El representante de la Confederación Nacional de Cooperativas, Antonio Ortiz Guanes, manifestó que de promulgarse la Ley de Transacciones Electrónicas, esta ocasionará la disminución de giros que se realizan a través de las billeteras que ofrecen las principales telefonías y se deberá regresar al uso del dinero en efectivo.

El gremio solicita al Poder Ejecutivo el veto parcial a la propuesta consensuada en el Congreso, teniendo en cuenta la modificación del artículo 103, el cual establece el nivel de seguridad para efectuar dicho procedimiento de envío o retiro de dinero.

Ortiz dijo que los niveles de seguridad para la transacción se deben establecer de acuerdo a la cantidad de dinero que se girará.

Indicó que si se implementan las mismas medidas para una transferencia de G. 20.000 y para una de G. 5.000.000, la gente dejará de operar. “El movimiento cooperativo es uno de los principales impulsores de la bancarización, del ingreso de las personas a la formalidad financiera, nos preocupa que la gente va a volver al desactivo”, expresó.

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“Estamos de acuerdo porque es una ley que va a promover las actividades electrónicas, el movimiento cooperativo está en crecimiento y expansión en este momento con respecto a las operaciones electrónicas, solamente que no estamos de acuerdo con el artículo 103, pedimos el veto parcial al igual que todas las otras instituciones, con excepción de Asoban”, aclaró.

Sostuvo que la gente que trabaja en el sector financiero llega a aproximadamente 2.500.000 personas y solo 30.000 tienen firma digital. “No hay infraestructura en el Estado que pueda hacer el registro, además no hay quién pueda pagar esa registración digital. Eso podría ocasionar un proceso inverso a la bancarización. La gente va a volver al efectivo”, señaló.

Representantes de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay explicaron por su parte que con el nuevo proyecto, que también esperan el veto o promulgación del Poder Ejecutivo, se aplicará una nueva regla en los giros de dinero realizados.

Sostienen que dicha modificación a la ley es una barrera de entrada a los clientes más bajos de la población, en términos económicos, y afectaría a 2 millones de usuarios de billeteras electrónicas, teniendo en cuenta que en el país no se llega al 40% de la bancarización. Hasta ahora el Poder Ejecutivo no tomó una decisión sobre la compleja ley ya sancionada por el Congreso Nacional.

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