Productores de la ciudad de Caaguazú registran innumerables pérdidas en sus cultivos debido a los fenómenos climáticos que sucedieron en los últimos tiempos en nuestro país. Señalan que desde hace tres años enfrentan esa situación por lo que piden asistencia al Gobierno a fin de encontrar soluciones a su problema.
Si bien en el último verano se vivió la situación más crítica en cuanto a la sequía, productores de esta zona del país aseguran que las pérdidas se vienen dando en el campo desde hace mucho tiempo debido a que se registran fenómenos propios de la naturaleza que afectan de forma directa los cultivos.
En ese sentido, Adrián Vázquez, de la Federación Campesina, dijo en comunicación con Universo 970 AM Nación-Media, que pese a que el clima mejoró en las últimas semanas, no pueden recuperarse de la crisis que viven en los campos por lo que piden una urgente asistencia de parte del Gobierno a fin de encontrar una solución al problema que les aqueja.
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“Lastimosamente en todo el país hay pérdida de producción, todos los rubros son perjudicados. Banana, parte hortícola, mandioca, se fundieron la gran parte en el asentamiento, la última tormenta fue un desastre para nuestros cultivos y es una preocupación para nosotros porque desde hace tres años esta cuestión climática está arrasando con nuestro país” señaló.
Explicó que no pueden recuperarse de la sequía, y cuando tuvieron la posibilidad de aprovechar una buena cosecha, la tormenta afectó la producción dejando a muchos productores sin la posibilidad de generar renta en un momento bastante complicado, tanto por las consecuencias de la sequía como por la crisis mundial que genera sobrecostos en la producción.
La preocupación de este sector se centra en los pequeños productores que no están pudiendo volver a sembrar debido a que perdieron hasta el 90% de sus producciones. Sobre ese punto, Vázquez señaló que es el grupo que más necesita de una asistencia de modo a poder volver a trabajar el campo mediante herramientas de producción que piden entregue el Gobierno.
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Pilar: unas 150 familias afectadas por el temporal
El intendente de Pilar, Fernando Ramírez, mencionó que la ciudad ya se encuentra hace más de 20 días en situación de inundación, que afecta a más de 150 familias de la zona de Valle Apu`a. El jefe comunal indicó que están trabajando de manera coordinada entre el gobierno nacional, departamental y municipal para atender las familias.
“Hace más de 20 días estamos atravesando por una situación bastante complicada, concretamente en el distrito de Pilar identificamos más de 150 familias que hace más de 20 días han sido afectadas por la lluvia, por zonas inundadas”, dijo en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Ramírez detalló que tanto el gobierno, la gobernación y la municipalidad están trabajando en varios frentes, por un lado, el desagüe con maquinarias proveído por las tres administraciones. “Un esfuerzo articulado de desagotar las aguas en la medida de las posibilidades con maquinarias de gran porte, maquinarias gestionadas por el gobierno municipal, departamental, nacional, las binacionales también. Por ese tiempo lo hicimos y continuamos haciendo”, afirmó.
Por otro lado, se está trabajando en la asistencia humanitaria que consiste en la entrega de alimentos a las familias afectadas. “En el caso concreto del distrito de Pilar, prácticamente una vez que se ha observado el impacto de la naturaleza en la zona, específicamente de Valle Apu´a, en menos de 24 horas la Secretaría de Emergencia Nacional, el Gobierno nacional ya se hizo presente”, apuntó.
Posteriormente, 15 días después, se realizó una segunda entrega de los alimentos, además contó que se están realizando ollas populares y comedores comunitarios, gestionado por los propios pobladores de la zona. “Estamos de alguna manera paliando en cuanto a lo que es el sustento básico diario de estas familias, eso es algo que estamos monitoreando, esperamos que en la brevedad posible esta situación también pueda mejorar”, apuntó.
Defensa costera
Por otra parte, el intendente se refirió sobre la obra de infraestructura y la defensa costera que servirá para paliar las inundaciones, que en este momento el Gobierno está trabajando en el financiamiento de estas obras, específicamente para la fase b y la fase c. Estas fases se estarían iniciando ya en el segundo semestre de este año y el tiempo estimado para la conclusión de la misma sería de dos años.
“Según el pliego de bases y condiciones, la fase b que es una fase más complicada del sistema de alcantarillado sanitario, los desagües tienen un plazo de hasta 24 meses, y la fase c tiene un año de plazo para la ejecución. Estas fases se pueden llevar adelante al mismo tiempo, pueden iniciar al mismo tiempo porque son obras complementarias, y estimamos que una vez iniciada la obra en dos años pueda concluirse”, sentenció.
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“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
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Indígenas que vivían en precarias condiciones volvieron a sus comunidades
Alrededor de 30 indígenas que se encontraban en situación de calle retornaron a sus respectivas comunidades de origen, tras recibir contención y asistencia por parte de la institución.
Estas personas pertenecientes a los pueblos originarios fueron identificadas por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) durante un trabajo de abordaje en la ciudad de San Lorenzo, informaron desde la institución.
Los mismos pertenecen a comunidades lejanas ubicadas en los departamentos de Caaguazú, Guairá y San Pedro, pero que fueron ubicados en diferentes puntos del departamento Central, viviendo en absoluta precariedad.
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El Indi, tras asistir a estas personas y localizar a sus familiares, facilitó el traslado de las mismas a sus respectivas comunidades de origen, según explicaron en un informe desde la institución.
Este trabajo de abordaje responde al compromiso institucional de velar por el bienestar y la protección de las comunidades indígenas, garantizando el acceso a condiciones de vida dignas y el respeto a sus derechos fundamentales.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.