El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que este lunes firmó un decreto por el cual libera los puestos de peaje pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con motivo de la Semana Santa. A fin de que los paraguayos que aprovechen estos días feriados para visitar el interior del país puedan hacerlo de manera más ágil, tanto en la ida como durante el operativo de retorno.

El jefe de Estado, que se encuentra realizando su jornada de gobierno en la ciudad de Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo, aprovechó la presencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, para anunciar lo que ya venían conversando días atrás.

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Al respecto, informó que durante esta Semana Santa se liberarán los 16 puestos de peaje que pertenecen al MOPC, en dos fechas claves: este Miércoles Santo, 16 de abril, de 12:00 a 23:59. Luego, para agilizar el operativo de retorno de los compatriotas que viajaron al interior, quedarán liberados por 24 horas el Domingo de Pascua, 20 de abril, de 00:00 a 23:59.

“Cada Semana Santa se observa un flujo muy importante de compatriotas que se trasladan al interior, ya sea para visitar a padres, abuelos o simplemente hacer turismo interno. Se registran unos 160.000 viajes a través de los peajes. Hemos estado trabajando en un proceso de agilización de los peajes, porque queremos que la gente pase más tiempo con sus familias y menos tiempo en las rutas”, expresó.

Asimismo, informó que el MOPC está trabajando para agilizar aún más ese paso de peaje implementando mecanismos tecnológicos pero que aún no se está contando. Por ello, han decidido levantar los puestos de peaje a nivel nacional por dos días, en el marco de los viajes de ida como el operativo retorno.

A su turno, la ministra Centurión señaló que es una medida que busca que la gente pueda estar más tiempo con su familia o en su lugar de destino, visitar iglesias, y promover el turismo interno.

Explicó que las 12 horas de liberación de los puestos de peaje el miércoles santo se deben al mayor flujo de viajeros ese día. Asimismo, para el operativo de retorno del domingo, se establecen 24 horas de liberación.

Se libera en los 16 puestos de peaje del MOPC. En este punto quiero aclarar que la Ruta PY02 queda exceptuada de esta medida, dado que tiene dos concesionarios operando en esta vía: Ruta del Este y Tapé Porá. Ellos quedan exceptuados de esta medida porque están bajo una condición contractual — aclaró.

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Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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El programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN/Nación Media, fue espacio para del debate sobre la campaña de sabotaje contra el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, impulsado por poderosos medios de comunicación en alianza con políticos de la oposición y disidentes colorados. Los ataques no se limitan contra la administración del economista, sino que también alcanza a su base de sustento político el Partido Colorado y su titular Horacio Cartes.

“Lo que queda claro es que hace rato cruzaron la línea del periodismo a la militancia política. Es normal que los medios de comunicación sean un contralor más del Gobierno en cualquier democracia del mundo, lo que no es normal es que los medios de comunicación y los periodistas de esos medios asuman el rol de la oposición”, refirió el senador Gustavo Leite.

Los ataques sistemáticos son desplegados principalmente por el Grupo Abc y Última Hora, de acuerdo a las denuncias realizadas por el entorno político del mandatario, quienes constantemente alegan que no ejercen el papel de una prensa crítica que señala problemas e impulsan el debate sobre posibles soluciones, sino que falsean con alevosía los hechos de la realidad y permanentemente buscan crear un clima de inestabilidad.

El único objetivo según sus afirmaciones es boicotear la presidencia de Peña y erosionar su legitimidad con la única finalidad de producir la alternancia que tanto desean, sin contar con un proyecto nacional que logre cautivar a los paraguayos.

“Una cosa es contar los hechos y otras demonizarlos. Hay un grupo de la oposición que se levanta y lee lo que quiere Abc y Última Hora, pero hay otros que tienen su propio criterio. De que estos medios tienen una agenda, lo tienen. Yo creo que el Partido Colorado es un impedimento para que los dueños de comunicación sean los verdaderos patrones del Paraguay. Ya son patrones en varios sectores, pero ahora quieren agarrar el poder total”, dijo Leite.

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Entre las campañas colosales de manipulación de la información lanzada por ambos medios días atrás en forma coordinada guarda relación con un supuesto conflicto de intereses cometido por Peña en su anterior vínculo empresa­rial con ueno Holding. Esta artimaña es acompañada fuertemente por parlamentarios de la oposición y disidentes colorados quienes plantean someter al mandatario a un juicio político.

Sin embargo, Leite manifestó que sí constituye un “hecho asqueroso” de tráfico de influencia y conflicto de intereses las ganancias exponenciales que registraron las empresas de asfalto del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, durante su periodo de gobierno. Este hecho es totalmente ninguneado por los medios de comunicación que fungen como sus aliados.

Mientras que su colega del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, rechazó que la oposición responda a los intereses políticos y económicos de ambos grupos de medios. “De ninguna manera en mi caso particular y creo que de una gran mayoría de la oposición no seguimos la agenda de nadie, nosotros somos la voz de esa expresión de la ciudadanía”, refirió.

El legislador alegó que toman nota de las publicaciones periodísticas debido a la existencia de “hechos concretos”. No obstante, reconoció que el sector político debería abocarse en congeniar sus ideas y elaborar estrategias con miras a las futuras elecciones.

“Debemos producir resultados y que seamos propuesta de solución para lo que se viene en el futuro, en esto tenemos que trabajar. La tarea de los liberales es fortalecer nuestra institución, proponer programas de gobierno que sean superadores y finalmente construir un proyecto político con todos los sectores de la oposición”, comentó.

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“Yo creo que Mario Abdo Benítez incurrió en hechos de corrupción, hay indicios suficientes”, dijo el senador Antonio Barrios, al referirse en torno a las ganancias exponenciales del exjefe de Estado mediante la venta de asfalto. El exembajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, pasó por alto esta situación y junto al líder de Fuerza Republicana impulsó un esquema de persecución política contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“Sus empresas tuvieron un crecimiento exponencial durante la pandemia. Nos llama muchísimo la atención la forma en que el exembajador Ostfield defendió a Abdo mediante datos sesgados, medias verdades y mucha manipulación”, sostuvo en una entrevista con La Nación/Nación Media.

Las declaraciones de Barrios surgieron tras la filtración de un documento enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus firmas Aldia S.A. y Createc S.A., lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria por el covid-19.

“Abdo Benítez acompañado por sus exministros produjeron documentos no auténticos y eso enviaron al Departamento de Estado del país norteamericano. Ellos configuraron un terrorismo de Estado y esto lo denunciamos desde el inicio de todo este operativo. Era evidente que había una alianza entre Ostfield y Mario Abdo contra el expresidente Cartes”, indicó Barrios.

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El diplomático alegó que “Abdo Benítez” era víctima de una persecución política y que todas las ventas de sus empresas fueron concretadas en el sector privado y no al gobierno. Lo que Ostfield obvió en su inexplicable complicidad es que la denuncia provino de organismos estatales como la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Además terminó ninguneando el “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc. “Durante el gobierno de Abdo Benítez se hicieron una gran cantidad de rutas y asfaltos, sin respaldo presupuestario y esto es algo muy llamativo. Todo esto obra en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, evidentemente acá el Ministerio Público debe establecer una investigación de oficio (sobre el crecimiento exponencial de sus empresas)”, sentenció Barrios.

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