Gremios de contadores y autoridades de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) formaron una mesa de trabajo para conversar sobre las funcionalidades y fallas del sistema Marangatú, también los ajustes que se le han hecho y las alternativas que plantearon para buscar soluciones.

El gerente general de Impuestos Internos la DNIT, Ever Otazú explicó que escucharon los reclamos de los contadores en situaciones particulares que se presentaron y contó que dejaron en claro, al principio de la conversación, que no estaba contemplando una prórroga a las multas en relación con la RG90/2021.

“De igual manera, los gremios han planteado soluciones alternativas en relación con las multas que dijimos que íbamos a analizar. Tenemos que saber que el sistema ya ha recepcionado más de 800.000 registros de contribuyentes”, expresó Ever Otazú.

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Esto significa que 800.000 contribuyentes han presentado su registro de contribuyente, en el marco de la RG90, por lo que las autoridades de la DNIT consideran que existe funcionalidad en el sistema, y que si existen casos o situaciones particulares van a ser atendidas conforme a lo que se presente.

“De esa manera nosotros concluimos que la reunión fue bastante fructífera y hemos iniciado un canal de comunicación directa. La próxima semana vamos a darle continuidad a esta mesa con una reunión más técnica, donde los distintos gremios van a traer sus representantes e informáticos, para seguir hablando sobre situaciones particulares que se susciten”, manifestó el gerente.

La Resolución General 90 (RG90) establece el registro electrónico de los comprobantes de ventas y compras, y de ingresos y egresos en el sistema Mangaratú. El reclamo tiene que ver con fallas a la hora de procesar información, por factores externos al trabajo de los contadores. El último periodo de gracia para la presentación de los documentos finalizó el 31 de octubre.

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Con un préstamo de USD 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la multilateral apoyará a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la transformación digital de su administración tributaria y aduanera, para que los contribuyentes y las empresas se beneficien con mejores servicios.

Este programa mejorará la eficiencia en la recaudación de ingresos tributarios y aduaneros nacionales, y mejorará la calidad de los servicios de facilitación de comercio exterior y tributarios, indicaron desde la institución. También mejorará los procesos y la coordinación entre ambas áreas mediante la fusión de las bases de datos de contribuyentes y la mejora de la gestión de riesgos tributarios y aduaneros.

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En la administración tributaria se ampliarán los servicios en línea para los contribuyentes, se ofrecerán declaraciones prellenadas del impuesto al valor agregado para contribuyentes grandes y medianos, y se promoverá el uso de facturas electrónicas en las operaciones de comercio exterior.

En la administración aduanera, el préstamo del BID apoyará la reorganización de los procesos y operaciones aduaneras, la actualización del Código Aduanero y la adopción de tecnologías digitales para mejorar las operaciones.

Parte de esta iniciativa también financiará el despliegue de una arquitectura tecnológica fortalecida y mejorará las capacidades de ciberseguridad, almacenamiento y procesamiento de datos. Esto permitirá la implementación de una plataforma de análisis robusta para mejorar el cumplimiento tributario y reducir la evasión.

Cabe recordar que la DNIT fue establecida en 2023 con el objetivo de administrar eficiente y eficazmente el sistema tributario interno y aduanero, así como impulsar a la formalización y a la inclusión social. Al respecto, resaltan que se trata del primer préstamo firmado por la DNIT con el BID.

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El grado de inversión alcanzado es una valiosa semilla sembrada en arena, que puede acabar en fracaso si no se toman ciertas medidas para corregir el abuso que cometen los funcionarios públicos.

Un día clásico de afrenta ocurrió esta semana. A las 6:30, un grupo de pacientes esperaba en IPS, donde desde a las 7:00 debía comenzar a atender la funcionaria de blanco. Eran las 7:40 y la puerta seguía cerrada. Del otro lado se escuchaban las risas en un evidente alargado desayuno.

Arriba, en el laboratorio, una jovencita –también de blanco– se olvidaba de su responsabilidad y extasiada escuchaba las aventuras de una mujer que le cuenta cosas muy simpáticas. Miraban concentradas el celular. En esa actitud, el cronómetro contaba 37 minutos de jolgorio en horario de trabajo, sin importar quiénes esperaban la atención.

