El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de investigada entidad bancaria.

“Creo que la comparecencia de los representantes de la entidad bancaria nos deja aún algunos interrogantes. En este caso, intervenimos porque hay una carpeta abierta sobre Cabeza Branca; la fiscal Lorena Ledesma advierte que, a través de bancos de plaza, se había lavado dinero del narcotráfico”, expuso el congresista.

Leite remarcó que el caso también se relaciona con Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez había sacado uno de los créditos de la mencionada entidad bancaria y, al respecto, llamó la atención a la CBI que el banco investigado no elaboró la debida diligencia.

“Ellos aducen haber mirado los flujos de caja y los flujos proyectados de un negocio ganadero, pero el codeudor, Gilberto Suárez, aparentemente no fue investigado y el banco no sabía quién era. Le dieron USD 4 millones, que con los intereses llegaba a USD 6 millones y medio”, explicó el parlamentario.

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Otro punto tratado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a USD 5 millones por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante un período en 2013. Presuntamente los fondos habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en la citada entidad bancaria.

“Nos llamó la atención que los representantes del banco no pudieron contestar la denuncia que hace la Conmebol. Quedamos en que le elaboraríamos un memo de los temas pendientes al respecto”, señaló Leite, agregando que también se analizó el tema de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS).

El congresista indicó que los representantes de la entidad bancaria han reconocido el pago de obras, a pedido del director de mantenimiento del IPS, lo cual no estaba explícito en el contrato. “La Fiscalía está investigando los tres casos, pero lo que queremos es que la justicia se expida más rápido, para imputar o desestimar”, sentenció.

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El senador Gustavo Leite se mostró partidario al pedido realizado por el sector de los cañicultores, de mantener las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación de la ley sobre fomento a los combustibles, en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas.

“Tener una ley que no tenga sanciones es condenar a los cañeros. Aquí siempre el pato de la boda han sido los cañeros y esto ya no puede continuar porque vamos a terminar imponiendo pobreza extrema y sacarle su rubro a la gente más vulnerable”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Leite surgieron ante el anuncio realizado por los cañicultores quienes desde este jueves comenzarán a realizar cierres intermitentes de ruta en varios puntos del país como medida de protesta contra el veto parcial del Ejecutivo.

“El gobierno no le puede dar la espalda a sus ciudadanos. Estas manifestaciones ahora hacen que el problema sea mucho más evidente e imagino que lo antes posible nosotros atenderemos este tema. A nadie le conviene tener a la gente manifestándose en las calles y a nadie le conviene tener a cañeros condenados a la pobreza extrema por inacción de su propio gobierno”, indicó.

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El legislador recordó que en plena campaña política en el 2022, en la localidad de Ñumí, departamento del Guairá, el mandatario Santiago Peña y el vicepresidente de la República Pedro Alliana mantuvieron un encuentro con un total de 3.000 cañicultores para escuchar sus reclamos y buscar soluciones a las problemáticas del sector.

“El reclamo fue el incumplimiento manifiesto y seguido de la Ley 5444/15 de biocombustibles. Lo que se trató (el proyecto de modificación vetado) fue lo que se pactó con los cañeros, fue la promesa de campaña en el 2022″, refirió.

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El senador Gustavo Leite requirió al Ministerio Público celeridad en sus investigaciones para someter ante la justicia a los responsables de la rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS) en el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Dónde están las anteriores autoridades del IPS para dar la cara en este acto criminal. Alguien o muchos tienen que ir presos, esa es la verdad. El fideicomiso fue constituido con una muy buena intención y desvirtuarlo tiene que tener sus responsabilidades. Espero que en este caso la Fiscalía investigue y no tarde siete años como en la causa de Cabeza Branca”, indicó.

La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“Los responsables tienen que pagar porque caso contrario los perros se seguirán animando a desfondar al Estado. El IPS tiene 900.000 cotizantes más o menos y más de 100.000 jubilados, entonces le jodieron la vida a 1.000.000 de personas más sus familiares. Esto debe ser castigado con todo el peso de la ley”, sostuvo en el programa “La Caja Negra” emitido por Unicanal.

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Leite no descarta que los G. 828.000 millones hayan sido utilizados por el abdismo para costear sus campañas políticas. “Yo voy a decir lo que hicieron, le dieron plata a los perros en campaña, sobrefacturaron e hicieron obras fantasmas. Esto es típico de Marito o acaso no le conocemos a la bestia”, dijo el parlamentario.

