Gremios empresariales de diferentes sectores productivos del país sentaron postura este miércoles con relación a las constantes movilizaciones y cierre de rutas por parte de camioneros a nivel país, que conllevan a pérdidas económicas. Exigen a las autoridades nacionales la creación de leyes disuasivas que permitan ejercer el derecho al libre tránsito y circulación, pues consideran que ningún habitante puede ser rehén permanente y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el desplazamiento libre por todo el territorio nacional.
Fue durante una conferencia de prensa encabezada por el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, quien señaló que la postura no se trata de una discusión si los ciudadanos tienen o no derecho a protestar, como interesadamente algunos sectores lo plantean, sino más bien si se seguirá permitiendo o no, que un grupo de personas coaccionen al resto de los paraguayos, provocando peores crisis a las que ya vive el país.
“Ante este escenario necesitamos reactivar la economía y esto solo es posible trabajando y que cada paraguayo pueda llegar a su destino con absoluta normalidad para el desempeño de su jornada, ya sea laboral o para situaciones vinculadas a la salud, la educación o de otros ámbitos”, expresó Duarte.
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Cuantiosas pérdidas
A su vez, Beltrán Macchi, representante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), manifestó que los bloqueos anteriores ya representaron pérdidas del millón de dólares por día a todos los sectores que precisan circular por el país para trabajar, según estimaciones, por lo que el perjuicio se da en toda la cadena, todos los niveles y servicios, indicó.
“Queremos mandar una señal muy clara de que el modelo de país que queremos es el de un país que trabaja para salir adelante, por eso necesitamos de una ley que dé herramientas para evitar estos bloqueos”, remarcó Macchi.
Luego de pronunciar el discurso, en una ronda de preguntas los voceros fueron consultados sobre el derecho a manifestarse, a lo que respondieron que eso no está en discusión, pero lo que no es aceptable es que algunos sectores estén “enarbolando la bandera del derecho a manifestarse”, obviando las garantías constitucionales de los demás ciudadanos, que no pueden ser objeto de discusión alguna, pues “todos debemos respetarla en igualdad de condiciones”, sentenciaron.
Así también, objetaron que no se pueden tolerar los chantajes, extorsión o el entorpecimiento del desarrollo de todas las actividades de la ciudadanía, pues si bien todos tienen derecho a pensar distinto incluso, las instancias legalmente constituidas están para ello y el camino del diálogo es el más equilibrado para lo cual están abiertos, de modo de construir las políticas públicas que tanta falta hacen para los sectores más vulnerables, aportó el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli.
Ley antibloqueo
Por lo tanto, los gremios sostienen que el proyecto de ley que plantea elevar las penas de cárcel contra personas que realizan cierre de rutas es un instrumento válido de política pública que los sectores representados apoyan y defienden con convicción, por lo que piden al Poder Legislativo considerar dicha propuesta que será de suma importancia para el país.
“Reiteramos, el proyecto de ley en referencia se constituirá en un valioso instrumento de política pública que el Paraguay necesita de forma urgente para garantizar la previsibilidad, atraer inversiones, generar empleos dignos y proyectar un desarrollo social y económico sostenible. Sin esto, nos queda la informalidad y el aumento de la delincuencia”, acotaron los referentes.