El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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El diputado Pedro Gómez planteó a la Comisión Per­manente la convocatoria de una sesión extraordina­ria de la Cámara de Dipu­tados para el próximo miércoles 5 de febrero, para tratar el proyecto de ley que deroga la Ley n.° 7447/2025, que modi­fica el artículo de la Ley n.° 620/1976, la cual esta­blece el régimen tributario para las municipalidades de 1.ª, 2.ª y 3.ª categoría, modificado por la Norma n.° 135/1991.

El legislador pidió avan­zar con este proyecto de derogación de los costos de patentes vehiculares y dar una respuesta a la ciuda­danía lo más pronto posi­ble, con una nueva norma­tiva que debe involucrar a todos los sectores.

“La idea de la unifica­ción de repente podría ser buena, pero creo que fue una ley mal conce­bida, por decirlo de alguna manera, fue muy contro­versial, sobre todo para la gente trabajadora. La idea es, como esto ya hoy es ley, derogar y de ahí en más trabajar en una más con­sensuada con los intenden­tes, con los concejales, con la sociedad misma para sacar realmente algo que beneficie por sobre todo a la gente”, indicó en entre­vista a la 780 AM.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso aprobó la convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, para el próximo miércoles 5 de febrero, a partir de las 09:00 horas para tratar la propuesta de derogación de la Ley que unifica las tarifas de patentes vehiculares en los municipios.

El día lunes, el diputado Alejandro Aguilera había presentado el proyecto de Ley que deroga por completo la ley que entró en vigencia en diciembre pasado, debido a la serie de cuestionamientos por los costos establecidos para los rodados.

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El diputado Pedro Gómez indicó que espera se derogue la ley vigente que ha sido muy controversial, y a partir de ahí se comience un nuevo estudio para establecer unas tarifas vehiculares unificadas, acorde a los tipos de vehículo, su procedencia y el año de creación. “La idea y el fin fueron buenos, pero no se tuvieron en cuenta que esta ley afecta, por sobre todo, a la gente trabajadora”, expresó.

Mocionó la convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para la próxima semana, a fin de analizar el proyecto presentado por su colega Alejandro Aguilera y poder estudiarlo.

El diputado proyectista, Alejandro Aguilera, lamentó que la ley vigente haya sido mal constituida y que no tuviera los efectos esperados. “Hemos visto que todos los intendentes del país se han manifestado en contra, vemos que varios parlamentarios ya están trabajando en propuestas de modificaciones. Pero esta Ley ya está vigente y debe ser aplicada y lo que no queremos es que se vuelva a meter modificaciones a las apuradas para poder corregir el error”, explicó.

Añadió que la propuesta ahora es derogar por completo la normativa, y luego convocar a todas las instituciones afectadas, intendentes, Opaci, agencia vial, diputados y senadores que ya están anunciando proyectos de modificación y se trabaje en una nueva ley que, si beneficie a la ciudadanía, pero sin perjudicar a los municipios.

“El espíritu de esta ley fue noble en su principio, porque lo que se buscó evitar la migración de los contribuyentes de las municipalidades de primera categoría a los de segunda y tercera categoría con relación al costo de las habilitaciones. Pero creo que debemos darle una mirada más integral, que sea un proyecto más amplio y de esa manera sacar una ley que sea verdaderamente buena”, acotó.

Ell diputado Santiago Benítez, acompañó la propuesta de convocatoria a sesión de Diputados, para derogar esta normativa teniendo en cuenta que fue más en perjuicio de la ciudadanía, que a las municipalidades de categoría A.

“Absolutamente todos buscan municipios de menor categoría para pagar su habilitación y en realidad con esto no se favorece a ningún municipio. Estoy de acuerdo que se derogue esta normativa, pero inmediatamente buscar una solución sobre esta situación y hacer que la gente tribute en su ciudad, donde reside”, expresó.

El diputado Néstor Castellano señaló que ya están trabajando con todos los intendentes de la República del Paraguay agremiados, ya mantuvieron 3 a 4 reuniones con los presidentes de las asociaciones de intendentes de los diferentes del país, encabezados por el jefe comunal de Guarambaré, Oscar Cabrera, actual titular de Opaci. Así como los diferentes actores que tienen legitimidad activa en esta materia.

“Hemos conversado mucho sobre la intención de esta Ley, que es muy importante y bastante interesante. Pero no se puede sostener el bienestar de un municipio de menor categoría en detrimento de otro municipio vecino, violentando la ley, incumpliendo de la Ley que siempre estuvo vigente sobre el cumplimiento tributario, la Ley 620/76, en donde lamentablemente muchos municipios violaban, y cobraban lo que querían, en detrimento de otros municipios”, precisó.

