Si bien algunos contribuyentes ya están cargando sus facturas desde el mes de julio, será desde el 2022 que esta nueva obligación alcanzará a todos. Foto: Archivo.
Tributación aumentará el control con el registro de comprobantes desde el 2022
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El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, señaló que a partir del 2022 se realizará un control más exhaustivo con el registro de comprobantes a través del sistema Marangatú.
Este aumento en los controles se debe a que anteriormente algunos contadores cargaban gastos que no eran deducibles y recién con los controles rectificaban.
“No es que se suspenden o eliminan deducibilidades. A partir de enero habrá controles más exhaustivos en el sistema Marangatú. Se van a cargar comprobantes de gastos”, dijo.
En la oportunidad, indicó que si bien algunos contribuyentes ya están cargando sus facturas desde el mes de julio, será desde el 2022 que alcanzará a todos. “Uno de los objetivos es reforzar los trabajos en el combate contra la evasión, considerando que la tecnología posibilita realizar cruces de datos, lo que ya permitió descubrir por ejemplo grandes esquemas de facturas clonadas”, destacó.
Por otra parte, el viceministro Orué recordó que en el año 2018 contaban con 800.000 contribuyentes y pasaron a 1.200.000 en un plazo de tres años, a través de la inscripción a regímenes como el Simple y Resimple.
Señaló también que el programa Pytyvõ ayudó bastante, ya que la gente que recibió esta ayuda económica fue inscripta de oficio, son unas 40.000 personas las que siguen formalizadas y trabajando.
Asimismo, resaltó los indicadores económicos positivos y afirmó que es necesario mantener los niveles de inversión y ciertas restricciones en los gastos para consolidar la recuperación económica del país.
Por último, comentó que hoy la Subsecretaría de Estado de Tributación tuvo su evaluación con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafiltat), en la que como titular de la institución comentará todas las acciones implementadas contra la evasión y el lavado de activos.
Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
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Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
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El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.
La presidenta de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enfrenta juicio oral por falsificar facturas que posibilitaron el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia. Foto: Gentileza
Imedic: comenzó juicio oral contra Patricia Ferreira y otros dos acusados
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Se inició el juicio oral y público para la presidenta de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, acusada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense. Mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero, quienes sostienen que tienen suficientes elementos de prueba para sostener la acusación y lograr una sanción penal para los acusados.
La audiencia oral se inició con la presentación de los incidentes de inclusión probatoria de parte de la defensa de los acusados. Además de Ferreira están siendo juzgados en el caso Nidia Godoy, funcionaria de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
Este caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registraron durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
Che Róga Porã: reducción del IVA apunta a crear más facilidades para la primera vivienda
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El Gobierno nacional anunció una importante noticia del ámbito tributario, la cual consiste en una reducción casi total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el crédito destinado a la compra de la vivienda a través del programa Che Róga Porã. Según explicaron, el objetivo principal es generar más facilidades al segmento de la clase media.
“Eso beneficia al comprador porque va a pagar menos impuestoy la idea era que aquellos que están alquilando un inmueble destinen ese mismo pago en su propia vivienda, esa es la lógica del programa”, detalló Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Vía decreto se estableció que el IVA que se aplicará a los créditos para Che Róga Porã serán del 0,5%, es decir, una reducción casi absoluta del tributo cuyo porcentaje va del 5% al 10%. El director explicó que esto beneficia al comprador, dado que será menor el impuesto que pagarán los beneficiarios del programa.
“El presidente nos dio la instrucción de reducir todo lo que se pueda y así beneficiar al que va a comprar su primera vivienda de modo que sea lo más barato posible. Solo a través de una ley podríamos bajar la tasa de interés del IVA al 0%, pero como quisimos hacerlo más rápido, entonces decidimos hacerlo por decreto”, manifestó Orué ante la 650 AM.
El director recordó que este programa tiene una mirada inclusiva desde el punto de vista social que busca beneficiar a aquellas personas que desean tener una vivienda propia y cuyos ingresos no son muy altos. “Evidentemente estamos tratando de que este programa sea exitoso”, precisó el director.