Uno de los temas más abordados a nivel nacional durante los últimos días es la ley que eleva la cantidad de años de pena por cierres de ruta, así como las propias movilizaciones a raíz de la escalada de precios de los combustibles.
Lo cierto y concreto es que cada vez que se realizan estas medidas de fuerza, que si bien nadie está ajeno a reclamar y a manifestarse, paralizan las actividades de muchos sectores económicos y a la ciudadanía en sí, provocando un estallido social que a nadie favorece.
Los distintos sectores opinan con sus fundamentaciones y el referente empresarial y extitular de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) Christian Cieplik consideró que en primera instancia se debe hablar bien entre las partes y no llegar al “teléfono cortado”.
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“Es mucha incertidumbre el no poder saber si sigo o no sigo, si envío o no envío los camiones proveedores. Los bloqueos son muy perjudiciales porque generan pérdidas que ya no se recuperan, como en el caso de los productos vivos como la leche, porque muchas veces se llega a tirar los alimentos a la basura”, lamentó Cieplik.
Precautelar los derechos
Es así que con base en tales situaciones registradas, es preciso precautelar los derechos de todos, dijo, al tiempo de remarcar que nadie pretende criminalizar nada, sino que se apliquen las penalizaciones con relación al proyecto de ley que aumenta la penalización a los que ejercen el bloqueo de rutas.
“Nadie es dueño de la verdad y nadie puede ser más que el otro, todos somos iguales y complementarios, pero no nos podemos perjudicar más por factores exógenos”, agregó el referente gremialista.
Hay que mencionar que en la mañana de este miércoles, un grupo de distintos gremios empresariales y productivos sentó postura de rechazo en contra de las movilizaciones, incluidos cierres y bloqueos de ruta, exigiendo la aplicación de leyes que penalicen tales actos, pues van en contra del derecho al libre tránsito y a la circulación de todo ciudadano paraguayo.