El Estado paraguayo señala que, en los primeros cuatro meses del 2022, el gasto social aumentó 10%, comparado con el mismo periodo del año pasado. De esta manera, la ejecución desde la Administración Central fue de G. 8 billones, unos US$ 1.195 millones, según el informe elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF).

El documento, divulgado recientemente por el Ministerio de Hacienda, también da cuenta que la prioridad fiscal de los servicios sociales al mes de abril fue del 54%, frente a los demás servicios de la clasificación funcional del gasto.

En ese sentido, se puede observar que, en los últimos diez años, la prioridad fiscal al mes de abril se mantuvo en promedio en un 55%. Asimismo, la estructura del gasto social durante el periodo analizado se compuso principalmente en un 33% por recursos destinados al sector de educación; en segundo lugar, salud con el 26%; en tercer y cuarto lugar, con el 21% y 17%, se encuentran promoción y acción social y seguridad social, respectivamente.

Entre las principales intervenciones sociales, a abril del 2022 se encuentra en primer lugar el Servicio Integral en Regiones Sanitarias y Hospitales de referencia, con una inversión de G. 785 mil millones; y la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, con G. 600 mil millones.

Por otra parte, el concepto Protección Social a familias en situación de vulnerabilidad demandó una inversión de G. 137 mil millones; para Contención y apoyo a los servicios de Salud, G. 116 mil millones; el subsidio habitacional Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), G. 107 mil millones; y para Servicios de Atención Primaria de la Salud, G. 78 mil millones, entre otros.

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Por otro lado, el Ministerio de Hacienda, tras su informe mensual respecto a la Situación Financiera (Sifufin) de la Administración Central hasta abril, reveló que por un lado la inversión tuvo una fuerte dinámica con un crecimiento acumulado del 31,4% mientras que el gasto público también aumentó en un 9,9%.

Con relación al gasto público que también demostró una dinámica con el aumento del 9,9%, se dio en concepto del uso de bienes y servicios que tuvo una participación del 23,6% por compras destinadas a Salud como gastos por COVID-19, pagos importantes a hospitales privados por la utilización de las unidades de terapia intensiva (UTI).

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