Una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

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El senador Gustavo Leite aseguró que la reciente aprobación del proyecto de ley que transparente los fondos que reciben las organizaciones sin fines de lucro no se basa solo en la cuestión económica, sino que también en una lucha cultural para la defensa de los valores del país. En una entrevista con un programa argentino, destacó que Paraguay podría ser ejemplo para otros países que hacen frente al avance del globalismo.

En conversación con el programa argentino “Pilares de Mi Ciudad”, el senador paraguayo Gustavo Leite, exministro de Industria y Comercio y una figura clave en la política del país, abordó temas de relevancia tanto para Paraguay como para la región, destacando entre ellos el avance de un proyecto de ley que busca transparentar los fondos recibidos por las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en sectores claves del país. Esta iniciativa, que ya ha sido aprobada en el Senado, surge en medio de una creciente preocupación sobre la influencia de ciertas ONG en la política interna y la cultura paraguaya.

Leite habló sobre el propósito central de esta legislación, que es regular y hacer transparentes los fondos que reciben las ONG que trabajan en áreas tradicionalmente manejadas por el Estado, como la educación, los pueblos indígenas y el medio ambiente.

Según explicó el senador, el objetivo principal es que estas organizaciones, que muchas veces son financiadas por capital extranjero, rindan cuentas de manera clara sobre el origen y destino de sus fondos. Esto responde a una preocupación que ha crecido en el seno de la política paraguaya respecto a la posible injerencia de agendas externas a través de estas entidades.

Leite señaló que, aunque las ONG tienen un papel importante en la sociedad, existe la sospecha de que algunas operan con una agenda oculta que va más allá de sus fines declarados. Estas organizaciones, dijo, pueden llegar a tener una influencia considerable en la toma de decisiones políticas y en la gobernanza del Estado sin tener la responsabilidad o el escrutinio que tienen los actores políticos tradicionales.

“Lo que hace esta ley es transparentar a dónde va la plata. En general, las ONG solamente gastan en sueldos de ellos mismos. Y bueno, que la gente, el pueblo paraguayo, juzgue. Porque en realidad, las ONG son un quinto poder que no paga impuestos, que quiere ingerir en políticas públicas y que quiere ser parte de la gobernanza. Pero todo lo que sale mal es responsabilidad de los gobernantes y no debería ser así”, expresó Leite en la entrevista, dejando claro que su postura no es anti-ONG, sino a favor de un mayor control y transparencia en su funcionamiento.

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El senador fue enfático al señalar que el fondo de esta legislación va más allá de lo económico. Para él, la ley es también una herramienta para proteger la cultura y los valores paraguayos ante lo que denominó una “infiltración” de ideologías extranjeras a través de estas organizaciones. En particular, destacó la influencia de la llamada “ideología de género”, que considera que se ha promovido a través de ciertas ONG en las escuelas y otras instituciones educativas.

Leite sostuvo que Paraguay está enfrentando una “batalla cultural”, similar a la que se vive en otros países, en la que las ideologías progresistas intentan imponer valores que no son compartidos por la mayoría de los paraguayos. Según él, la resistencia a estas ideas no es un rechazo a la diversidad, sino una defensa de las tradiciones y la libertad que caracterizan al país.

“Nosotros celebramos la libertad, creemos en la tolerancia, pero no creemos que una minoría nos tenga que imponer valores culturales que no son nuestros”, afirmó el senador, en referencia a las posturas de género que se debaten a nivel global. Leite cree que las ONG han sido el vehículo para la entrada de estas ideas, y la nueva legislación busca limitar ese tipo de injerencia, sin coartar la libertad de asociación o la capacidad de estas entidades para operar dentro de la ley.

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Leite sugirió que este tipo de regulación podría ser un modelo para otros países de la región que también enfrentan lo que él llamó una “contaminación ideológica”. El senador cree que Paraguay tiene una oportunidad única de mantenerse firme ante estas influencias externas, gracias a su fuerte apego a los valores tradicionales y la religión.

A su vez, dejó claro que la ley no está diseñada para limitar las actividades de las ONG que trabajan en favor del desarrollo social y económico del país, sino para evitar que agendas ajenas se inmiscuya sin el conocimiento público.

Fue claro en su postura sobre el financiamiento externo, señalando que, aunque muchas veces las ONG presentan proyectos con títulos atractivos, como la lucha contra la corrupción o la mejora de la educación, en muchos casos los recursos terminan siendo destinados a salarios altos para los propios trabajadores de las organizaciones, sin un impacto real en la sociedad.