El viceministro de Tributación, Óscar Orué, ratificó este domingo que la empresa investigada en el caso de megaevasión no tiene la capacidad de brindar los servicios a los municipios y a la Gobernación de Cordillera. Destacó que habría un superproveedor detrás de la firma en cuestión.
“Nosotros pensamos que en este esquema estamos ante un superproveedor porque la empresa no pudo haber prestado los servicios, no pudo haber hecho esas construcciones. No es que nosotros le controlamos o no le controlamos a los municipios, esa no es nuestra función”, dijo el viceministro en una entrevista con canal Trece.
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Comentó que cuando saltó el caso de la persona que supuestamente proveyó a los municipios y a la gobernación por valor de G. 51.000 millones se detectó que la empresa no tenía la capacidad para ofrecer los servicios, porque el 97% de sus facturas son falsificadas y el hombre es de escaso recurso.
Mencionó que existe también la posibilidad de que haya prestado su firma para que otra empresa haga las obras, pero que esta posibilidad es muy “burda” para la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), por lo que se sospecha que habría un superproveedor del Estado, pero que eso ya está a cargo del Ministerio Público.
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“Creo que es importante en el ámbito tributario el recaudo correcto de impuesto, principalmente porque hay competencia desleal. El 97% de sus facturas son falsas y vamos a seguir estando detrás. Después de destapar este caso, la gente llama y nos cuenta más cosas, como máquinas adquiridas por municipios y están en estancias”, agregó Orué.
La Subsecretaría de Estado de Tributación dio a conocer un nuevo caso de posible evasión multimillonaria de un esquema detectado a través de la tecnología, que se traduce en unos US$ 25 millones, que en guaraníes serían unos 170.000 millones.
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Desmienten sobrefacturación en pupitres de Itaipú, cada mobiliario costó 53,14 dólares
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) desmintió la publicación periodística realizada por Abc Color, donde se argumenta que el costo total estimado por cada mobiliario escolar adquirido por la entidad binacional Itaipú es de USD 32,81, incluyendo el precio originario, flete, seguro y despacho; mientras que la documentación verificada confirma el costo de USD 53,14 por unidad, a través de la licitación adjudicada a la empresa paraguaya Kamamya S. A.
Mediante una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM, el titular de DNIT, Óscar Orué, detalló este martes que la hidroeléctrica pagó la suma total de USD 53,14 por cada pupitre, el cual se encuentra distribuido de la siguiente forma: el valor de cada set de pupitres (mesa y silla) es de USD 30 (equivalentes a G. 237.072), para el servicio de flete se destinó USD 10,32 (G. 81.552); el seguro, USD 0,30 (G. 2.370), y el tributo, USD 12,52 (G. 98.939).
El medio que funge como aliado mediático del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, apunta reformar la campaña de supuesta sobrefacturación en la adquisición de las sillas y pupitres, que ya se encuentran siendo distribuidos por el Gobierno en un total de 22 distritos vulnerables.
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Antecedentes
La operación mediática es intensificada, tras la decisión tomada el pasado viernes por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), consistente en la anulación de la licitación que fue encarada por Prieto, para la compra de 10.500 muebles escolares chinos. La anulación de la licitación fue concretada tras el reconocimiento de las firmas cotizantes de haber presentado erróneamente sus presupuestos para la confección de los precios referenciales.
El viciado proceso fue utilizado inicialmente por los medios aliados, sus correligionarios opositores y disidentes colorados para desprestigiar al gobierno del presidente Santiago Peña y a la Itaipú, instalando inicialmente sospechas de supuesto tráfico de influencias en la compra de los 330.000 muebles escolares.
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Diputados analizarán exoneración de pagos de peajes para habitantes de distritos afectados
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar como primeros puntos del orden del día en su próxima sesión ordinaria, dos proyectos de ley que plantean la exoneración de pagos de las tasas de peajes en todo el país, por un lado y por otro, la exoneración de la misma tasa en los peajes del departamento de Itapúa.
Durante la última reunión de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, establecieron el orden del día para la plenaria ordinaria del próximo martes 1 de abril. Como primer punto incluyeron el proyecto de ley “Que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de la tasa de peajes en todo el país”.
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Esta propuesta busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenga una herramienta legal a la hora de exonerar el pago de la tasa de peaje a los ciudadanos. El documento expone que la iniciativa surge en respuesta a las constantes manifestaciones de pobladores de diversos distritos, que se oponen al pago de la tasa de peaje y solicitan su exoneración en los puestos habilitados dentro de sus municipios.
El proyecto establece, además la exoneración total del pago del peaje a los habitantes de los distritos donde se encuentran los puestos de cobro. “Este beneficio aplicaría para un máximo de dos veces al día (ida y vuelta) y solo en los peajes ubicados dentro del municipio de residencia del beneficiario. Además, se propone una reducción del 50% en la tarifa para los residentes de distritos aledaños dentro del mismo departamento”, explica el documento.
