Si bien desde los distintos sectores entienden el derecho a manifestarse en reclamo de algún hecho o contexto, como lo es el tema de los altos precios de los combustibles, lo que no están de acuerdo es que para hacerlo se tenga que atentar o incidir en el trabajo de otros rubros, situación que se da con corte de rutas.
Al respecto, desde la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) sentaron postura y anunciaron que están a favor de las manifestaciones, pero en contra de los bloqueos, debido a que se violan derechos consagrados en la propia Constitución, el libre tránsito y a la libre circulación de productos en todo el territorio nacional. “Los cierres de ruta afectan a las personas que deben trabajar. Tenemos camiones que deben transitar y si no pueden, no podemos producir”, expresó a la 1020 AM Daniel Díaz de Vivar, presidente de la Capaco.
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Con relación a la coyuntura de precios y la crisis desatada, manifestó que para ellos fue un desfasaje total cuando se aplicaba el subsidio a Petropar, pues las empresas constructoras se abastecen de los emblemas privados.
Incrementos en todos los insumos
El titular de la Capaco señaló además que el sector de la construcción no enfrenta solo los aumentos de precios de los combustibles, pues todos los insumos como el hierro, el cemento y todo lo que tenga incidencia también se incrementaron, al igual que el asfalto, el plástico y el vidrio, en un promedio de 12% a 18%, pero no por eso se sale a bloquear rutas.
Por ello, como gremio también afectado, emitieron un comunicado a la opinión pública en el que ratifican la posición de “irrestricto cumplimiento a las leyes nacionales, siendo inadmisible la violación de derechos consagrados en la propia Constitución Nacional. “Exhortamos al Gobierno a arbitrar las medidas necesarias para asegurar el libre tránsito en las rutas”, señala el comunicado.
Sostienen que la problemática del precio del combustible solo puede resolverse por la vía de la transparencia en la estructura de costos, de manera que los actores de los distintos sectores económicos, tanto público como privado, encuentren los ajustes a los precios a tiempo convenientes, sobre la base de la información confiable, y sin lugar para la especulación.
Por último, Díaz de Vivar indicó que el comunicado iba dirigido a la opinión pública, pero hoy remitirán otro a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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