Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) informaron que durante el mes de marzo llevaron a cabo la verificación de instituciones educativas en Central y Presidente Hayes, donde se realizó un control de los trabajadores vinculados a las empresas proveedoras de alimentación escolar, en el marco del programa Hambre Cero.

Este programa permite que hoy 8.200 trabajadores, entre cocineras, auxiliares, limpiadoras y otros, acceden a empleos formales y protección social a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante los operativos realizados entre el 14 y el 21 de marzo fueron verificadas 60 instituciones educativas donde se presta servicio de alimentación bajo la modalidad Catering y Cocinando en las Escuelas. Como resultado, se logró registrar en el IPS a un total de 3.190 trabajadores, lo que representa un aumento del 64% en relación con la cantidad que contaba con cobertura antes de la intervención.

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En el marco del programa Hambre Cero, ya suman 8.200 los trabajadores que acceden a la cobertura social de IPS mediante su trabajo en el programa de alimentación escolar.

Las verificaciones se realizaron en 52 escuelas del departamento Central y 8 de Presidente Hayes y estuvieron a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en conjunto con el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE).

También fueron inspeccionadas 8 empresas y consorcios responsables del servicio alimentario, donde se detectaron irregularidades como que el 56% de los trabajadores no contaba con copia del contrato, 44% no estaba registrado en el sistema de control de asistencia, 30% no tenía acceso a la seguridad social y un 7% se encontraba trabajando sin contrato formal.

El Ministerio de Trabajo destaca que mediante la rápida acción el 75% de los casos de empleo informal fueron regularizados en un plazo de 48 horas, garantizando así que más personas accedan a los derechos básicos del trabajo formal como cobertura médica, aporte jubilatorio y protección frente a accidentes laborales.

“El compromiso con una alimentación saludable en nuestras escuelas debe estar acompañado de un firme compromiso con los derechos de las personas que la hacen posible. Trabajo digno y alimentación digna son pilares de una política pública justa e inclusiva”, expresó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

Remarcó además que este operativo marca un hito en el cumplimiento de los objetivos del programa Hambre Cero, que no solo prioriza la nutrición de la infancia paraguaya, sino también la dignidad del trabajo en toda la cadena de provisión de alimentos.

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Las empresas cotizantes con las que la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confeccionó los precios referenciales para la adquisición de 10.500 muebles escolares chinos, reconocieron haber presentado erróneamente sus presupuestos. Esta situación desborda el falso montaje impulsado por el dirigente opositor contra Itaipú.

Esto, según la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) N 874/25 de fecha 27 de marzo. La DNCP había iniciado una investigación de oficio por inconsistencias en los documentos y datos proporcionados sobre los precios referenciales, cuyo resultado confirmó “la existencia de irregularidad”.

De acuerdo al documento, hubo irregularidad “desde la solicitud de precios de potenciales oferentes y la falta de fundamentación en la combinación de fuentes para el establecimiento de los precios de referencia, lo que induce y vicia el presente procedimiento de contratación desde su planificación”.

Por tanto, la DNCP sostiene que corresponde anular el procedimiento de contratación y ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado. “Esta Dirección Nacional constata la existencia de una irregularidad sustancial que vicia el procedimiento de contratación desde su fase de planificación, al comprometer la legalidad, transparencia, objetividad y eficiencia del proceso”, indica el documento.

La resolución de la institución agrega que “en consecuencia, corresponde anular sin perjuicio a que pueda ser subsanado. Por tanto, se ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado con lD N 460394 “Adquisición de Mobiliarios”. La presente investigación de oficio se da por concluida en los términos expuestos, sin perjuicio de que, en caso de surgir nuevos elementos relevantes, esta Dirección Nacional actúe dentro del ámbito de su competencia”.

Las firmas que desnudaron las falacias del intendente Prieto son Fiorella Muebles, de Alfredo Aniano González; Intelfly S.A, de Nimio Villalba Gauto, el Grupo L&J de Marcos Antonio López, así como la Distribuidora Paula de Gerardo Rolando Arévalos. Esto, en el marco de la investigación de ofi­cio de la DNCP, encabezada por Agustín Encina.

