Una empresa paraguaya desarrolló el Chiamé, un alimento funcional que aprovecha las propiedades nutricionales complementarias del sésamo y la chía. Según los desarrolladores, el proceso requirió años de investigación para perfeccionar el tostado, molienda y descortezado, conservando los nutrientes naturales.

Tras validar la fórmula, se construyó una planta industrial con tecnología especializada. La iniciativa contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La inversión por parte de Conacyt, a través de Proinnova, fue de G. 744 millones, lo que permitió adquirir maquinaria y ampliar la infraestructura, generando más de 25 empleos. La producción ahora opera en tres turnos diarios.

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“Buscamos crear un superalimento que pueda incorporarse fácilmente a la dieta diaria, manteniendo su valor nutricional de forma natural y con un sabor agradable al paladar”, explicó Carlos Octavio Blanco, gerente de la Unidad de Superfoods de la empresa ALPACASA, encargada del proyecto “Chiamé”.

En el último año, la firma envió 14 contenedores a mercados como EE. UU., Alemania y Taiwán. “Hoy estamos vendiendo los ingredientes del Chiamé por separado, mientras buscamos alianzas estratégicas para posicionar el producto como tal. El mercado internacional ha recibido positivamente la propuesta, pero introducir un nuevo alimento funcional requiere tiempo y una fuerte inversión en educación al consumidor”, mencionó Blanco.

El proyecto también beneficia a productores locales de chía y sésamo, dinamizando la economía rural. Además, el personal fue capacitado en controles de calidad para asegurar estándares internacionales.

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Expertos de Naciones Unidas advirtieron el viernes de que el comercio mundial podría contraerse hasta 3 % como consecuencia los nuevos aranceles de Estados Unidos, si bien en el largo plazo podrían “reformular e impulsar” vínculos comerciales regionales “aún sin explotar”.

“Creo que habrá cambios en las cadenas de suministro y una reevaluación de las alianzas globales. Habrá cambios geopolíticos y económicos también”, auguró la directora del Centro de Comercio Internacional (ITC), Pamela Coke-Hamilton, quien incluyó a “México, China y Tailandia, pero también países del sur de África” entre los más afectados, “junto con el propio EEUU”.

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La economista se mostró especialmente preocupada por el aumento de los gravámenes a los productos estadounidenses en China como represalia y a la situación de México, cuyos productos de exportación “ya se han alejado de mercados como EEUU, China, Europa y otros países latinoamericanos para obtener modestas ganancias en Canadá, Brasil y en menor medida, India”.

En este contexto, Coke-Hamilton criticó la pausa de 90 días en la implementación de los aranceles estadounidenses anunciada por el presidente Donald Trump al considerar que no beneficiará al comercio mundial.

“Independientemente de si hay una prórroga, una y otra vez, el hecho de que no haya estabilidad ni previsibilidad afectará al comercio, a las empresas y a las decisiones que se toman en tiempo real”, argumentó.

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“Esta no sería la primera vez que se producen temblores en el sistema económico mundial. Lo hemos visto en los últimos 50 años en diferentes épocas. Este es probablemente un poco más duro, un poco más inestable”, sentenció.

Estas declaraciones llegan después de que el magnate anunciara una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles decretados el 2 de abril a todos los países que han iniciado negociaciones para abordar sus disputas comerciales y su sustitución temporal por un gravamen del 10 %, al tiempo que incrementó al 125 % los de China.

Fuente: Europa Press

Al cierre del primer trimestre del 2025 se registró un déficit fiscal acumulado de 0,8 % del producto interno bruto (PIB) por un valor de G. 2.830 mil millones, cerca de USD 357 millones, según el informe de Situación Financiera (Situfin) que dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Respecto al déficit anualizado, este se ubica en 2,8 % del PIB y es explicado en gran parte por una mayor dinámica del gasto en medicamentos, alimentación escolar e intereses. Según el MEF, los esfuerzos por mantener una ejecución equilibrada durante todo el año para la inversión pública, contribuyó a que se superen los niveles históricos de ejecución presupuestaria al finalizar marzo.

Al finalizar marzo, el ingreso total tuvo un aumento de 14,8 %, un incremento de 0,3 puntos porcentuales del PIB, en comparación al primer trimestre del 2024. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la buena dinámica de la recaudación tributaria tanto en impuestos internos como externos.

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En detalles, los impuestos internos representan una variación acumulada del 7,7 %. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) con 5,4 %, el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) con 2 %, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) con 0,8 % y el Impuesto a la Renta Personal (IRP) con 1,4 %. En negativo se registró un 2,4 % en el Impuesto por Distribución de Dividendos y Utilidades (IDU).

La contribución a la variación acumulada de los impuestos externos se desprende de la siguiente manera: a marzo de este año se registró un total de 14,1 %. El IVA representa un 7,7 %, los aranceles 6,1 %, y otros impuestos 2,9 %.

Los ingresos no tributarios crecieron 22,3 %, explicado principalmente por la contribución de los recursos de las represas binacionales Itaipú y Yacyretá. Los salarios financiados con ingresos tributarios se mantienen cercanos al mínimo histórico. El 79 % de los salarios se destina a los sectores de salud, educación y seguridad.

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Los gastos aumentaron en 11,4 %, debido al aumento del gasto en medicamentos y alimentación escolar, donde destacan el fortalecimiento en los sectores estratégicos de salud, educación y seguridad, que representaron el 74,1 % del gasto total. La inversión pública asciende a G. 1.754 mil millones, equivalente a USD 221,6 millones, y al primer trimestre representó el 0,5 % del PIB, mayor en 0,3 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2024.

Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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