Tras la primera semana de sesión del estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, los pedidos de aumento de distintas instituciones ya sumaron US$ 25 millones, sin que otras carteras de mayores escalas hayan presentado aún su propuesta, por encima de los US$ 13.172 millones ya aprobados.

Al respecto, el economista y exministro de Hacienda, Santiago Peña, aseveró que la situación económica no está bien, por lo que es fundamental entender eso y partir de allí, y si bien se está dando una recuperación, la economía tiene un nivel de ingreso per cápita que todavía sigue siendo 10% que en el 2018.

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Por lo tanto, es fundamental priorizar los recursos, solo salud necesita demandar todavía montos importantes, sincerar los números y enfrentar la enorme deuda tanto con los sanatorios privados como con las farmacéuticas, con las que también tiene atrasos importantes, indicó.

En cuanto a las posibles consecuencias de solicitar un presupuesto 2022 más de lo ya aprobado, señaló que el Congreso o el Ejecutivo pueden aprobar un presupuesto inflado, pero el dinero no se puede solo imprimir por ley porque hay limitaciones, y al aprobar una autorización de gastar no significa que se tenga que hacerlo, sería la derivación menos dañina.

Mientras que la más dañina sería la de credibilidad porque el presupuesto es una herramienta que envía señales a nivel local como externo con calificadoras de riesgo, organismos internacionales e inversores en general que miran cuál es el nivel de compromiso político sobre la gestión económica de mediano y largo plazo.

“Si se aprueba un presupuesto con un déficit fiscal del 8 o 10%, se envía una señal que puede posicionar al país probablemente en el mismo club en el que se encuentran Argentina, Venezuela y otros países que tiene un descalabro económico tremendo”, agregó.

Por el contrario, cuando Paraguay dice que cuenta con una ley de responsabilidad fiscal y la cumple, envía una señal de credibilidad que demuestra que no solamente tiene una normativa al efecto, sino que la cumple incluso, tal y como lo demostraron en la administración anterior, recalcó Peña.

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Si bien el gobierno actual enfrentó años difíciles, como en el 2019 cuando se tuvo un mayor déficit fiscal tras implementarse medidas contracíclicas que llevaron al déficit al 3%, duplicando lo establecido de 1,5%, para luego enfrentar un 2020 con otra crisis con la pandemia y elevando el déficit a más del 6%.

No obstante, la estrategia y el planteamiento que establece una política económica razonable es la disminución de ese déficit fiscal, que se espera que este año pueda bajar al 3 o 4%, de modo de converger el próximo año al 1,5% que es una responsabilidad del gobierno actual, precisó.