Luego de que se haya aprobado la ley Petropar, que en principio se había difundido como una que permitiría a la estatal comprar directamente combustibles sin intermediarios, salieron al paso posturas contradictorias así como aclaratorias de que finalmente solo habría paso a más oferentes con menores trámites burocráticos.
No obstante, ante la posibilidad de que la petrolera estatal pudiera acceder al combustible de forma directa, desde la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa) manifestaron que Petropar no tendría las condiciones logísticas necesarias para ello.
“Hoy realmente ellos no tienen el know how para salir a comprar combustible directamente, porque eso significa que tenés que tener alquilado barcos de ultramar y toda la logística y ventanas de carga para traer hasta Paraguay desde el Río de la Plata”, expresó para Unicanal Víctor Yambay, vocero de Apesa.
Ejemplificó una posible situación en caso de pretender adquirir combustible procedente de Rusia, se entrega a la refinería el petróleo en bruto y de ahí la estatal local tendría que hacerse cargo de todo, desde el flete, de las verificadoras de calidad, cantidad y todo lo que es la seguridad del viaje, explicó.
Condiciones de compra
Es así que para realizar compras directas es preciso contar con condiciones para acceder a barcos grandes para transportar combustible en grandes cantidades, porque de hecho las refinerías no veden uno o dos millones de litros, sino en cantidades mucho mayores, refundó Yambay.
Hay que mencionar que se trata de la ley “por el cual se exceptúa a toda persona jurídica dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocombustibles del cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes Nº 2051/2003 y Nº 6355/2019 y sus modificatorias”, que fue aprobada por el Congreso y ahora se aguarda su promulgación.
Desde la estatal aclararon sin embargo que lo que esta ley dice es, que si el Poder Ejecutivo promulga la ley aprobada por Diputados, se eliminará la declaración de bienes y rentas, lo que permitirá que mayores oferentes participen de los procesos de licitación, pero que no se eliminará la intermediación ni tampoco supone la reducción en el precio.