El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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El sector vinícola demostró gran potencial en el mercado local: la cultura del vino se sigue expandiendo y cada vez hay más interés por descubrir variedades, cepas, colores y aromas. Detrás del auge de la bebida milenaria no solo se puede ver crecimiento o diversificación del consumo, sino también mayor variedad de ofertas, marcas y sabores disponibles para todos los segmentos.

En la comparación interanual (2023-2024) se puede ver que hasta marzo el negocio del vino generó USD 123 millones, con un crecimiento de 19,2 %, mien­tras que las proyecciones apuntan al desarrollo creciente de los niveles de consumo y los negocios dentro del rubro.

En un informe elaborado por la consultora CCR sobre la evolución anual del nego­cio del vino (abril de 2023 a marzo de 2024), se puede ver que en promedio se consume anualmente en terri­torio nacional 33.292 miles de litros.

La cifra implica una mínima dis­minución de 0,5 % en comparación al periodo pasado, aunque esta leve caída guarda relación con la tendencia actual del mercado, que muestra un crecimiento en valor por sobre el volumen en línea con una media de precio superior y un “mix” creciente del segmento de botellas, explicó Mauricio Larrosa, gerente general de la consultora.

“Hay un surtido (variedad de marcas y de tipos de vinos) que genera un crecimiento de las categorías. Asimismo, con estas variedades en aumento, la expectativa de desarrollo (del sector) en el tiempo es superior”, sostuvo a La Nación/Nación Media.

De acuerdo con la consultora, en cuanto al movimiento del negocio el sector mostró un notable crecimiento. De abril de 2023 a marzo de 2024 registró un aumento del 19,2 % y generó un movimiento de USD 123 millones.

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Más allá del volumen y los valores generales, el negocio del vino en Paraguay también se divide en varios segmentos, que a su vez concentran la preferen­cia o los niveles de consumo. Por ejemplo, de acuerdo con el informe, mientras el segmento de botellas se lle­va el 50 % del total del mer­cado paraguayo, el porcentaje restante pertenece a la presentación de tetra o envases de cartón.

Respecto a las áreas de consumo más importantes de vino, Asunción y Gran Asunción aglomeran el 51 %, mientras que el porcentaje restante se divide en los demás departamentos del país. En lo que hace al movimiento comercial, en promedio, los establecimientos comerciales del Paraguay cuentan con 7 marcas, siendo la capital el sitio con mayor variedad, con un estimativo de 10 marcas por negocio.

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La mayor parte del consumo de vino local pertenece principalmente a cepas o variedades provenientes de la Argentina. En general, para entender la evolución del sector vinícola en Paraguay, hay que remontarse al 2010 cuando el consumo de la bebida empezó a crecer a ritmo de un porcentaje de dos dígitos, con una especial evolución en pandemia, recordó Oliver Gayet, presidente de la Asociación Paraguaya de Sommeliers.

“La gente empezó a consumir y a descubrir vinos durante la pandemia, en una tendencia que continuó. Hoy en día ya se refleja en los consumidores de todos los segmentos”, añadió el experto a La Nación/Nación Media.

Más allá de la evolución en los niveles de consumo, en Paraguay hay una clara preferencia por el consumo de vino tinto, que concentra más del 70 % de la elección del mercado nacional, indicó Gayet, pero también se resalta el interés creciente por las demás cepas y variedades.

“Vemos que paulatinamente la gente va despertando su curiosidad y ya va no solo va por los tintos, sino también a los blancos y los rosados. Se quiere descubrir diferentes cepas. Aunque, desde el punto de vista del consumo, Paraguay es un país malbequizado (o con mayor preferencia por el malbec)”, agregó.

Gayet hizo énfasis en que cada vez hay más adeptos a la cultura del vino, a través de mayor adherencia y participación en las catas y cursos, por lo que las proyecciones para el sector son alentadoras.

“Si bien todavía no vamos a volver a los dos dígitos de crecimiento en consumo de vinos, sí vemos que será más constante y más interesante. Estamos despertándonos y animándonos a probar el vino rosado y blanco y consumir la bebida el año entero, y no solo en estaciones específicas. De ahí que estamos por buen camino”, consideró.

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Paraguay logró recuperar USD 3,4 millones del meca­nismo Covax, que fueron abonados para la compra de vacunas contra el covid-19 durante la pandemia. Con este logro, Paraguay evitó el pago de una garantía con­tractual millonaria que fue firmada por el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Esto marca un capítulo cerrado con el mecanismo, ya nosotros no podemos recla­marle nada, ni ellos pue­den hacerlo y eso es un gran logro porque el exminis­tro (de Hacienda) había fir­mado una garantía por USD 88 millones”, señaló a la 650 AM Marco Aurelio Gonzá­lez, procurador general de la República.

De acuerdo a lo que explicó, nuestro país había hecho un depósito de USD 6,5 millones y se había comprometido a comprar 3 millones de dosis, pero solo recibió 700.000, lo que representa casi USD 1 millón. Paraguay tenía a su favor USD 5.600.000 y se ini­ció una misión encabezada por el Ministerio de Salud para recuperar ese dinero.

“Pedimos la devolución y ellos decían que nosotros nos comprometimos a comprar las vacunas, que nos compro­metimos a pagar las vacunas por más de que no recibamos, firmamos una garantía y nos decían que esa plata debía quedar retenida y además debíamos pagar una tasa de USD 180.000″, relató.

El procurador indicó que en esta tarea acompañaron al Ministerio de Salud la Pre­sidencia de la República, la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría, que lograron que recupere parte del dinero abonado y evitaron que Paraguay tenga que realizar pagos adiciona­les al mecanismo.

Desde setiembre del año pasado, se escucharon pro­puestas que se hicieron a nuestro país y luego de un profundo análisis se optó por la opción que ya fue comuni­cada oficialmente el lunes 22 de julio.

“Esta fue la última propuesta del mecanismo y nosotros estábamos en la disyuntiva de aceptar o tener que ir a arbitraje después de todas las negociaciones. El costo del arbitraje es alrededor de USD 1,5 millones, sin con­tar peritos y otros costos que pudieran derivarse. Era tener la plata hoy o ir a arbi­traje y pagar un monto side­ral, estábamos empatados”, manifestó el procurador.

González indicó que con esta propuesta no se corría el riesgo de perder eventual­mente la demanda, lo que conllevaba perder la tota­lidad del dinero abonado e incluso asumir otros gastos.

“Medidos la probabilidad de éxito y el riesgo que teníamos terminamos aceptando la propuesta, lo que implica un reconocimiento de la legiti­mación del derecho de Para­guay porque se han percibido gran parte del dinero depo­sitado”, concluyó.