Tras la presentación del informe sobre la economía subterránea 2021, el presidente de la organización ProDesarrollo Paraguay, Sebastián Acha, comentó que este 25 de noviembre presentarán oficialmente el proyecto que plantea integrar a más personas al sistema formal económico.

“Estamos trabajando con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) desde hace un año para tratar de incluir a más gente, a los efectos de que puedan acceder a los procesos de bancarización e inclusión financiera dentro de los sistemas regulados a un buen plazo y bajas tasas. Que puedan acceder a herramientas que les permitan proyectarse y ahorrar”, comentó.

Lo que se tratará es acompañar a las personas y que estas unidades de negocios puedan crecer progresivamente en el mediano plazo, y así mejorar la calidad de vida, agregó el representante de ProDesarrollo.

“La informalidad puede ser concebida como una respuesta alternativa al crear puestos de trabajo adicionales que absorben la mano de obra excedente que no logra hallar empleo en la economía formal, aliviando temporalmente las desigualdades de ingreso, pero sumiéndolos en una condición de alta vulnerabilidad y generando mayores brechas en cuanto a condiciones laborales, salario y protección social”, agregó Acha.

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Reporte

La economía subterránea genera un crecimiento económico poco dinámico con altos niveles de pobreza, con desigualdad de ingresos, con mercados financieros con escasa profundización, niveles de inversión más bajos y con una limitada capacidad de respuesta en materia de protección social ante situaciones de crisis, como quedó demostrado con la pandemia por COVID-19, señala ProDesarrollo.

La economía informal en el país llegó a los US$ 21.295 millones durante el 2020, represen­tando el 46,6% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra refleja que se produjo un aumento del 3,1% con respecto al 2019. En tanto, se prevé que entre el 2020 y el 2021 la eco­nomía subterránea se reduzca en un 0,5% y represente así el 45,7% del PIB, según los datos presentados.

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Este cálculo se realizó con base en los datos preliminares oficiales cerra­dos al primer semestre del año. “La reducción de la eco­nomía subterránea mitigaría el impacto fiscal de las activi­dades no declaradas, además de aliviar la carga de los secto­res que normalmente aportan al fisco y disminuir las distor­siones en la provisión de ser­vicios básicos como la educa­ción, salud y asistencia social”, agregó Acha.

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