Según una reciente publicación de TN Noticias de Argentina, para la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación de ese país, Sonia Tarragona, no se puede descartar que el gobierno (argentino) vuelva a cerrar sus fronteras.
Esto tras los nuevos casos de contagios del COVID-19 por la variante ómicron, que está batiendo nuevos récords por su amplia capacidad de contagiar a un alto número de personas en poco tiempo.
“Claro que estamos preocupados, en cuestiones de fronteras en este momento no estamos evaluando ninguna restricción, pero tampoco podemos descartarlo. Hace un mes ninguno esperaba que pudiéramos tener una explosión de casos así. La pandemia nos tiene en alerta todo el tiempo y no se puede descartar un cierre de fronteras u otras restricciones en los próximos meses”, advirtió en contacto con TN.
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Hay que mencionar que el vecino país fue el que mantuvo cerrado por más tiempo sus pasos fronterizos desde la aparición del COVID-19 en la región, en marzo del 2020, para recién liberarlos a principios del mes de noviembre para el turismo extranjero debido a una mejoría en la situación epidemiológica en ese entonces.
Pasos fronterizos
Dicha apertura con Paraguay solo habilitó al principio el cruce por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz entre las ciudades de Encarnación y Posadas, dejando en espera incluso hasta antes de Navidad para el paso de mayor afluencia entre Puerto Falcón-Clorinda, que fue habilitado finalmente el 14 de diciembre.
Esta noticia no será del agrado de muchos compatriotas, ya sea para aquellos que vinieron de visita luego de un largo tiempo a pasar con familiares las fiestas o disfrutar de las vacaciones, así como para los sectores del transporte internacional de pasajeros, agencias de viajes y actividades afines que estuvieron parados por casi dos años sin poder operar debido al cierre de frontera.
Ante la probabilidad de aplicación de más restricciones, la funcionaria de Estado de la Argentina mencionó al medio que desde hace tiempo la decisión quedó en manos de los gobernadores de cada provincia, debido a que la realidad en distintas jurisdicciones es muy diferente y que las recomendaciones nacionales son el piso o el mínimo.