Esta mañana, las empresas importadoras y distribuidoras de combustibles asociadas a los gremios Dicapar (Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay) y Capidac (Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles) emitieron su comunicado en rechazo total del proyecto de ley que autoriza subsidiar el precio de los combustibles a la empresa estatal Petropar.
En tanto, recalcan que no están en contra ni a favor de las medidas que tomaron las estaciones de servicio, pero alegan que el sector privado está pasando por una “dura situación” comercial. Así afirmó Ian Dobereiner, CEO de Raízen en Paraguay, licenciataria de la marca Shell, en comunicación con La Nación.
Dobereiner aclaró que las distribuidoras ven de cerca lo que están viviendo los operadores de combustibles y creen que hay una competencia desleal con lo que está pasando con Petropar. En ese sentido, mencionó que el gremio se estará reuniendo nuevamente esta tarde para sentar su postura sobre las medidas comerciales realizadas por el sector de emblemas privados.
No es medida de fuerza
Desde la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa) aclararon que la decisión de recortar sus horarios de atención desde hoy no es una medida de fuerza, sino más bien una medida comercial.
“Cada estación de servicio va a decidir en dónde reducir los costos en el turno noche. Normalmente tenemos el más caro que es la electricidad, que pondera mucho dentro de nuestro presupuesto, así como el de recursos humanos, en la carga horaria que afecta a mucho, por lo que seguro habrá disminución de personales”, dijo el presidente del gremio, Miguel Corrales.
Recursos sin transferencias
Más temprano, el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, abordó el alcance del proyecto que subsidia combustibles de Petróleos Paraguayos (Petropar), aprobado en el Senado este miércoles último, el cual no permitirá recurrir a ningún financiamiento externo, pero se le autoriza al Ministerio de Hacienda permitir temporalmente a la petrolera estatal disponer de sus recursos sin tener que realizar las transferencias.
Dicha disposición tendrá que ser compensada una vez que los precios de los combustibles se reduzcan con la aplicación gradual del impuesto selectivo al consumo (ISC). El proyecto contempla a la vez la prohibición no solo temporal, sino permanente de todo tipo de beneficios, sean vales de combustible, asignación, exoneración a autoridades como funcionarios de todos los poderes del Estado, incluyendo entes autárquicos y municipios.