Asimismo, la iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional contempla la exoneración total del pago de peajes para ambulancias, unidades de emergencia médica, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y cuerpos de bomberos, con el fin de garantizar la operatividad de estos servicios esenciales sin costos adicionales.
Peajes en Itapúa
Por otra parte, se incluyó además una segunda propuesta similar, pero en este caso, se solicita la exoneración del pago de peaje dentro del Departamento de Itapúa. Plantea la exoneración de las tasas al tránsito automotor en la estación ‘Portal de Itapúa’, ubicada en el kilómetro 281 de la Ruta PY01, distrito de General Delgado del Departamento de Itapúa, a los vehículos de ciudadanos de la comunidad de San Ramón del distrito de Santiago (Misiones) y Gral. Delgado (Itapúa)”.
Según la exposición de motivos, la iniciativa tiene como objetivo aliviar la carga económica de los habitantes de la región, los que deben desplazarse diariamente por dicho tramo para cumplir con sus obligaciones laborales, comerciales, educativas y de salud.
Añade que la iniciativa surge en respuesta al Decreto Nº 3.420, emitido el 28 de febrero de 2025 por el Poder Ejecutivo, que ordenó el traslado del peaje del distrito de Coronel Bogado al distrito de General Delgado.
“Esta reubicación, que entró en vigencia el 4 de marzo del presente año, ha generado un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos afectados, los que han manifestado su descontento y exigen alternativas que mitiguen el impacto económico de la medida”, expresa parte del documento de fundamentación del proyecto.
El proyecto de ley, que también se encuentra en su primer trámite constitucional, establece la exoneración del 100% del pago de peaje para los ciudadanos de San Ramón y General Delgado, siempre que presenten documentos que acrediten su residencia en dichas localidades.
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Paraguay mantiene presión tributaria mientras fortalece recaudación, destaca Orué en Tax Forum 2025
Durante el Tax Forum 2025, el director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, destacó las políticas tributarias adoptadas por la institución de mantener la presión tributaria y las tasas impositivas. “Optamos por fortalecer la gestión, el control y el uso de la tecnología”, afirmó durante su intervención.
Este miércoles se desarrolló la primera edición del Tax Forum 2025, organizado por la DNIT. Durante el encuentro, destacados expertos en tributación, finanzas e innovación debatieron sobre los avances normativos y fiscales de Paraguay, así como los desafíos que marcarán el desarrollo económico del país.
“Paraguay decidió no cambiar la presión tributaria y mantener los impuestos. Eso representa un gran desafío para aumentar la recaudación”, expresó Orué, destacando que su gestión apuntó a fortalecer el control y el uso de la tecnología.
Logros y avances en materia fiscal
El primer panel estuvo a cargo del abogado tributarista y exviceministro de Tributación, Carlos Sosa Jovellanos, quien abordó los avances normativos en el sistema tributario en los últimos 35 años. El mismo destacó la evolución de los impuestos a la renta en nuestro país en los últimos años.
El exministro de Hacienda, César Barreto, analizó el crecimiento y fortalecimiento de los sectores económicos. Resaltó el impacto positivo del sistema tributario actual. A su vez, la experta en tributación Erika Bañuelos disertó sobre el posicionamiento del país en el ámbito de la tributación internacional. Subrayó la importancia del intercambio de información fiscal con otros países e hizo hincapié en que el Paraguay no es un paraíso fiscal.
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Desafíos para el desarrollo
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, abordó la capacidad innovadora e inversora en nuestro país, instando a los empresarios a invertir en Paraguay para desarrollar el sector industrial y mejorar la competitividad en la región.
El exministro de Hacienda, Germán Rojas, destacó que los avances en materia macro y micro fiscal son el resultado de las medidas adoptadas por el país, en el marco de su ponencia sobre el panorama y los retos futuros del sector financiero.
Por su parte, el abogado y periodista Juan Pablo Fernández, destacó la apuesta del país por posicionarse como un hub digital en la región, que representa una oportunidad de desarrollo.
Finalmente, Lea Giménez, asesora de CAF y exministra de Hacienda, enfatizó la necesidad de reducir la desigualdad en el acceso a oportunidades. Además, apuntó al combate al crimen organizado y al fortalecimiento de la transparencia como desafíos para lograr el desarrollo del Paraguay.
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Un espacio clave
De esta manera, el Tax Forum se consolidó como un espacio de referencia para el análisis del impacto de las políticas fiscales en la competitividad y el crecimiento sostenible de Paraguay. Desde la DNIT destacaron que este tipo de diálogos permiten proyectar estrategias para fortalecer el sistema tributario y fomentar un desarrollo económico equitativo.
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Ley de Patente Vehicular: esperan que quede promulgada antes del 31 de marzo
El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.
En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.
“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.
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Conformes con la media sanción
Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.
“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.
Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.
Prevén sanciones
Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.
“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.
Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.
Reducción de tarifas
El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.
“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.
Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.
“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.
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