La Cámara de Anunciantes del Paraguay emitió un nuevo comunicado ante la complicada situación por la que atraviesa el país, convulsionado a causa de las movilizaciones y cierres de ruta que se vienen realizando ante la mirada pasiva y casi indolente de las autoridades nacionales, las cuales amenazan gravemente el basamento mismo de la República afectando claramente el derecho al trabajo y el derecho a la libre circulación, derechos que se encuentran garantizados en la propia Constitución Nacional, dice parte del comunicado.
“Impacta además, de manera importante en la economía y perjudica no solamente a las grandes empresas e industrias sino a toda la cadena productiva y de distribución, desde pequeños comercios hasta el consumidor final. Ante estas circunstancias, desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), exigimos al Gobierno Nacional una postura firme y el cumplimiento irrestricto de las disposiciones constitucionales y las leyes vigentes que garanticen la libre circulación de personas y el transporte de bienes”, señala el documento.
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Así mismo, la CAP recuerda su rechazo al proyecto ley que pretende establecer los valores del costo operativo y precio de referencia del flete. “Deseamos reiterar nuestra posición de rechazo al citado proyecto en razón de que el mismo atenta contra disposiciones constitucionales que garantizan la igualdad de oportunidades y la competencia en el mercado, además de eliminar toda oferta de valor y calidad que se pueda ofrecer al consumidor o usuario final”.
Finalmente, la CAP manifiesta su confianza en la prudencia y mensura de la clase política. “Y en particular de nuestros legisladores, seguros de que no cederán ante amenazas extorsivas que buscan satisfacer intereses particulares y de grupos en detrimento del interés y bienestar general”.
Por su parte, el vicepresidente de la CAP, Giuliano Caligaris, manifestó en contacto con Radio Uno que el Gobierno debe actuar. “El país está viviendo hace más de 20 días paros ilegales, violando los derechos básicos de moverse libremente. No sabemos dónde están las autoridades. Uno se siente desamparado. Es una obligación del Gobierno el poder amparar a las leyes básicas. Nuestra economía viene sufriendo en los últimos años de pandemia. Favorece al contrabando. El contrabando circula libremente en nuestro país nunca hubo un paro, pero el sector que produce, emplea es quien está atado de manos.