Tras varias iniciativas parlamentarias, que plantean reducciones temporales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como medida para acompañar hacia una baja de precios en productos, especialmente alimenticios, ante la alta presión inflacionaria que atraviesa el país, señalaron que dicha acción no garantiza el cumplimiento, debido a que los comerciantes no pueden estar obligados a hacerlo debido a la libre economía.
Al respecto, el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, señaló que una posible reducción del IVA, que es el tributo que mayores ingresos genera al fisco, solo beneficiará a los comerciantes o empresarios.
“Si esto llegara a aplicarse, nadie puede garantizar que el consumidor final se vea beneficiado con una reducción de precios por eliminar o reducir este impuesto, porque al operar Paraguay en una economía de libre mercado, los comerciantes no estarán obligados a bajar sus precios”, expresó Orué en contacto con el Trece.
En ese sentido, recordó que en la pandemia, de hecho, ya se había llegado a esta medida de reducir algunos impuestos como el Selectivo al Consumo y el IVA propiamente en un 50% para algunos sectores específicos como el de gastronomía, eventos, turismo y hotelería que va hasta este junio, y lo que las estadísticas reflejan es que no hubo una reducción en los precios en esos momentos.
Es así que para la SET no es una garantía que el beneficio se traslade al consumidor final, además de que representa un perjuicio para las finanzas del Estado en términos de unos US$ 100 millones por año, según fundamentó el viceministro de Tributación.
Hay que mencionar que la bancada del Partido Patria Querida (PPQ) presentó un proyecto de ley “Que dispone la exoneración temporal del Impuesto al Valor Agregado a los productos de la canasta básica”, con la intención de abaratar costos, en un momento en que el índice de inflación ya alcanzó niveles muy superiores a los de años anteriores.
En ese contexto hay que señalar que, sectores económicos como la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) instan a otras medidas que brinden mayor dinamismo al consumo estancado, como dar preferencia a la producción nacional, de modo de generar mayor circulante, a más de brindar beneficios fiscales.