El proyecto de desempleo presenta inconvenientes que se deberían subsanar antes de convertirse en una ley, señala la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), a partir de un dictamen técnico-jurídico trabajado en conjunto con el Estudio Montero, Berni & Palazón Abogados, con el fin de presentar las falencias del proyecto a diferentes comisiones del Congreso Nacional.
Entre algunos de los puntos sugeridos por la CNCSP se detalla el requerimiento de importantes modificaciones, teniendo en cuenta que el proyecto contiene terminología que no se adecua a la del Código de Trabajo, y, a su vez, contradicciones a principios básicos del derecho del trabajo, e inclusive en cuanto a plazos.
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Carga del fondo de desempleo
Por otro lado, se menciona que la carga del fondo de desempleo, cuyo mínimo es 2% de la remuneración abonada, recae mayormente en el empleador (posiblemente 75% de la contribución, acorde la audiencia pública). Además de que no existe un techo y que no existe certeza si el porcentaje puede ser modificado por simple resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Recomiendan solicitar los cálculos actuariales al Instituto de Previsión Social (IPS) para revisar la sostenibilidad del mismo.
Así también, indican que se deberá tener especial atención en la eventual reglamentación del proyecto y al control de cumplimiento de toda la normativa asociada, sobre todo para verificar que no se convierta en un desincentivo a la búsqueda genuina de empleo. Como uno de los puntos finales se señala la verificación del sistema de incentivos que genera el proyecto, y sopesarlo con los demás beneficios sociales otorgados a raíz de la terminación del vínculo laboral.
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Proyectos similares
La CNCSP informa, además, que tiene conocimiento de cinco proyectos de leyes similares y solicita la consolidación en un solo expediente, de manera que técnicos de los poderes Legislativo y Ejecutivo, más los de sectores de empleadores y trabajadores puedan trabajar un proyecto de ley único que contenga y atienda los diferentes y legítimos intereses de todos los estamentos y sean resueltos eficaz y eficientemente, una cuestión de suma importancia y trascendencia para el país y su gente.
El dictamen técnico-jurídico elaborado fue acercado a diferentes comisiones de la Cámara de Diputados como la de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y Comisión de Presupuesto.