Representantes de los gremios de camioneros se retiraron de la mesa de diálogo con el comité técnico instalado por el Gobierno y anuncian medidas “más drásticas”. Roberto Almirón, representante del sector, anunció que a partir de este lunes se iniciarán marchas en diferentes puntos del país.
“En la asamblea los dirigentes de los distintos puntos del país nos pusieron una condición, que ya no podíamos participar de ninguna mesa técnica, que el pedido es la ley de transporte y sin eso prácticamente ya no hay más que hablar ni reunirnos”, dijo Almirón en entrevista con la 1020 AM.
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El representante de los camioneros agregó además que aún no definieron exactamente los horarios y los puntos; sin embargo, estas marchas se estarían iniciando desde tempranas horas y otros puntos a partir del mediodía.
“Ayer también decidieron, no sé desde qué hora van a marchar, algunos quieren marchar hasta Asunción, algunos van a marchar. Vamos a tener movilización desde mañana (lunes). A partir del mediodía más o menos”, señaló.
Por otra parte, mencionó que trataron de “apaciguar” los ánimos de los compañeros. “Nosotros tratamos de tranquilizarles a los muchachos, pero como ya están hace varios días y sin ninguna respuesta, ya están enojados algunos y quieren tomar otras medidas”, sentenció.
Por último, mencionó que serían alrededor de 30 gremios los que se estarían sumando a las movilizaciones. “Hay algunos puntos que ya no quieren saber más nada. Estamos tratando de controlar, pero vamos a ver. Unas 25 a 30 asociaciones nos dicen que ya están cansadas de escuchar historias y entonces quieren tomar otras medidas”, dijo.
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Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
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Servicio civil: Sitrande dice que no hay objeciones y que los “reclamos se han corregido”
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), Adolfo Villalba, dijo que no se acoplarán de forma masiva a la movilización convocada desde las centrales obreras para este miércoles 13 de noviembre con el fin de solicitar al Senado la postergación del proyecto de reforma del servicio civil.
Detalló que la decisión fue tomada este último lunes por la mesa directiva del sindicato al no existir objeciones a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que tiene como objetivo iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público.
“Hemos corroborado que en el proyecto colectivo presentado al Parlamento que los reclamos principales que hemos tenido como sindicato sí se han corregido, esto teniendo en cuenta que en el proyecto habían varios artículos que suponían un retroceso en cuanto a lo que es el derecho de los trabajadores”, sostuvo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Hoy en día estamos regidos por la Ley 1626 que es de la función pública, entonces hicimos una comparación con esta normativa, el motivo de ser de los sindicatos es verificar que el trabajador no salga perjudicado y que la ley no tenga un retroceso, entonces controlamos que el proyecto de la carrera civil mínimamente sea igual en cuanto a los derechos laborales”, remarcó.
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La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el 16 de setiembre pasado. La iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la función pública, entre otros.
“Somos funcionarios públicos y que haya una ley que nos rija no está mal. Acompañaremos muy de cerca el tratamiento del proyecto de ley, estarán presentes nuestros delegados, pero no saldremos masivamente a corroborar que la propuesta acordada sea aplicada. Si uno se coloca a leer el proyecto de ley de la carrera del servicio civil podrá ver que en grandes medidas es un copia y pegue de la ley 1626 con algunas correcciones luego de los 20 años de vigencia que tiene esta norma”, dijo.
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Centrales obreras piden al Senado postergar estudio de la reforma del Servicio Civil
El secretario general de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), Julio López, manifestó que el miércoles 13 de noviembre varios gremios sindicales impulsarán una movilización para lograr la postergación del análisis de la propuesta de reforma del Servicio Civil, que tiene como finalidad iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público.