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Gabriel Astrovsky, periodista argentino que reside en Tel Aviv (Israel), comentó que hay una sensación de alivio por la esperanza de retorno de los isralíes retenidos hace más de 467 días en la Franja de Gaza, desde el ataque masivo del grupo palestino islamista Hamás, luego de que ayer miércoles se anunciara un acuerdo de tregua para poner fin al conflicto bélico en la región que ya costó miles de vidas.

Durante una comunicación con el programa “Arriba hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970 Am/Nación Media, Astrovsky explicó este jueves que el gobierno de Israel logró acordar la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de cientos de mujeres y niños palestinos encarcelados. Hasta el momento, se desconoce quiénes integran la lista de los rehenes a ser liberados, entre vivos y fallecidos. Aclaró que no es la totalidad de los que están en cautiverio, ya que son casi un centenar los secuestrados.

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El periodista argentino comentó que son negociaciones bastante complejas y con varias aristas, y que para muchos israelíes consideran como en desventaja. Indicó que el primero y principal obstáculo es que no existe un canal de comunicación directo entre Israel y Hamás, ya que no se trata de un conflicto en que ambos países se sientan a conversar para llegar a un acuerdo final.

“Aquí hay una relación entre un estado independiente como es el Estado de Israel y una organización terrorista como es Hamás, que tiene controlada la Franja de Gaza desde el año 2005. Entonces, la comunicación se da por la vía de los intermediadores, en este caso, Qatar y Estados Unidos y, en menor medida, Egipto”, precisó.

Insistió en que hay mucha expectativa entre la gente, que está con mucha ansiedad y que, por momentos, tiene una sensación de alivio al saber que una parte de los secuestrados finalmente volverá al país. Aquellos que están vivos podrán retornar a sus casas con sus familias, mientras que los que fueron asesinados, en octubre de 2023, recibirán una digna sepultura en sus comunidades.

“No obstante, no se puede dejar de pensar que es un acuerdo que poco conviene a Israel. No se habla de un acuerdo que, de firmarse en unas horas y que comience a implementarse desde el día domingo, liberaría a los 98 secuestrados de una sola tanda. Se habla de una primera etapa que se va liberar a 33 personas, de las cuales no se sabe a ciencia cierta quiénes son, ya que no hay un listado entregado por Hamás”, puntualizó Astrovsky. La lista incluiría a mujeres soldados, también se habla de mujeres en general, así como adultos mayores y hombres menores de 50 años que están ante una necesidad de salud.

“La cuestión es cómo se puede determinar, después de 467 días de cautiverio, qué persona, hombre, mujer, niño, no está en una situación de crisis humanitaria. Son personas que desde hace un año y medio están bajo túneles, se sabe que no están bien alimentados, se sabe que no están bien tratados. Se sabe que han sido violadas algunas mujeres, no se sabe si acaso alguna mujer fue violada, quedó embarazada y, en todo este tiempo, incluso ha parido a su bebé”, acotó.

Por de pronto, las informaciones que han recibido es que habrían 23 personas vivas y 10 personas fallecidas. “Hamás no indica quiénes son los vivos, y quiénes son los muertos. Por eso, es que la sociedad comprende que este es un acuerdo que poco conviene a Israel, porque el índice de negociación dice que por cada mujer civil, no militar, que vaya a ser liberada. Israel debe liberar a 30 prisioneros palestinos que están detenidos en el país, juzgados y condenados en cárceles israelíes. Es uno por 30”, manifestó.

“Las personas que están secuestradas en la Franja de Gaza, son personas que el 7 de octubre del 2023, estaban durmiendo en sus casas a las 6:30 de la mañana, no estaban inmersas en ningún conflicto y fueron arrancados de sus hogares, incluso con ropa interior o de dormir. O eran chicos que estaban en una fiesta electrónica, que casualmente se celebraba por la paz”, recordó.

Agregó que frente a este grupo están los prisioneros palestinos que son reclamados por Hamás. “Son de origen palestino, que no son residentes de Israel, que ingresaron al territorio en diferentes momentos de la vida que cometieron actos criminales o de terrorismo; que fueron detenidos, encarcelados, juzgados y condenados por la Justicia de un país al que ingresaron ilegalmente”, dijo Astrovsky a Nación Media.

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