Ante la aprobación por la Cámara de Senadores del proyecto de ley que autoriza subsidiar el precio de los combustibles a Petropar durante dos meses con posibilidad de ampliar a 90 días, desde el sector privado dieron a conocer su posición de disconformidad al respecto a más de advertir que atenta contra el trabajo de muchas empresas y colaboradores.
A través de un comunicado a la opinión pública, las empresas importadoras y distribuidoras de combustibles asociadas a los gremios Dicapar (Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay) y Capidac (Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles), señalan que el proyecto de ley “Fondo de estabilización del precio de los combustibles derivados del petróleo en la República del Paraguay” fue elaborado enteramente por el Equipo Económico Nacional sin participación de las empresas del sector privado.
Los gremios ratifican que en todo momento demostraron la mejor buena voluntad para trabajar en las distintas mesas técnicas a las que fueron convocados por las autoridades nacionales, para encontrar puntos en común a fin de atenuar los efectos de la suba de los precios internacionales de los derivados del petróleo, del cual son absolutamente ajenos, mencionan.
Alegan que los precios comercializados por las privadas reflejan y acompañan las cotizaciones internacionales de los derivados del petróleo, pues en los últimos meses y particularmente en las semanas recientes, el incremento en estas cotizaciones resulta en aumentos de precios de combustibles en todo el mundo, no siendo una excepción la región ni el país.
Competencia desleal
Por lo tanto, consideran que es evidente que Petropar, de manera unilateral, comercializa sus combustibles por debajo de los precios internacionales de importación, resultando en una “competencia desleal que pone en riesgo la continuidad operativa de las empresas privadas de combustibles incluyendo el sector minorista que genera más de 30.000 puestos de trabajo”, expresa el comunicado.
En otro punto, recuerdan los antecedentes con nefasto resultado de la aplicación de subsidios a la comercialización del gasoil por la estatal entre el 2008 y 2009, que resultó en la deuda de US$ 300 millones con PDVSA, aún impaga y en litigio en tribunales de París.
Por tales motivos, manifiestan que están en total desacuerdo con cualquier medida que distorsione las reglas del libre mercado con medidas inconstitucionales y discriminatorias contra el sector empresarial privado, sean subsidios o acciones llevadas a cabo por instituciones o empresas del Estado.
“Rechazamos todo intento de canalizar a través de nuestras empresas fondos de empréstitos públicos con el solo fin de solucionar asuntos políticos que escapan a nuestro manejo”, remarca el comunicado.
Igualmente, se solidarizan con todos los sectores más vulnerables al descripto contexto internacional, a más de insistir en la libre competencia como medio de preservación de las empresas y por consiguiente, de los empleos y la forma de vida que ha caracterizado al país en las últimas décadas, finaliza diciendo el documento.