otorgar viviendas a su sector”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que el tema de la calidad de las viviendas es un asunto innegociable. “Yo les dije que si no mejoraban la calidad de las viviendas, lastimosamente no se les va otorgar más licitaciones. Yo personalmente fui a verificar en Ypané y no alcanzaba el estandar de calidad que nosotros queríamos. Hay otros proyecto que ellos ejecutaron que estaba con mejor calidad. Incluso le dije que vaya a revisar porque el reboque que se hizo parecía el de una criatura”, acotó.

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• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

Recientemente me cupo leer un artículo en donde según estudios preliminares de empresas especializadas señalan que en 2018 el 70 por ciento de los trabajos eran realizados por las personas y el 30 por ciento restante ya estaban automatizados.

Algunos años después dicha proyección empezó a dar un giro sustancial, pues para el 2025 ya se habla de que el 50 por ciento de los trabajos corresponderían al capital humano y el 50 por ciento restante a cargo de robots.

Esto desde luego no nos debería de sorprender, ya que era de esperar porque a nivel mundial las empresas vienen orientando sus actividades cada vez con mayor énfasis a la automatización de procesos y procedimientos que les permitan mayor eficiencia, economía de escala, racionalización en costos de ventas y administrativos, apuntando a una mayor competitividad y rentabilidad dentro de su gestión económica.

Si bien sería difícil prescindir totalmente del capital humano, ante todas estas transformaciones las plantillas de personal tienen su lógica que vayan disminuyendo, con mayor razón ahora en que muchas empresas a nivel mundial vienen adoptando la inteligencia artificial.

No nos debería de sorprender, puesto que todo cambia y las empresas dedicadas a diversos segmentos de negocios apuntan cada vez más a ser eficientes, rentables y competitivas, para lo cual la automatización juega un rol protagónico.

A ello agreguemos el boom del comercio electrónico y digital, que desde hace algunos años viene siendo el nicho preferido de compra de miles de consumidores, y en donde nuestro país también tiene una participación relativa importante.

Vienen “como anillo al dedo” ahora que están por presentar al Parlamento el proyecto de Ley del Servicio Civil, que regula y reglamenta los procesos de ingreso, permanencia y promoción de los funcionarios públicos dentro de los diversos entes.

Tenemos distribuido en los tres poderes del Estado no menos de 350.000 funcionarios, que ingresaron en su mayoría sin concurso de oposición donde también abundan los “cargos de confianza” compuestos por personas que no cuentan con formación académica-profesional que puedan jerarquizar y dar eficiencia a las mismas.

Sería bueno que el Viceministerio de Capital Humano, junto con todos los entes estatales, tengan en cuenta estos procesos laborales de transformación y modernización que se vienen dando a nivel mundial para que de una vez por todas podamos hacer un trabajo de relevamiento y depuración caso por caso y que queden solo aquellos que por actitud y aptitud, además de meritocracia, capacidad e idoneidad, puedan formar parte de la plantilla de personal, para que nuestras instituciones estén en condiciones de dar a los contribuyentes la atención de calidad que se merecen, y que hasta ahora siguen ausentes por culpa de la burocracia e ineficiencia de muchos.

Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI todavía se puede ver a funcionarios manejando vetustos libros cuando que la computadora se inventó hace más de 30 años.

Los roles de más rápido declive están concentrados en los administrativos o de secretaría (mayoría en los entes públicos), donde el prebendarismo, clientelismo y cuoteo político siguen siendo más importantes que la capacidad e idoneidad.

El pensamiento analítico y creativo son habilidades importantes para los trabajadores. El primero de ellos considerado fundamental por muchísimas empresas que cualquier otra, en tanto que el pensamiento creativo, habilidad cognitiva, ocupa el segundo lugar, y está posicionado delante de la autoeficacia: resiliencia, flexibilidad y agilidad; motivación y autoconciencia; y curiosidad y aprendizaje permanente, aunque deberían ser complementarias, dado que ayudan a fortalecer a las dos primeras.

Hemos alcanzado el anhelado grado de inversión, pero si no nos preocupamos y nos ocupamos por la adopción de mayor desarrollo tecnológico, junto a la ampliación del acceso digital, nuestras probabilidades de impulsar la transformación en las organizaciones podrían verse rezagadas siendo hasta ahora una de las debilidades estructurales de nuestras instituciones que habrá que corregirlos y superarlos, pues las empresas calificadoras de riesgos dan énfasis a la inflexión entre lo cualitativo y cuantitativo y no solamente a los indicadores macroeconómicos.

El exitoso acuerdo entre Paraguay y Brasil con respecto a la tarifa de Itaipú Binacional permitirá ingresos anuales al país de USD 1.250 millones. Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, descartó que se destinen a aumentos salariales y aseguró que esa no es la visión del presidente de la República, Santiago Peña.

“Creo que podemos descartar el uso de estos recursos para mayores salarios únicamente, creo que sería pésima una decisión de ese tipo y nosotros no estamos apoyando ningún tipo de incremento salarial”, afirmó el ministro a la 1020 AM. Fernández Valdovinos señaló que es muy clara la hoja de ruta del mandatario, quien mencionó algunas de las prioridades de este recurso y citó a la alimentación escolar como uno de ellos.

Así también, se apunta a destinar a la infraestructura y no solo a la construcción de rutas, sino además, dotar a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) lo necesario para que en pocos años, tenga la capacidad de consumir más energía generada en las binacionales. Para el ministro, es vital la transparencia en el uso de este dinero.

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“Yo creo que de nada serviría si conseguimos esos recursos y después no lo gastamos de manera eficiente y transparente, que la ciudadanía se entere del uso de estos recursos va a ser fundamental y nosotros nos vamos a abocar a la asignación de lo que serían estos recursos a lo largo del tiempo. Nos abocaremos a diseñar un plan para determinar cuál sería la manera más adecuada posible, tomando criterios de eficiencia y transparencia para empezar a gastar estos recursos”, expresó.

De acuerdo al MEF, se analizarán las posibilidades que se han ido mencionando como la conformación de un fondo soberano o la incorporación de dichos recursos al Presupuesto General de la Nación (PGN). Este estudio recién empezará ahora que se tiene cerrado el acuerdo. “No podemos empezar a gastar ni a diseñar algo que no teníamos hasta la semana pasada”, sostuvo el ministro de Economía.

Asimismo, Fernández Valdovinos aclaró que los USD 1.250 millones, producto de la tarifa fijada en USD 19,28 kW/mes, no ingresarán de una vez como algunos piensan, sino que Paraguay irá recibiendo a medida que se va generando la venta de energía de Itaipú. “Cuando se haga la facturación es que vamos a empezar a ver estos recursos”, explicó.

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