La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunció mediante un comunicado emitido en la mañana de este martes en defensa de su presidente, el Pedro Galli, ante amenazas de acciones legales por declaraciones suyas ante la prensa.

El gremio señaló que el Paraguay tiene sancionada una Constitución Nacional (CN) mediante la cual se garantiza la libertad, igualdad y justicia, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana.

Así también, indica que la libre expresión, contemplada en el artículo 26 de la CN, es un principio del derecho del ciudadano que habite el Paraguay.

“Que la amenaza de un legislador que integra un poder del Estado de denunciar ante la justicia a un presidente de un gremio, por declaraciones y denuncias de hechos varios que son notorios y ocurren a diario en el país, es un claro intento de limitar la libertad de expresión, de infundir miedo y socavar las bases de la democracia que elegimos vivir”, señala parte del comunicado de la ARP.

En otra parte del documento expresa que la amenaza al titular del gremio es un indicio del proceso de deterioro institucional que se vive, propiciado por actores al servicio de un proyecto totalitario que busca destruir los pilares de la República del Paraguay.

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El gremio señala que el respeto a la propiedad privada, la defensa del libre comercio y la plena vigencia de las instituciones constituyen el marco legal aprobado por los constituyentes. Afirman que toda restricción o intento de limitar estos derechos, como la presentación de leyes de claro tinte inconstitucional, o el apoyo a violaciones de la propiedad privada, o el proyecto de despenalización de las invasiones, constituyen conductas ilícitas conforme al artículo 127 de la Constitución Nacional, que dice que no está permitido predicar su desobediencia.

“En este marco la Comisión Directiva Central apoya, ratifica y hace suyas las declaraciones del presidente de la ARP, en la tesitura de que el gremio rural y la ciudadanía en general son conscientes de que se busca propiciar el conflicto social, el enfrentamiento del pueblo y la inseguridad en el campo y en la ciudad para construir un proyecto totalitario, al margen de los mecanismos establecidos en la constitución nacional”, indica el manifiesto.

En la parte final del documento señalan que el nivel de responsabilidad en estos hechos sube de grado al ser protagonizados por funcionarios públicos. Instan a los ciudadanos a estar atentos al proceso que se vive en el país, a efectos de participar en el control del respeto y vigencia de la Constitución y de las instituciones de la República.

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