“Desde Hacienda no vamos a acompañar ningún pedido de aumento generalizado, sí podríamos evaluar algunos casos puntuales en el PGN 2023″, advirtió el ministro sustituto de Hacienda, Marco Elizeche, en una entrevista radial. El funcionario habría puntualizaro que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023 mantendrá su estructura de gastos, priorizando la inversión en programas sociales como Tekoporã y Adultos Mayores.

“Habíamos proyectado en diciembre un crecimiento en torno al 3,8%, pero los eventos como la guerra y la sequía nos dieron un golpe. Según las últimas evaluaciones del BCP creceríamos un 0,2%, en el que se estaría dando un empate técnico básicamente. Esto, dentro de todo, es relativamente bueno, porque al inicio habíamos previsto inclusive una caída del Producto Interno Bruto (PIB)”, puntualizó en el programa “El Péndulo”, transmitido por Unicanal.

El ministro destacó que se está percibiendo una recuperación de la economía, que permitirá contar con una mejora en cuanto a recaudaciones. “Estamos estimando una mejora de alrededor del 9% con relación a la proyección del cierre de este año”, refirió. Elizeche explicó que el PGN se trata de una proyección económica, que permite al Estado planificar el financiamiento de sus inversiones y gastos, tomando como base el comportamiento de la economía.

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Por otra parte, Elizeche advirtió de los riesgos de promulgar la ley de pago de indemnización a exobreros de empresas contratistas de Itaipú. Dijo incluso que se podría estar apuntando a una reforma del Tratado y estaría en juego los fondos sociales. Desde el Ministerio de Hacienda se insiste sobre las consecuencias que implicarían para el Estado el desembolso de los US$ 940 millones para beneficiar a unas 15.000 personas.

“Si bien ellos dicen que esos recursos no tienen que salir de los recursos del Tesoro. Cuando uno lee la ley y a lo que apunta es a una reforma del tratado. Porque la ley por sí misma no implica un riesgo porque no hay forma de pagar eso con recursos del presupuesto”, refirió el funcionario a la 1020 AM.

Explicó que el tratado establece claramente el equivalente en materia de regalías, royalties, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y otros recursos del Tesoro. “Pero el riesgo está en que eventualmente esta ley obligue a una renegociación del tratado o de estas notas reversales. Y ahí es donde nosotros preguntamos de dónde va a salir la plata. Porque yo no creo que los brasileros asuman parte de ese costo. Y lo más probable es que digan si ustedes quieren pagar, paguen de sus recursos y ahí sí nos lleva a las regalías que recibimos de las binacionales o a los gastos sociales de Itaipú”, puntualizó.

El proyecto de ley fue sancionado el miércoles último en la Cámara de Diputados, donde tuvo el acompañamiento de 57 legisladores, y el voto en contra de 18, en tanto que dos se abstuvieron y tres se ausentaron el día de la sesión. El nombre del vicepresidente Hugo Velázquez también apareció en la lista de beneficiarios y tras la difusión por los medios de comunicación, la nómina fue depurada.

Desde el poder Ejecutivo, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann anunció que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez vetará la ley, precisamente por el fuerte impacto económico, por lo que consideran “inviable” su aplicación. En tanto desde la Itaipú Binacional, los directivos alertaron que en caso de que el Congreso se ratifique en la sanción de la legislación, plantearán una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar su implementación.

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