Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) dicen estar sorprendidos de que el Gobierno no haya hecho una mínima mención al respecto de cómo se pagará la millonaria deuda que se tiene con las empresas constructoras. Foto: Cristóbal Núñez.
“La cadena de trabajo se está cortando y eso es peligroso”, advierte titular de la Capaco
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Ayer miércoles, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció con bombos y platillos las reformas económicas en el marco de un plan de “mitigación económica”. Esto evidentemente se da a raíz de que aparentemente Abdo Benítez se está dando cuenta por fin de la preocupante y feroz crisis económica que sufre el país, situación calificada por economistas y profesionales del rubro como la peor de toda la era democrática.
Dentro de la larga lista de deudas del Estado, se encuentra la morosidad del Gobierno con las empresas constructoras, algo que ayer el jefe de Estado ni siquiera consideró en su anuncio. Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) dicen estar sorprendidos de que el Gobierno no haya hecho una mínima mención al respecto, pero así también apuntaron contra los legisladores porque son ellos quienes deben aprobar los créditos para el pago de deudas.
“Realmente nos llamó la atención de que no se haya mencionado tampoco el próximo pago que habría para subsanar la deuda tan grande que tiene el Estado hoy con las empresas contratistas, no solo vialeras, sino con las distintas empresas que están construyendo todo tipo de obras en el país”, mencionó Daniel Díaz de Vivar, presidente de la Capaco, en el programa Apunto, emitido por GEN/Nación Media.
“Más allá de eso, creo que es el Parlamento el que tiene que aprobar los créditos que son para el pago de la deuda, pero por la burocracia que hay, estamos estancados”, refirió. Según un censo realizado el primer semestre del año, hubo una pérdida de empleo en el sector de la construcción de unas 38.000 personas, eso sumado a la falta de pagos y reactivación de obras.
“El año 2019 cerramos bastante bien, luego se desaceleró un poco, vino la pandemia, el Estado para mitigar invirtió en obras públicas de modo a poder desparramar un poco y esparcir el dinero en el interior del país a través de las obras, vino el 2020 bastante bien pero a partir del 2021 venimos con un retardo financiero, la cadena de trabajo se está cortando y eso es peligroso porque no existe una proyección de trabajo a futuro”, puntualizó Díaz De Vivar.
El ingeniero dejó entrever que las entidades bancarias están preocupadas porque la deuda que tiene Capaco es precisamente con los bancos. El titular del gremio dijo que es una bomba de tiempo lo que se vive actualmente. “Nosotros les debemos realmente a ellos, y a toda esta situación se debe sumar la inflación de este año, que se disparó en el primer semestre, el ajuste de los precios, el combustible, el hierro, el cemento, todo eso influye en el sector de la construcción, realmente es una bomba de tiempo lo que está ocurriendo”, finalizó.
“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
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El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
Líder Amarilla, senador y dirigente del PLRA
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
Éver Villalba, senador opositor
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
Las deudas con los trabajadores son la alta informalidad y la escasa protección legal
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El 1 de mayo se recordó en todo el mundo el Día del Trabajador en conmemoración de los hechos históricos sucedidos en Chicago, EE. UU., en 1886, que permitieron finalmente el respeto a los derechos de los obreros estableciendo el tiempo máximo de trabajo y otras disposiciones de protección a los operarios de esa época.
Esa fecha histórica es motivo para reflexionar sobre la importancia de la contribución de los trabajadores en la sociedad y la necesidad de crear mayor cantidad de fuentes de trabajo para miles de personas que requieren una tarea adecuada para vivir con dignidad. Esto aparte de lo mucho que se tiene que hacer para que se cumplan efectivamente las leyes de protección al trabajador que en buena parte de la sociedad paraguaya sigue siendo letra muerta.
Celebrando la fecha, el presidente Santiago Peña señaló que el Día del Trabajador es un día para honrar el esfuerzo y la dedicación de cada ciudadano paraguayo. Resaltó que también hay que reflexionar sobre el valor del trabajo digno y la importancia de construir las condiciones para generar más empleos.
“Siempre dije y seguiré repitiendo que el trabajo es el mejor programa social, porque nos da la libertad de crecer sin depender más que de nosotros mismos. Nos dignifica y nos vuelve útiles para nuestras familias y nuestro país”, manifestó en un mensaje dado a conocer desde el Ejecutivo.
Prometió que desde el Gobierno seguirán invirtiendo en la formación de miles de paraguayos para acompañarlos con mejores oportunidades para su crecimiento. “Desde las escuelas hasta la culminación de sus estudios, ya sea con capacitaciones o con becas, porque estar preparado es clave”, precisó.
La preocupación del Gobierno nacional sobre la situación de los trabajadores está fundada en la realidad existente en el campo laboral, donde las personas que trabajan en su mayor parte no están debidamente protegidas como establecen las leyes, y la mayoría está en la informalidad. Un dato clave aportado por el trabajo “Desafíos de seguridad social en Paraguay” publicado en el 2023 por el Viceministerio de Economía indica que solo 2 de cada 10 personas ocupadas aportan a la seguridad social en nuestro país. La última encuesta del INE habla de que el 62 % de los trabajadores son informales y que el 36 % de todos los que trabajan gana menos del sueldo mínimo. Significa que el país se encuentra ante serios desafíos estructurales, como la elevada informalidad y la baja cobertura de seguridad social.
Por eso el jefe de Estado admitió que hay mucho que hacer y resaltó que sueña con un país donde cada paraguayo tenga un trabajo digno, con una buena remuneración, con empleos formales y un sistema de seguridad social fortalecido. “Estamos trabajando para lograrlo porque ese es nuestro compromiso con las familias paraguayas y porque esa es la mejor manera de honrar a quienes cada día, trabajando hacen un país mejor. Feliz Día del Trabajador”, remarcó en su mensaje por el Día del Trabajador.
En su historia pasada el Paraguay no se ha destacado por su reconocimiento y protección a los trabajadores, y en la actualidad existen muchas cosas pendientes. Por ejemplo, el 1 de mayo como Día del Trabajador solo se reconoció en 1902, 16 años después de los hechos de Chicago, y la jornada laboral de 8 horas recién se estableció en 1938, hace 86 años.
Por eso es importante el nivel de conciencia demostrado por las autoridades nacionales que están deseosas de mejorar la situación de los trabajadores. Una de las principales promesas electorales del presidente Peña es la creación de 500 mil nuevos puestos de trabajo para la gente, dado que el mejor premio que se le puede dar a una mujer o a un hombre es un empleo digno que cumpla todas las normas vigentes.
Los organismos estatales como el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social (IPS) tienen una ardua tarea para hacer que se cumplan las normas laborales y de protección social. No se puede admitir que la mayoría de la gente que trabaja continúe en la informalidad y no tenga seguro social. El sector privado debe ponerse al día en ese tema y las entidades públicas deben lograr que se cumplan las disposiciones legales.
El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
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Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
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Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.