El sector privado, como actor fundamental para el desarrollo del país, cotejó la gestión de Mario Abdo durante los tres primeros años de gobierno, además del compromiso que esperan se pueda asumir por los próximos dos que quedan. La administración será recordada históricamente como uno de los gobiernos más difíciles quizás, al enfrentar una pandemia que puso en evidencia aspectos en la capacidad de gestión.

Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en términos generales, señaló que se sigue con la deuda histórica de la pobreza y desigualdad, así como en materia de educación y salud.

Recalcó que en el aspecto económico se venía bastante bien hasta que llegó el COVID-19 y se tuvo que recurrir a recursos como préstamos internacionales para brindar atención, que fue una enorme preocupación además de desnudar una estructura corrupta insertada ya históricamente en el Estado.

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Por otro lado, el sector productivo primario pudo seguir trabajando con cierta normalidad, lo que consideró que fue el factor más importante para que el país sea el más resiliente de la región para la recuperación económica.

“Nuestra visión para el futuro es que se produzca la anhelada recuperación para los sectores más vulnerados y sensibles, y que en estos dos años que restan, puedan sujetar las riendas con firmeza de esta crisis”, expresó Galli.

Además, Galli enunció la preocupación, al ver que ciertos sectores cercanos al Gobierno entablan alianzas coyunturales en contra de la producción, incluso con proyectos que atentan contra la seguridad nacional, que es otra de las deudas del Gobierno actual.

“Necesitamos que se mejore la seguridad ante amenazas de grupos terroristas y delincuenciales organizados que atentan con secuestros sin resolver y ya provocaron tanto dolor a muchas familias, al igual que la seguridad jurídica con relación a las invasiones públicas y privadas”, agregó el titular de la ARP.

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Para la gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO), Sandra Noguera, el Gobierno acompañó una reforma tributaria que castiga al sector agroindustrial, ya que es la única industria que al exportar productos industrializados (harina y aceite) no tiene posibilidad de recuperar el IVA crédito, directamente relacionado a las exportaciones.

“Esta posición del Gobierno, no solo atenta contra la seguridad jurídica, sino que genera incertidumbre y desalienta tanto a las inversiones ya realizadas como a nuevas inversiones en este rubro”, expuso.

En cuanto a la lucha contra el contrabando, el gremio considera que los esfuerzos fueron “insuficientes” y que se están poniendo en riesgo la industria aceitera y cientos de puestos de trabajo, ya que el país está inundado de bienes ilegales contra los cuales no puede competir. Se venden abiertamente incluso en la vía pública, sin ningún tipo de control, poniendo en riesgo además la salud de los consumidores, dice.

Entre las falencias, Noguera señaló que faltó mayor apertura para trabajar en conjunto con gremios y diseñar políticas públicas que creen las condiciones para que Paraguay pueda aprovechar la demanda global, y convertirse en un verdadero proveedor de alimentos para el mundo.

En tanto que en materia de salud, sostiene que la respuesta ante la pandemia fue lenta, y podían evitarse situaciones dolorosas para miles de familias paraguayas.

“Consideramos que se debió actuar desde el inicio con mayor firmeza ante situaciones como las que estamos viviendo ahora: un paro extorsivo de determinados dirigentes de camioneros que tiene en vilo a todo un país y ya produjo daños irreparables a toda la economía”, subrayó.

A la vez, dijo que se necesita un plan maestro que garantice la navegabilidad de los ríos, ya que son las principales vías de exportación de las oleaginosas, cereales y sus productos derivados, además reforzar la seguridad en dichos canales, en todo sentido, ya que actualmente también son blanco de robos en los cargamentos de las barcazas.

En cuanto a lo que resta del mandato, resaltó que esperan, como uno de los sectores con mayores inversiones de los últimos 10 años, que sus recomendaciones se tomen en cuenta, a efectos de convertir al país en uno que aproveche mejor sus materias primas y genere más empleos y oportunidades para todos.

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Igualmente piden seguridad jurídica, reglas claras, una lucha frontal y sostenida contra el contrabando, garantías de libre tránsito y derecho al trabajo, con respuestas rápidas y firmes por parte de las autoridades del Gobierno, ya que la situación pide a gritos que actúen para garantizar el respeto a la Constitución Nacional, expresó.

Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP), destacan aspectos como la articulación de apoyos financieros en el marco de la pandemia, además de apostar a la industria nacional con algunas compras en el campo de la salud y de confecciones, mientras no pararon las obras públicas que mantuvieron a la construcción y su cadena de suministros con elevada demanda, y los ajustes en el sector eléctrico.

“Hay que rescatar que se apoyó a sectores específicos cuando estos requirieron la atención del Gobierno. Como la reducción de impuestos a los sectores gastronómicos y de servicios, o haber adoptado medidas excepcionales para la navegación y salida de productos de exportación”, acotó Enrique Duarte, titular de la UIP.

Asimismo, el sector industrial soportó las tormentas, acompañó las medidas sanitarias y se adaptó a los tiempos desde el punto de vista de la operación bajo modo COVID, sin recurrir a pedido de subsidios, agregó.

En coincidencia con CAPPRO, los aspectos pendientes por mejorar, desde la UIP alegan que el contrabando sigue limitando las posibilidades de la industria local formalizada, y que las políticas monetarias de los vecinos dificultan esa lucha, yendo en contramano del espíritu de un gran mercado regional.

A la vez, sostienen que es preciso fortalecer instituciones claves que brinden respuestas a la velocidad que las inversiones requieren para su éxito. “El Catastro, los Registros Públicos, el INTN y otras instituciones deben poder responder con eficacia a los requerimientos de los proyectos de inversión”, añadió Duarte.

Reconoció la apertura al diálogo del Gobierno, pero sostiene que se requiere, sin embargo en muchas ocasiones, un liderazgo más vigoroso y más expeditivo, pues la demora en toma de decisiones oportunas prolonga innecesariamente los conflictos y genera un clima poco propicio para la inversión, lo cual retrasa el desarrollo que sería la mejor herramienta para responder a los reclamos sociales.

En cuanto a políticas de industrialización, falta pasar del enunciado a su aplicación efectiva, sostuvo. La industria tiene el potencial de absorber la demanda de puestos de trabajo que año tras año suman las nuevas generaciones que se suman a la población en edad de trabajar. Así como la efectiva labor respecto a la seguridad pública y libre circulación de bienes y personas.

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La expectativa de la industria, con relación a lo que queda de la gestión de Abdo, es que se pueda combatir decidida y frontalmente a la informalidad que alienta y sustenta al contrabando, y por consecuencia, al lavado de activos.

Recomendaron a la vez que en las negociaciones del Mercosur respecto al Arancel Externo Común, régimen de materias prima, régimen de Maquila, Zonas Franca y otros, el Gobierno precautele los intereses paraguayos y las posibilidades de desarrollo, dado que se trata de un país mediterráneo que requiere de políticas de compensación por dicha desventaja. En ese sentido, el Régimen de Materia Prima es vital para la continuidad de varios sectores industriales.

Por último, Duarte se inclinó por el potencial en la cadena de productos alimenticios que puede explotarse más, y que el Estado debe privilegiar la exportación con alto valor agregado local, en lugar de materias primas en estado natural. Y articulando el sector primario con el secundario, es que se podrán crear nuevas cadenas de valor con más oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida de la población, concluyó.

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