Estos son ejemplos que se ven todos los días, como la barrera ilegal montada hace unos días por “zorritos” que acabó en la muerte de dos personas. En lugar de dirigir el tránsito, se esconden en lugares oscuros y con prepotencia amenazan a los conductores para exigirles dinero para evitar multas. Otro ejemplo de acostumbrada corrupción impune a la vista de todos ocurrió también esta semana en la Municipalidad de Lambaré.

Tras dos años de dejar el volante, este mes un lambareño decidió volver a conducir y fue a ponerse al día con la habilitación vehicular y renovar la licencia de conducir.

En la caja le informan que debe ir hasta el tinglado, presentarse en una ventanilla. Por la habilitación se paga y es rápido el trámite, pero para renovar la licencia los funcionarios exigen un documento en el que debe constar que quien realiza el trámite vive en la ciudad. Para conseguirlo hay que llenar una solicitud, ir hasta la comisaría –fuera de la municipalidad– para que le otorguen de forma “gratuita” el certificado de vida y residencia, según argumentan es un requisito insalvable de la Opaci.

En lugar de tener que ir fuera del recinto, sería más rápido y práctico fijarse en el banco de datos de la municipalidad, donde debe figurar si el contribuyente tiene algún inmueble en la ciudad, pero no, lo obligan a ir hasta la comisaría.

Allí, una funcionaria le indica que, tras completar la solicitud, debe volver al día siguiente a retirar el documento. Eso implica más gastos de dinero y tiempo. ¿Por qué no puede entregar el informe en el momento y evitar esa burocracia innecesaria? Además, debe traer a dos testigos que aseguren que vive en la ciudad. Ella sabe que el solicitante está apurado, entonces como es “demasiado buena” insinúa que por G. 20.000 puede acortar todos esos trámites. Dos billetes de Rodríguez de Francia son buenos testigos en este caso y con presteza sella el documento.

De vuelta a la municipalidad, surge otro requisito: un curso con los bomberos. Cansado y humillado, el contribuyente ya no desea más atrasos y solo rumia sin discutir al enterarse que por ese “curso” debe pagar G. 35.000.

Se sienta en el puesto de los bomberos para recibir el curso. Una mujer le reitera el precio. Paga y espera con curiosidad para ver de qué trata el aprendizaje. Espera. La mujer le pasa un papel y le dice: “listo”.

En ese momento entiende de qué trataba el curso: otra forma de sacarle dinero, como en la comisaría. La enseñanza es humillante, se percata de cómo abusan de forma legal y descarada, sin otorgar nada a cambio, sentados como arañas esperando a la próxima mosca.

En todas las dependencias públicas se repite de una u otra manera la misma fórmula que obliga a las personas a pagar “legalmente” por servicios inexistentes que solo sirven para que los funcionarios llenen sus propios bolsillos.

En esta arena sin nutrientes está sembrado el grado de inversión. Ahora que vendrán extranjeros, no les va a caer muy bien que estos arácnidos sin ética les pidan dinero cuando lleguen con la intención de hacer negocios, a pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno. Veremos cuántos inversores huyen de estas arañas y los comentarios que harán a sus otros colegas inversionistas para que no vengan.

El juez Osmar Legal revocó las medidas alternativas y decretó la prisión preventiva de Juan Villalba, exdirector de la PMT de Asunción, acusado por violencia familiar. Debido al comportamiento procesal del acusado, el referido magistrado decidió revocar las medidas y ordenar la prisión del acusado.

“El acusado se ha mostrado renuente al cumplimiento de los llamados realizados por este juzgado para el avance armónico del proceso penal, en ese sentido, consta en autos, actos dilatorios realizados por el hoy procesado tendientes a obstaculizar el desarrollo del proceso hoy seguido”, indica parte de la resolución del juez Legal.

En su momento, Villalba fue beneficiado con medidas sustitutivas, como la obligación de comparecer ante el juzgado de forma trimestral, comunicar cualquier cambio de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización, de acercarse a las víctimas, entre otras.

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Las fiscalas Fátima Villasboa y Susana González presentaron acusación contra el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT), Juan Villalba, por violencia familiar contra su esposa y cuñada. Asimismo, solicitó este viernes que el caso sea elevado a juicio oral y público, según informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.

De acuerdo con la acusación, el 5 de diciembre del 2023, alrededor de las 4:00, Juan Villalba y su esposa mantuvieron una discusión en el dormitorio debido a que la mujer se opuso a que el sospechoso haga un viaje. Ella buscó impedir que Villalba saliera del departamento, por lo que aparentemente él la agredió físicamente.

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