El proyecto de ley que pretende liberar a Petropar de intermediarios en la compra de combustibles es uno de los temas puestos a consideración de los parlamentarios, que si bien ya tiene media sanción por parte de los senadores, se aguarda el tratamiento en Diputados; está siendo consensuado por distintos especialistas sobre su implicancia y beneficio real.
Al respecto, el economista y exministro de Industria, José Luis Rodríguez Tornaco, fue incisivo en sugerir que la finalidad de dicho proyecto no está vinculada al beneficio propiamente para los consumidores finales porque no se trata de que el combustible se reduzca en el precio, y que más bien pareciera tener un trasfondo político.
“Si el propio director de Gabinete de Petropar salió ayer a decir que no iba a bajar el precio, entonces cuál era el objetivo de los camioneros. Esto tiene un trasfondo político, y evidentemente forma parte de un canjeo para el financiamiento de las campañas”, atribuyó Rodríguez.
Lo dijo en entrevista para la 1020 AM al ser consultado sobre su parecer con relación al citado proyecto de ley “por el cual se exceptúa a toda persona jurídica dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocombustibles del cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes Nº 2.051/2003 y Nº 6.355/2019 y sus modificatorias”.
Hay que mencionar que el director de Gabinete de Petropar, Willian Wilka, indicó que el proyecto de ley no implica una reducción directa en el precio de los combustibles, ya que lo que prevé es sumar más proveedores, lo cual no significa una promesa de bajar los precios, pues el país siempre dependerá del contexto internacional y de la cotización del petróleo.
Para el economista, el único motivo que subyace es algún tipo de operativo que genere un lucro para el sector, refiriéndose a los camioneros, lo cual no es algo nuevo porque en Argentina están acostumbrados a presionar al gobierno para gozar de los subsidios, según aseveró.
Dicha situación le parece interesante para llevarlo a un nivel más elevado de análisis, pero dijo que lo cierto es que también es preocupante para la ciudadanía debido al contexto económico complicado que se atraviesa con la presión inflacionaria y la suba generalizada de precios, con lo que “G. 100 mil ya no alcanzan para el supermercado”, dejando a interpretar esto como un tinte político.