Pequeños productores de hortalizas de Guairá resaltaron la importancia del programa Hambre Cero para su sector, ya que a través de esta iniciativa han podido encontrar mercado para sus productos. La legislación vigente obliga a las empresas proveedoras a adquirir productos de provenientes de la agricultura familiar campesina y de las pequeñas y medianas empresas.

“El propio gobernador nos había dicho que Hambre Cero era el camino correcto y hoy nosotros estamos confiando y estamos sintiendo que este es el camino para la comercialización, sin intermediarios”, destacó el productor Efraín Vera, quien añadió, “vivíamos en zozobra porque a causa del contrabando no podíamos vender”.

Una asociación de pequeños productores del distrito de Independencia indicó que tuvieron una reunión con el jefe departamental, César Sosa, en la que pusieron sobre la mesa las diversas dificultades que atraviesa el sector. Como fruto de este encuentro se puede destacar la primera comercialización de papas y cebollas, productos que servirán para la alimentación escolar de los niños de Guairá.

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“Vamos a hacer la primera entrega para Hambre Cero gracias a nuestro gobernador. Nos habíamos acercado a él y este es el primer resultado, es un orgullo para nosotros porque nos habíamos reunido con el gobernador con mucha esperanza, fuimos junto a él y nos dijo que no nos quería ver en la calle, y justo por eso fuimos a buscar ayuda y ahora vemos los resultados”, sostuvo Cecilio Quiñónez, productor.

Por su parte, el gobernador Sosa manifestó a través de sus redes sociales que está convencido de que el programa de alimentación escolar, Hambre Cero, cambiará la historia del país no solo porque más de un millón de niños y jóvenes recibirán alimentos saludables, sino también porque abre las puertas a miles de productores de todo el país. “La chacra vuelve a ser un pilar fundamental de nuestra economía”, afirmó.

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Durante un discurso pronunciado en Curuguaty, en medio de su jornada de gobierno en la ciudad de Curuguaty, Santiago Peña adelantó uno de sus próximas iniciativas: la optimización de recursos para las municipalidadades.

La propuesta realizada por el presidente de la República busca que las intendencias, que hoy transfieren a otros el 30 % de lo que recaudan en impuesto inmobiliario, puedan quedarse con el 100 % de lo recaudado.

Para lograr este fin, Peña se refirió a la ley de royalties y compensaciones, firmada por un acuerdo político en el año 2005, y hoy necesita ser revisada.

“He tomado la decisión de avanzar en una reforma de sistema de distribución de recursos”, anunció el jefe Estado.

Con previa alusión al programa Hambre Cero y a que parte de los 350 millones de dólares de su financiación provino de los municipios, el mandatario habló de la necesidad de que los recursos lleguen con mayor justicia a los municipios.

“Por eso, mi compromiso, al punto de reformar la Constitución Nacional, para que el 100 % de la recaudación del impuesto inmobiliario, donde hoy los intendentes recaudan para otros, 30 % va a otros, eso quede en los gobiernos municipales y vamos a hacer eso lo antes posible, mi decisión de invertir en la descentralización”, expresó Peña.

Ayer se realizó una tercera salida de dos camiones más con tomates paraguayos a la Argentina, un hecho que se vuelve a dar luego de unos 50 años, tras el primer embar­que que se concretó el vier­nes último. Esto, luego de que los propios vendedores del vecino país, que antes pro­veían al mercado local, rea­lizaran el pedido a raíz de su escasa oferta.

Karen Leguizamón, presi­denta de la Asociación de Importadores y Comer­ciantes de Frutihortícolas del Mercado de Abasto, fue quien compartió los detalles con el programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media. Se habla de unos 60.000 kilos que se estarían concretando con este nuevo embarque. “Me llama uno de los cole­gas para decirme que le esta­ban pidiendo de Argentina si les podíamos vender tomate, los que anteriormente nos vendían para importar. Esos proveedores hoy son nuestros clientes y se revirtió la situa­ción”, expresó la comerciante.

Si bien Karen no es produc­tora, es parte de la cadena comercial. Realizó los con­tactos para avanzar con las gestiones de documentacio­nes con el Senave, Aduanas y Tributación, de modo de poder agilizar los trámites y así lograr sacar la producción local ya el viernes último con el primer cargamento.

Los beneficiados con este envío fueron los productores de Caaguazú, especialmente los pequeños o los que se dedi­can a la agricultura familiar campesina, integrando a varios comités y asociacio­nes de la zona, impactando a unas 2.000 familias de este departamento. “Esto es una cadena de empleo que esta­mos generando gracias a este nuevo trabajo que se está rea­lizando, porque involucra no solo a los productores, noso­tros los comerciantes, sino también a los que nos venden los cartones y las cajas para embalar”, agregó.

Lo que sucede actualmente es que los frutihortícolas están con abundante producción, lo que satura el mercado, mien­tras que en la Argentina, por el contrario, están con poca pro­ducción y, por ende, con precios elevados, y Paraguay le resulta así más competitivo hoy.

Los primeros camiones fue­ron con destino a Córdoba, pero también se está viendo para ingresar a la Provincia de Mendoza, una zona altamente productiva en Argentina, por lo que llegar hasta allí con la producción local sería todo un hito, remarcó la referente.

Seis instituciones del Estado tendrán que remitir, en un plazo de 15 días, un informe pormenorizado sobre los depósitos de sus recursos en el sistema bancario, según la resolución aprobada por la Cámara de Diputados.

Durante la última sesión ordinaria de la Cámara Baja, el plenario aprobó un proyecto de resolución de pedido de informes dirigido a varias instituciones del Estado. El documento exige identificar las entidades bancarias donde se encuentran depositados y/o invertidos los recursos del sector público.

En el documento se especifica que las instituciones deberán proporcionar, en un plazo de 15 días, el desglose detallado por entidad y tipo de instrumento financiero, tales como certificados de depósitos de ahorro, depósitos a la vista, cuentas corrientes, bonos, entre otros.

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El proyecto de resolución presentado por varios diputados, solicita informes financieros al Instituto de Previsión Social (IPS); Administración Nacional de Electricidad (Ande); Administración Nacional de Navegación y Puertos (Annp); Industria Nacional del Cemento (INC); Petróleos Paraguayos (Petropar); y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap).

De acuerdo al documento, se deberá incluir información correspondiente a los últimos cinco años. Además, el documento solicita identificar la normativa interna que regula el proceso de toma de decisiones en materia de depósitos e inversiones. Habrá que indicar la decisión institucional por medio de la cual se adoptó la normativa, junto con la fecha de su entrada en vigencia.

En caso de haber sido modificada o sustituida en los últimos cinco años, se deberán remitir todos los documentos pertinentes, como dictámenes o informes técnicos, que precedieron a la normativa vigente.

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