En la resolución emitida por la DNCP, se detalla que las empresas Fiorella Muebles e Intelfly S.A manifestaron haber recibido un documento en blanco en lugar de las especificaciones técnicas requeridas, motivo por el cual formularon consultas a la municipalidad esteña sin obtener respuesta alguna. Agrega que ante la falta de información oficial, ambas firmas mencionan que basaron sus presupuestos en las especificaciones técnicas estándar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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Mientras que la Distribuidora Paula indicó a la DNCP haber recibido las especificaciones técnicas por parte de la convocante, aunque no consta en la documentación que permita verificar el contenido recibido. Asimismo, la propia firma reconoció que su cotización fue realizada con base en precios referenciales disponibles en la plataforma Alibaba.

“Esto evidencia la debilidad técnica y la falta de rigurosidad del procedimiento seguido por la Convocante, considerando que tales plataformas electrónicas de comercio internacional no ofrecen parámetros confiables para establecer precios de referencia válidos en el contexto de la contratación pública, ya que no reflejan condiciones reales del mercado local, ni garantizan especificaciones técnicas verificables, términos de entrega aplicables, ni tributos o costos logísticos asociados”, expresa la DNCP.

En el caso de la firma Grupo L&J, la institución refiere que se constató la convocante le remitió un detalle de especificaciones técnicas distintas a las establecidas en las bases del procedimiento, solicitando cotización con base en requerimientos que no coinciden con los publicados oficialmente, lo que refuerza el trato desigual otorgado entre oferentes y la falta de uniformidad en la información transmitida.

“En consecuencia, los presupuestos utilizados para la elaboración del precio de referencia fueron construidos sobre parámetros diversos, erróneos o genéricos, ajenos a las especificaciones técnicas finalmente a probadas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Esta situación genera una distorsión sustancial en la conformación del precio de referencia, viciando la etapa de planificación del procedimiento y contraviniendo el principio de transparencia y de igualdad de condiciones entre potenciales oferentes”, sentencia la DNCP.

Prieto apuntó a instalar sospechas de supuesto tráfico de influencias en el proceso de adjudicación que impulsó la entidad binacional Itaipú para la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa local Kamamya SA, que ya están siendo distribuidos por el Gobierno en un total de 22 distritos vulnerables.

La campaña de desprestigio contra la Itaipú, sin fundamentos ni argumentos sólidos, es impulsada por el líder del movimiento Yo Creo con el apoyo de medios de comunicación aliados, legisladores opositores y disidentes colorados.

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Durante la feria agropecuaria Innovar 2025, realizada en el departamento de Alto Paraná, Basa Capital estuvo presente en el stand de Banco Basa, donde estrechó lazos con clientes, promoviendo el conocimiento sobre el mercado de capitales.

Entre las actividades principales, se destacó una charla gratuita impartida por Andrea González, vicepresidenta de Basa Capital, sobre cómo optimizar el capital a través de instrumentos de inversión y opciones de financiamiento para empresas a través del mercado de capitales.

La ponencia, dirigida especialmente a empresas, abordó temas esenciales para comprender y aprovechar al máximo las oportunidades del mercado de capitales. Entre los puntos tratados se destacaron los fundamentos básicos de inversión, mercados financieros, estrategias y psicología de la inversión, educación financiera, aspectos fiscales y el uso de herramientas tecnológicas para la gestión del capital.

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Además, se incluyó un análisis y perspectivas económicas actuales que abarcaron el comportamiento del tipo de cambio, tasas de interés y precios de commodities. Como parte de la exposición, también se profundizó en el funcionamiento del mercado de valores, explicando la importancia de los entes reguladores, las ventajas del mercado desde el punto de vista de los inversionistas y de las empresas, los tipos de instrumentos negociados en la bolsa, y la relevancia de la calificación de riesgo para garantizar decisiones informadas.

Así también, se habló sobre las posibilidades de financiamiento que ofrece el mercado de valores, como capital para proyectos de expansión y nuevas líneas de negocio, reestructuración de pasivos y capital operativo, junto con las condiciones necesarias para emitir títulos de deuda.

Con esta iniciativa, Basa Capital reafirma su compromiso con el fortalecimiento del mercado bursátil y la educación financiera en Paraguay, consolidando su rol como actor clave en el desarrollo económico sostenible. Para más información, los interesados pueden ingresar a www.basacapital.com.py o llamar al 021 618 7900.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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