La gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Cecilia Rodríguez, manifestó que hoy iniciaron los primeros desembolsos relacionados a los pagos de las suspensiones laborales del mes de diciembre.
Aseveró que esperan la decisión del Gobierno y las autoridades del IPS para abonar el aguinaldo correspondiente para aquellas personas que siguen en carácter de suspendidas por las empresas de las cuales forman parte y que permanecen en dicho estado debido a las severas consecuencias que ocasionó la pandemia del COVID-19.
“Hoy arrancamos con los pagos de las suspensiones laborales del mes de diciembre, se liberaron aproximadamente 2.500 pagos y mañana haremos los restantes. Si bien tenemos liberados G. 4.500 millones para hacer frente a este mes, ya nos adelantamos para que cada familia, cada persona suspendida pueda tener su plata antes de las fiestas”, dijo.
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Señaló que son 5.700 personas en promedio, pero que hasta diciembre hay 4.000 anotados; no obstante, los pagos se realizan en conformidad con el Ministerio de Trabajo. “Algunas llegan adelantadas y otras con atrasos, por lo que tenemos 5.700 personas”.
Con relación al pago adicional de la compensación complementaria, precisó que hoy mantuvieron una reunión con el Ministerio de Hacienda y que en los próximos días se tomaría la decisión final en el caso de que realicen los desembolsos.
“Ayer se estaba discutiendo en Diputados si es que se llegará a extender la Ley de Emergencia Sanitaria, lo cual quedó sin tratamiento. De confirmarse, iría hasta el mes de junio del 2022″, sostuvo.
Refirió que hubo una disminución de alrededor de 500 personas que fueron normalizadas por sus empresas. “En el mes anterior estábamos cerca de 4.500, en octubre eran 5.000 y van bajando. Esperamos que se mantenga está disminución”, explicó.
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“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
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IPS aguarda ejecución de sentencia por deuda
Fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo realizaron ayer una intervención de un consorcio hotelero en Asunción, para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del Departamento Judicial del IPS, en “Dos en la ciudad” de canal GEN/Nación Media.Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló. Afirmó que hoy jueves los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso.
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IPS aguarda ejecución de sentencia para que consorcio hotelero salde millonaria deuda
Este jueves, fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Trabajo realizaron una intervención de un consorcio hotelero en Asunción, para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del departamento Judicial del IPS, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
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Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló.
Afirmó que hoy jueves, los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso. “Nos llevamos la sorpresa de la acción presentada y que es meramente dilatoria. La deuda total con la previsional asciende a G. 31.900 millones”, puntualizó.
El profesional indicó que han tenido conversaciones con los representantes de la empresa y que tenían las intenciones de poder saldar la deuda, pero no avanzaron. “Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de ingreso al IPS, ni formalmente donde ellas han reconocido que tienen una deuda con el instituto”, refirió.
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IPS toma medidas para recuperar equilibrio del fondo de jubilaciones
El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) resolvió dejar sin efecto la resolución del 2020, mediante la cual se incrementó al 75% el haber mínimo jubilatorio para jubilados y pensionados.
Esta decisión se debe a que esta disposición tomada en el gobierno anterior está impactando en las reservas de la previsional y pone en riesgo a la futura generación de jubilados.
“Esta es una medida que se tiene que tomar y que forma parte del paquete de medidas administrativas y legales que son impulsadas por esta administración para que los recursos del fondo de jubilaciones y pensiones sean suficientes no solamente para hoy, sino también para aquellos que en el futuro se tienen que jubilar”, indicó Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.
El aumento al 75% del haber mínimo se realizó sin tener una fuente de financiamiento, aseguró Cubas, quien señaló que esto llevó a que la caja de jubilaciones hoy tenga un déficit.
Hasta el 2020, este fondo contaba con un superávit que permitió incrementar las reservas, las cuales ya se han gastado un 28% a la fecha, esto debido a este incremento que se dio durante el gobierno de Mario Abdo.
“Desde el año 2020 lo que ingresa hoy en concepto de Aporte Obrero Patronal y Renta no alcanza para cubrir todos los egresos, por tanto, estamos usando la renta de las reservas. En el año 2023 usamos casi el 28% de la renta de las reservas, en pocos años si no se toman medidas para no continuar gastando de la manera en que se gastan las rentas ya no nos van a alcanzar”, advirtió la gerente.
Esta situación obliga al IPS a tomar medidas previendo las jubilaciones futuras, puesto que con la decisión de la anterior administración, adelantó 18 años una crisis que estaba prevista para el 2038, manifestó Cubas a la 1020 AM.
No obstante, dejó en claro que esta disposición no afectará a los 20.664 jubilados y pensionados que hoy reciben el 75%, dado que las normativas no pueden ser retroactivas, por lo que ellos seguirán percibiendo dicho porcentaje, que hoy representa G. 2.010.279 de acuerdo al salario mínimo legal vigente.