La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Luque (UAL), llevaron adelante una encuesta con el fin de relevar la percepción de los consumidores sobre información de precios y promociones en comercios locales.

En este sentido, la medición realizada el pasado 19 de octubre reveló que más del 50 % de los consumidores tienen poca confianza en las promociones ofrecidas por los comercios. “Muchos consumidores enfrentan dificultades para encontrar precios en góndolas y estantes, afectando su decisión de compra.

Además, más del 95 % de los encuestados considera esencial tener precios visibles al momento de comprar. De acuerdo a lo que respondieron las personas consultadas, este inconveniente se registra con mayor índice en supermercados, tiendas de ropa y farmacias.

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Dentro de este estudio, también se realizan recomendaciones sobre estos dos inconvenientes detectados y entre ellos se encuentra la necesidad de una mejora en la transparencia en promociones y descuentos. “Los comerciantes deben cumplir con la ley a la hora de ofrecer promociones y descuentos de manera clara, evitando información engañosa que pueda vulnerar los intereses económicos de los consumidores”, señalan.

Igualmente aconsejan fortalecer la fiscalización sobre la visibilidad de los precios. “Es fundamental que Sedeco y otras autoridades competentes intensifiquen las acciones de control sobre los proveedores para asegurar el cumplimiento del derecho a la información clara y accesible sobre los precios”, argumentaron.

Por último, sugieren que se desarrollen campañas educativas con el fin de los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente los jóvenes estén informados sobre sus derechos y sobre cómo ejercerlos efectivamente. El informe completo está disponible en el siguiente enlace.

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El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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Un nuevo informe del Centro de Estudios Económicos (CEE), de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), detalló el nivel de crecimiento de la industria maquiladora en el país. Julio Fernández, jefe Senior del CEE, explicó que las exportaciones bajo el régimen de maquila alcanzaron los USD 927 millones hasta octubre de 2024.

“Es importante destacar que el 65 % de las exportaciones industriales del país proviene de esta industria, lo que representa un aumento de 34 puntos porcentuales en los últimos diez años”, indicó, ratificando así el crecimiento constante de la industria de maquila a nivel país.

Esto se traduciría a un crecimiento anual del 8 % respecto al año anterior, teniendo en cuenta que en el mismo periodo, bajo el régimen de maquila, se había llegado a USD 859 millones en exportaciones.

Con respecto a los principales productos exportados, se destacan autopartes, con el 28 %; confecciones textiles, con el 19 %; alimentos, con el 15 %; y aluminio, con el 13 %. El 64 % de las exportaciones maquiladoras tiene como destino Brasil, seguido de Argentina con el 10 %, Países Bajos con 6 %, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Bolivia con una menor participación.

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Al cierre del mes de octubre de este año, más de 300 empresas cuentan con programas de maquila aprobadas. Del total, el 90 % de las empresas se concentra en cuatro departamentos: con Alto Paraná, posicionándose con un 47 %, debido a su cercanía con Brasil, de acuerdo a los datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Por otra parte, en el departamento Central se concentra el 28 %, debido a que las industrias se instalan cerca de los puertos sobre el río Paraguay y en menor medida se encuentran Capital, con el 9 % de la concentración, y posteriormente el departamento de Amambay con el 6 %.

Los beneficios fiscales han sido el principal motor de atracción de industrias maquiladoras en el país. Actualmente, el principal desafío del sector maquilador se encuentra en la posibilidad de diversificar y consolidar nuevos mercados, con el objetivo de expandir aún más al área.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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