El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

Le puede interesar: En G20, Peña pide acción urgente contra la pobreza

El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

Siga informado con: Con los Súper Tucanos y radares brindarán mayor defensa aérea, sin ley de derribo

El delicado estado de salud de Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, imposibilitó realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se debía resolver si el autor del terrible accidente iba a ser derivado a la cárcel de Tacumbú. Sanabria Vierci está imputado luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino, donde fallecieron varias personas entre ellas una diplomática alemana.

La jueza penal de Garantía de Caacupé se constituyó hasta el sanatorio privado donde está internado el imputado Sanabria Vierci y debido al delicado estado de salud del mismo no se pudo llevar a cabo la diligencia judicial. Se esperará que mejore su cuadro clínico para que se pueda realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Te puede interesar: Triple choque en Sanber: imputan a conductor que causó accidente y piden su prisión

La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

Podes leer: Misiones: ocupantes de camioneta del MAG resultan heridos en accidente rutero

De enero a octubre de 2024, la Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo USD 462 millones en concepto de royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

Los desembolsos se realizaron en el marco de las condiciones establecidas en el Anexo C del tratado de la Binacional. Desde la hidroeléctrica remarcaron que se encuentran honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros con el Estado.

De acuerdo con el informe de la Dirección Financiera de Itaipú, el Ministerio de Economía y Finanzas recibió USD 223 millones por royalties y USD 191 millones en carácter de cesión de energía. Por su parte, la ANDE recibió USD 48 millones por utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión.

En lo que refiere solo a las transferencias efectuadas en el décimo mes del corriente año, los royalties representaron USD 21 millones, mientras que USD 20 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la ANDE percibió USD 1,6 millones; sumando así unos USD 43 millones los desembolsos de la Binacional en octubre.

Lea más: Paraguay y EE. UU. no alterarán relaciones tras comicios, afirmó politólogo

Según establecen las legislaciones nacionales, una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción, el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones.

Por otro lado, los pagos de Itaipú a la ANDE, en tiempo y forma, le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

Lea también: Tribunal confirmó embargo sobre los ocupantes de la Finca 916

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, indicó que a la par que se avanza en el proyecto de reforma del sistema de transporte público, se lleva adelante una serie de acciones con el fin de generar un cierto impacto en el corto plazo. Dentro de esta medida se encuentra la incorporación de 30 buses que serán adquiridos de la República de China (Taiwán).

“Queremos tener para el primer trimestre del año que viene, lo que también representa un desafío porque es una flota nueva que se va a incorporar al sistema, esto lo estamos trabajando con el gobierno de Taiwán y también todo lo relacionado a las estaciones de carga que se necesitan para estos buses”, explicó.

Estas unidades requieren de estaciones capaces de llegar a una carga completa en 20 minutos, para eso hay una coordinación con el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), con la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y otras entidades de modo a que estas unidades puedan estar funcionales, especialmente par los tramos de la avenida Eusebio Ayala y Mariscal Estigarribia, extendiendo su recorrido hasta las oficinas del Gobierno.

Lea también: Entidad bancaria dejó con interrogantes a la CBI, señaló Gustavo Leite

“No es una solución definitiva, pero es una ayuda para el sistema, las paradas también estamos trabajando porque son importantes de modo que sean seguras para el pasajero”, señaló a la 1020 AM. Además de esto, mencionó que se ha abierto la licitación para la construcción de un carril único entre J. Augusto Saldívar y San Lorenzo, un tramo de 12 km en total que representará una inversión de USD 20 millones.

“Eso ahora está en licitación, estamos diagramando un carril bus desde el inicio de la Policía Caminera en San Lorenzo y llevarlo hasta el mercado, para eso se están haciendo estudios topográficos y análisis de tránsito. Los carriles exclusivos son importantes para acelerar el tránsito, que es lo que busca esta reforma” afirmó.

No obstante reconoció que recién una vez que se cuente con la ley, se dará inicio a un proceso más potente y robusto del cambio del sistema y de la incorporación de buses, puesto que el Gobierno tiene previsto incorporar 1.000 nuevos buses en este periodo. “La ley nos va a dar la ventana jurídica para hacer un cambio estructural, eso se va a presentar al Congreso y en este momento el proyecto está en Presidencia para sus últimos ajustes”, refirió.

Le puede interesar: Jaime Bestard es designado como presidente del TSJE