Una delegación de Paraguay, encabezada por el director de Empleo, Wilberto Otazú, participó de una semana de labores con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay (MTSS). El objetivo central fue intercambiar experiencias para fortalecer los Servicios Públicos de Empleo.

“La finalidad de este encuentro es impulsar mejoras en la plataforma de intermediación laboral de Paraguay y fortalecer los servicios de empleo público que ofrecemos a los trabajadores paraguayos”, expresaron desde las redes sociales del Ministerio de Trabajo de Paraguay.

Desde la cartera nacional remarcaron que este intercambio refuerza el compromiso de Paraguay de ofrecer un servicio de intermediación laboral más accesible, efectivo y conectado con las necesidades de los usuarios, apostando a la captación de procesos exitosos implementados en otros países.

Por otra parte, los representantes del Ministerio de Trabajo remarcaron que el país tiene objetivos clave con las jornadas de trabajo con sus homólogos uruguayos. Los puntos prioritarios se centran en fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito de servicios de empleo.

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La cooperación bilateral se realizaría uniendo esfuerzos para crear herramientas efectivas y adaptadas a las necesidades de los trabajadores. Al punto mencionado se sumaría la incorporación de innovaciones tecnológicas, con lo cual se apuntaría a desarrollos más progresivos y actualizados a los avances laborales.

En la línea de otros pilares estratégicos a implementarse desde el Mtess se encuentra la integración de oportunidades de capacitación con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (Snpp) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).

Esto con el objetivo de ir conectando de manera institucional a los usuarios, con cursos que potencien sus habilidades y aumenten sus oportunidades laborales. Además de fomentar una red de empleo nacional que genere mayor apoyo y apuesta por el sistema laboral del país.

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Más que nunca, el exiguo nivel que presentan los cauces hídricos debido a la falta de lluvias en el norte del Paraguay y sur de Bra­sil hacen necesarios los tra­bajos de dragado de los ríos, especialmente los dos más importantes que son utili­zados para el intercambio comercial con el extran­jero.

Desde ese punto de vista, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió cinco pro­puestas económicas en el marco de la licitación para los trabajos de manteni­miento y dragado del río Paraná.

Las autoridades de la car­tera de Obras indicaron que las empresas que pre­sentaron sus ofertas fue­ron: Ingeniería de Topo­grafía y Caminos T&C SA, Arte y Estructura SA, Terminal Occidental SA, Signature SRL y Trociuk Puertos SA, con presu­puestos que varían entre G. 64.633.928.100 y G. 77.779.642.900.

“El llamado está dividido en tres tramos estratégicos que conectan la zona de Yacyretá con el río Paraguay: el primer lote comprende desde La Patria hasta Vuelta Itatí; el segundo, desde Habra hasta Carpinchero; y el tercero, desde Cancha Dorada hasta Naranjito”, explicaron.

Agregaron que las inter­venciones incluyen volú­menes que oscilan entre 342.857 y 632.143 metros cúbicos por tramo, con el objetivo de reducir la sedimentación que afecta la profundidad del río e impide el paso eficiente de embarcaciones de gran calado. Estas labores con­tribuirán a la reducción de costos y a la optimización de la capacidad de trans­porte fluvial.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.

Juan Carlos Lezcano

Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.

El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.

Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.

El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.

Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.

Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.

De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.

En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.

LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavi­án y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Ama­rilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.

La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.

Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.

Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.

De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accio­naria.

De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.

El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.

Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).

Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la sena­dora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma represen­tante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.

Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amari­lla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como dipu­tada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.

De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.

La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Cen­tral, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.

Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.

Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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