Sandra Noguera, gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), se refirió a la situación de los camioneros con respecto al cierre de rutas. Calificó la medida adoptada por los gremios como un acto ilícito debido a que atenta contra los derechos de terceros.
En comunicación con el canal Pro, la gerente señaló que si bien existe el derecho a manifestarse, el mismo está regulado a fin de no sobrepasar el de terceros, pero apuntó que en las condiciones en las que se realizan estas manifestaciones se está vulnerando todo tipo de derechos dejando a muchas personas sin la posibilidad de transitar libremente en todo el territorio nacional.
“Nosotros tomamos toda amenaza de cierre de rutas como un acto ilícito porque si bien está el derecho a manifestarse, este derecho tiene límites y esos límites están dados por no vulnerar otros derechos y garantías que tenemos todos los paraguayos, que es el libre tránsito de bienes y personas por todo el territorio nacional. Nosotros tomamos esta amenaza como muy grave”, dijo Noguera.
Explicó que la situación en el país no es la mejor y la economía no se encuentra en condiciones de enfrentar un nuevo golpe con los cierres atendiendo a que el año pasado generó muchas pérdidas la medida que duró más de un mes. Por ello, pidió que las autoridades pertinentes actúen de forma rápida para evitar que se repita ese episodio que complicó al sector productivo e industrial.
“Todos los sectores de la economía estuvieron muy golpeados, todos los sectores económicos activos sufrieron en alguna medida pérdidas en su producción, nosotros también, las industrias aceiteras tuvimos inconvenientes en el cumplimientos de nuestros contratos porque no podían llegar las materias primas, eso significó pérdidas también para nosotros”, aseguró.
Explicó que las cifras que manejan en cuanto a pérdidas sobre ese acontecimiento que duró más de un mes llegaron a más de US$ 30 millones por día de las que se recuperaron con muchas complicaciones. Señaló que por ello consideran como un acto ilícito esta medida debido a que no dejaron trabajar a las personas que no se adherían a sus reivindicaciones.