Por Eugenio Aranda

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La gestión de un gobierno es medida a través de los resultados obtenidos, ya sean negativos o positivos. Son varios los parámetros que se tienen en cuenta para poder concluir si el desempeño del Poder Ejecutivo fue bueno o no en un determinado tiempo. Si bien hay resultados medibles en varios ámbitos, los más resaltantes o con mayor peso son aquellos relacionados al ámbito político, económico y social, pero en este material se enfocará exclusivamente sobre el ámbito económico.

Sin dudas alguna, a Mario Abdo Benítez le tocó un periodo complicado, iniciando su primer año de gobierno con un recesión económica regional y local, que puso fin a los años seguidos de prosperidad económica experimentada en ejercicios anteriores. La caída de la producción de soja en la campaña 2018/2019 a raíz de la sequía complementó los efectos de la recesión económica en la región, hechos que hicieron estancar la economía paraguaya en el 2019. A esto se sumó la llegada de la pandemia del COVID-19 a Paraguay en marzo del 2020, que desbarató todas las ilusiones de una posible recuperación y arrojó los números hacia la zona negativa.

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Con este panorama, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cumple mañana tres años de gobierno con resultados que tal vez ni el propio mandatario lo esperaba o imaginaba al asumir el mando presidencial. En ese sentido, para obtener una visión y análisis especializada, La Nación contactó con dos renombrados economistas, que alguna vez ocuparon un importante cargo público: Hugo Royg, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), y César Barreto, exministro de Hacienda.

Para el economista Hugo Royg, en la gestión política de un presidente, su acción es política, pero son los resultados económicos y sociales con las familias y empresas de un país los que permiten establecer criterios de evaluación.

En ese contexto, el especialista manifiesta que el resultado económico en estos tres últimos años muestra que la economía paraguaya tiene una evolución orgánica con tasas positivas debido a las fortalezas y capacidades existentes en los sectores productivos privados. No obstante, sostuvo que la gestión de coordinación de políticas públicas (económicas y sociales) es la que ha demostrado lentitud y poca claridad en lo que concierne a las prioridades y urgencias para las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y para el bienestar de las familias.

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Como segundo punto, Royg pone en análisis la gestión de la política fiscal, donde destaca el esfuerzo tributario realizado, tanto por la reforma tributaria hecha como por el incremento de la recaudación y de la formalización. En esa lista también resalta el incremento en la capacidad de gestión de proyectos de inversión en infraestructura y la capacidad de atención de la salud a la población.

Sin embargo, afirma que definitivamente, la gran deuda está en las acciones claras y decididas en evitar y sancionar los actos de corrupción en el sector público, que según su punto de vista, hay un aumento de la corrupción. Otra deuda que incluye en el ámbito de la gestión de la política fiscal es el análisis de la calidad y pertinencia de la deuda pública.

Otra cuestión que sobresale en el análisis realizado por el economista es la implementación de instrumentos de política pública a través del uso intensivo de la tecnología, acción que califica como novedosa y positiva. “Esto da esperanzas en torno a las posibilidades de implementación de acciones tendientes a desburocratizar la relación sector público/ciudadanía”, señaló.

No obstante, el especialista aseveró que no está claro el modelo país a ser impulsado y gestionado, ya que no existen mensajes claros sobre el marco en el que se gestionarán las políticas públicas. Agregó que el presidente y las autoridades responsables de la coordinación de políticas económicas y sociales no construyen consensos ni comunican o interactúan con los actores claves sobre el norte que tenemos como país.

“La consecuencia directa de esta acción es que la forma más efectiva de incidir en las políticas públicas sea presionando. Lastimosamente se está incrementando esa forma de incidir. En síntesis, los resultados son mínimos, más cercanos al de sobrevivir como país, antes que orientar el país hacia objetivos claros y consensuados. La nota que le pondría es 2, en una escala del 1 al 5”, expresó el economista y extitular del IPS.

El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, sostiene que el actual Gobierno supo de alguna manera manejar bien la pandemia el año pasado, con cuarentenas iniciales estrictas y un programa de apertura gradual de sectores, combinados con un incremento importante en la inversión en infraestructura y un programa de transferencias que llegó a casi 2 millones de personas.

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Todas estas acciones estuvieron apoyadas en un sector agropecuario que no paró y tuvo resultados muy positivos, ayudando así para que la caída de la economía en el 2020 fuera pequeña en comparación a otros países de la región y el mundo. Sin embargo, hubo una mala gestión en la compra de vacunas que puso en un enorme riesgo la recuperación económica este año, dijo Barreto.

“Finalmente, la cooperación y el apoyo del gobierno de EEUU con la donación de dos millones de vacunas en el momento justo, nos está permitiendo salvar la situación y continuar con el proceso de recuperación de la economía con un ritmo de vacunación muy positivo que nos da expectativas positivas para la consolidación de la recuperación y el crecimiento económico para este y el próximo año”, destacó.

Dentro de su análisis, Barreto incluyó la falta de avance en la negociación del Anexo C de Itaipú, calificando este hecho como un punto preocupante. Aseguró que por años se viene esperando este momento para buscar obtener más recursos una vez que la hidroeléctrica termine de pagar su deuda, pero que en las condiciones actuales, ve difícil que se pueda lograr un acuerdo definitivo e implementable en menos de 3 o 4 años.

“Es necesario un acuerdo transitorio con Brasil para mantener la tarifa hasta que se acuerde un nuevo Anexo C. De lo contrario, la tarifa bajará indefectiblemente ya el próximo año y con ella se irán esfumando las posibilidades ciertas de obtener recursos adicionales que son fundamentales para el desarrollo del país en la próxima década.

Por otro lado, Barreto también tocó la cuestión del IPS con relación al fondo de jubilaciones. Consideró que en esta problemática hubo un gran retroceso, ya que la ley de creación de la superintendencia de jubilaciones y una regulación de la inversión de los fondos jubilatorios fue descartada al inicio del Gobierno y se aprobaron ampliaciones de beneficios para el personal de blanco, mientras que la caja fiscal sigue en un rápido deterioro financiero.

“Tampoco se logró controlar ni racionalizar el reajuste salarial de maestros, el cual no considera factores de mérito ni desempeño hasta ahora. Solo el reajuste de este año costará unos US$ 130 millones anuales a los contribuyentes, sin mejorar en nada la calidad de la educación”, puntualizó.

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