El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió este viernes por primera vez al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones de Itaipú y defendió la “posición de país” a través de las cuatro medidas asumidas ante este impasse, en un contacto con Radio Mitre de Argentina, expresando su preocupación y lamentando la situación ante la intención de abogar por la integración regional.

“Es una noticia bastante desagradable. Vemos eso con tremenda preocupación porque no se condice con el tipo de relación que queremos proponer, una de amistad, socios, amigos que nos permita construir un Mercosur más fuerte. Lastimosamente estamos en este impasse” , comentó Peña al programa que conduce Eduardo Feinmann.

Asimismo acotó: “Nosotros hemos tomado medidas muy firmes, abrimos investigaciones en nuestra área de ciberseguridad. Está demostrado que recibimos constantemente ciberataques que provienen de China, pero jamás nos hubiésemos imaginado que estaríamos sujetos a espionaje por parte de nuestro hermano y vecino brasileños”.

Peña dijo que esta acción ilegal termina “abriendo viejas heridas” al recordar la Guerra de la Triple Alianza desatada contra el Paraguay durante los años 1864 a 1870. El conflicto bélico, considerado como la contienda más sangrienta de América del Sur, fue comandado por el Brasil con respaldo de Argentina y Uruguay.

“Estas son heridas que nosotros estamos buscando sanar y este episodio lastimosamente lo que hace es abrir estas viejas heridas, cuando nosotros lo que queremos es dejar atrás es esa historia de odio, de resentimiento que venía principalmente de afuera hacia Paraguay, lastimosamente, hoy nos damos cuenta de que hay ese resentimiento”, lamentó.

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El medio brasileño UOL reportó el 31 de marzo sobre una operación de espionaje reconocida por Brasil en un comunicado oficial, pero que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuye a su antecesor, Jair Bolsonaro. El espionaje buscaba conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países -ahora pausadas- sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.

El gobierno de Lula da Silva negó “categóricamente cualquier implicación en la acción de inteligencia” y se la adjudicó a la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), en un comunicado de la cancillería publicado el lunes. “La mencionada operación fue autorizada por el gobierno anterior, en junio de 2022, y anulada por el director interino de la (agencia de inteligencia estatal) ABIN el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual gestión tuvo conocimiento del hecho”, dijo el gobierno de Brasil.

El gobierno paraguayo convocó al embajador de Brasil, José Antonio Marcondes de Carvalho, para que “ofrezca explicaciones detalladas” sobre la operación, explicó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, en conferencia de prensa el martes. Ramírez también informó que se llamó a consultas al representante diplomático paraguayo en Brasilia “a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del gobierno del Paraguay por parte de ese país”.

Según la prensa brasileña, la ABIN ingresó a las computadoras de las instituciones del Estado paraguayo para obtener informaciones reservadas. El objetivo habría sido conocer la posición de Paraguay en la negociación del “Anexo C”, un documento del Tratado de Itaipú (que dio lugar a la construcción de la represa sobre el río Paraná, limítrofe), que establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la central hidroeléctrica.

Ramírez aseguró el martes que quedaron “suspendidas todas las negociaciones del Anexo C hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del gobierno de la República del Paraguay”. Las negociaciones giran en torno a la reducción del precio de la energía, interés de Brasil, que compra desde hace décadas todo el excedente que le corresponde a Paraguay, que consume menos del 10% de lo producido.

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Tras la explosión del registro subterráneo de distribución de electricidad, de la que se salvaron dos personas entre ellas un niño, desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) informaron que corresponde a un trabajo realizado por una empresa tercerizada y forma parte de un alimentador exclusivo de un complejo habitacional. La administración deslinda cualquier responsabilidad sobre la obra, así como de la explosión.

Desde la Ande emitieron un comunicado en el que aclararon que se trata de un registro subterráneo de una obra de distribución que fue ejecutada por una empresa privada y que esta a su vez fue contratada por la empresa La Perseverancia S.A, bajo la modalidad de “Obras por Terceros”. Esta última corresponde a un complejo habitacional que se encuentra ubicada en la zona.

“En este caso, La Perseverancia contrata a una empresa privada para ejecutar la obra, conforme al proyecto ejecutivo aprobado previamente por la Ande, por lo tanto, no es una obra responsabilidad de la Ande; es decir, la empresa ejecutora es la responsable directa de la correcta ejecución de los trabajos”, expresaron en el documento socializado.

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Aclararon que el evento ocurrido en el barrio Trinidad, de la ciudad de Asunción, en el registro de distribución subterráneo corresponde a un alimentador exclusivo de la empresa privada. “Se puede inferir que el evento ocurrido en el registro de distribución subterráneo, forma parte de un alimentador exclusivo para el complejo, es de exclusiva responsabilidad de la empresa mencionada”, resaltaron.

En el video socializado en las redes, se puede ver cómo una joven que caminaba en compañía de un niño pequeño se llevó el susto de su vida cuando un registro de cables subterráneos de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) explotó, haciendo volar la tapa de la fosa justo cuando cruzaban por ahí. El hecho se registró sobre la calle Comandante Caballero casi Viuda de las Llanas, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.

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El presidente Santiago Peña participó del acto de incorporación de jóvenes a la Ande, ocasión en la que señaló que una de las riquezas del país son los recursos energéticos, por lo que alentó a estos jóvenes a desempeñarse de la mejor manera en esta labor. “Hoy ingresando a esta institución, que tiene un impacto más grande a Paraguay. La segunda riqueza, en mi opinión, es la tierra, y la tercera riqueza son nuestros recursos energéticos, que convierten en Paraguay en una pequeña potencia a nivel mundial”, apuntó.

Destacó que el mayor valor de la ANDE radica en su capital humano y es por ello que, instó a los profesionales más experimentados a que puedan contribuir con la formación de los 135 jóvenes para que la empresa estatal sea una de las mejores del mundo. “Quiero pedirles que sueñen en grande, el camino del desarrollo muchas veces es difícil, pero si uno tiene persistencia y perseverancia para seguir ese camino, les aseguro que van a encontrar muchas satisfacciones, en lo profesional y también en lo personal”, apuntó.

Un total de 135 aprendices de electricistas de distribución en el marco del Programa de Formación Dual Profesional fueron incorporados a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Los nuevos profesionales fueron seleccionados mediante concurso de méritos convocado por la institución, como aprendices del Programa de Formación Profesional Dual (FPD).

Este programa es implementado en alianza con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y convoca a jóvenes del interior del país. El acto estuvo encabezado por el presidente, Santiago Peña, quien destacó la importancia de esta incorporación, más aún, tratándose de la generación de oportunidades laborales a jóvenes en el sector público.

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“Más allá del ingreso de 135 nuevos jóvenes, talentos, esta empresa pública tan importante, yo no puedo negar que me hace remontar a mis propios inicios, la misma edad que tienen ustedes, entre 18 y 20 años, me tocó ingresar a la administración pública. Entré con sueños, con anhelos, con esperanzas y realmente solo tengo palabras de gratitud porque el ambiente de trabajo no solamente nos va a ayudar de desarrollar profesionalmente, económicamente”, expresó en su alocución.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.

El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.

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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.

A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.

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