“Cada gremio sigue trabajando mediante el lobby con todos los parlamentarios para hacerles entender las inquietudes que se han presentado. Además de esto también se ha decidido convocar a una gran movilización en donde una de las decisiones o la demanda será posponer el tratamiento de este proyecto de ley”, manifestó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, acotó que el frente sindical social y la confederación de la clase trabajadora, se movilizarán varios gremios del sector público. “Creo que será multitudinaria y ojalá pueda influir para que los parlamentarios reflexionen que se necesita un poco más de tiempo para discutir los temas pendientes que fueron elevados a las autoridades de manera formal”.
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La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el pasado 16 de setiembre. La iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la Función Pública, entre otros.
“Podemos decir que en algunos puntos mejoró, pero nos preocupa mucho que el proyecto obstaculice el derecho a la huelga, afectando el derecho de la organización sindical. Otro punto muy importante es que obstaculiza la negociación colectiva, en cierta forma la propuesta desnaturaliza el objetivo jurídico de esta figura”, comentó.
López siguió argumentando que “Vemos que en el régimen del contrato sigue la precarización y discriminación a un sector muy importante del Estado a quienes por hoy se les conoce como los contratados, y por otro lado, nos preocupa de sobremanera el tratamiento otorgado a la seguridad social, es decir las garantías que el Estado debiera ofrecer al trabajador del Estado en cuanto a su seguro médico y jubilaciones”, indicó.
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Escribanos solicitan que se aplace el estudio de creación del RUN
El gremio de escribanos, del sector notarial, geógrafos y algunos sectores campesinos, encabezan una movilización en las inmediaciones del Congreso en el marco del tratamiento del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), mediante el cual se pretende fusionar Catastro y Registros Públicos.
“Lo que venimos a pedir es la postergación, si no son tenidos en cuenta nuestros reclamos, nosotros nos abocamos al rechazo de la ley”, expuso el escribano Fernando Báez en contacto con La Nación/Nación Media. El profesional lamentó que sus recomendaciones no hayan sido tenidas en cuenta debido a que consideran que como está planteada la ley, no se cumplirá el objetivo de abaratar costos y reducir plazos para la titulación de propiedades.
“Hay que dejar en claro que el proyecto, así como está del RUN, no vemos como una solución real porque nos estamos encontrando con dos instituciones que están totalmente recortadas presupuestariamente y eso se traduce en un resultado ineficiente de la gestión de cada una, vamos a fusionar dos instituciones que están con problemas”, afirmó.
Para Báez, aprobar la fusión de Catastro y Registros Públicos, tal y como lo establece el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, podría resultar en un proceso “traumático”. Añadió que un ejemplo similar a esto fue la creación del Registro del Automotor, el cual demoró alrededor de 24 años en llegar a un buen funcionamiento como el que tiene actualmente. “Lo que se busca es que sea lo menos traumático posible”, refirió.
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Cuestionamientos
Los objetivos principales de esta iniciativa es la celeridad y la economía registral catastral, no obstante, la redacción del proyecto contempla un aumento en ciertos plazos procesales y costos de las tasas que se tienen actualmente, por lo que, consideran que de aprobarse de esta manera, no se estaría cumplimiento con la misión central que se expresa en la exposición de motivos a favor de esta ley.
“En cuanto a lo que tiene que ver con la celeridad de los trámites, actualmente un certificado de dominio tarda en salir en 10 días, la ley establece que debe ser en ese plazo, sin embargo, en el proyecto aumenta ese plazo y va a 15 días, las escrituras en lugar de 20 días ahora pasan a demorar 30 días con esta media sanción”, señaló.
Los escribanos ya tuvieron reuniones con legisladores donde pudieron exponerles estas situaciones, sin embargo, sus reclamos no fueron considerados ni se realizaron ajustes al proyecto, lo cual es una situación lamentable para el sector, puesto que son quienes operan en el sistema, mencionó Báez.
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“Estamos encontrando que en lugar de bregar por lo que ellos mismos pregonan en su exposición de motivos, que son la celeridad y economía, en este caso no se ve reflejado en el proyecto, entonces los que estamos en el tema encontramos esas situaciones presentes en este proyecto de ley”, sostuvo.