La Administración Nacional de Electricidad (Ande) deja de facturar por lo menos US $70 millones anuales al no vender su energía a la criptominería, sostuvieron desde la Federación de Industrias Creativas (FIC). Esta repercusión se da tras el veto al proyecto de ley que busca reconocerla como una actividad industrial y con incentivos en el consumo de energía eléctrica.
Según comentó a La Nación/Nación Media, Alejandro de Filippis, miembro del gremio, con los pedidos de potencia de las empresas mineras legalmente constituidas y miembros de la Cámara Paraguaya de Fintech podrían estar pagando más de 70 millones de dólares anuales en promedio a la Ande por la energía.
“En los últimos seis meses, la ANDE recibió cerca de 300 pedidos de consultas de media tensión, con un promedio de 6 megas que máximo estarían contratando. Esta energía eléctrica es la que compra de Itaipú y no está vendiendo, se está despilfarrando un montón de dinero y la energía que no se vendió se pierde”, dijo.
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Asimismo, sostuvo que la minería se encarga de contratar a empresas metalúrgicas, de electricidad y también cierta cantidad de mano de obra. “La mano de obra durante el proceso de ejecución del proyecto sí es escasa, pero para eso se tendría que establecer la ley para que se puedan pagar los impuestos”, afirmó.
Sobre el punto, dijo que la ley ayudaría a formalizar y regular el negocio. “Este proyecto de ley hablaba de que por cinco años nada más se le iba a dar al minero la posibilidad de minar y que en ese tiempo el Ministerio de Industria y Comercio podría planificar la instalación de industrias que usen la energía y generen mano de obra”, acotó. Agregó que la propuesta se hubiese vetado parcialmente para modificarla y establecer acuerdos entre las partes.
“A mí me parece que la Ande o está mal asesorada o Mario Ado estuvo mal asesorado porque se podía vetar parcialmente para modificar lo que haga falta y establecer a la minería como una industria que consume energía y que se adecua a las normativas”, puntualizó. Todo esto debido a que el pasado lunes el Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley aprobado por el Senado en julio para convertir la minería de criptoactivos en una actividad industrial.